INSTITUCIONAL
24/06/2012 Tiempo Argentino - Nota - Sociedad - Pag. 37 [noticia en diferido]
Desalojo en tierras que pertenecían a un ex ministro de la dictadura militar
ocurrió en el barrio bongiovanni, del partido de moreno. reclaman la tenencia y el crédito social
Más de 200 familias ocupan un terreno cuyo propietario era José María Dagnino Pastore y que ahora es de una persona sindicada como su testaferro. La Policía Bonaerense los corrió de forma violenta, sin orden judicial.
Lucía Álvarez lalvarez@tiempoargentino.com Más de 200 familias del Barrio Bongiovanni del partido de Moreno planean realizar un escrache a José María Dagnino Pastore, ex ministro de Economía de las dos últimas dictaduras militares, por intentar expulsarlos ilegalmente del predio de siete hectáreas que ocupan hace años en esa localidad.
El domingo 10 de junio, sin orden judicial y sin conocimiento del municipio, la Policía Bonaerense produjo un violento desalojo en una de las zonas en litigio, a lo que le siguió, el lunes, la agresión y detención de Carolina Otharán, una militante del Frente de Organizaciones en Lucha que trabaja en la zona.
Sólo por filmar con su celular lo que sucedía, Otharán permaneció demorada e incomunicada en la Comisaría N° 8 de Las Catonas, hasta que, por movilización de los vecinos, fue puesta en libertad.
“Ya van varios aprietes, amenazas, intentos de desalojo. Son tierras rurales improductivas que se ocuparon por la emergencia habitacional, por la necesidad de la gente de un pedazo de tierra para vivir. Pedimos que se reconozca el derecho de estas familias a tener una vivienda digna, antes que se defienda a este funcionario de la dictadura”, subrayó Otharán a Tiempo Argentino.
Según explicaron fuentes municipales, la zona posee distintas situaciones dominiales. Uno de los predios, de 5000 m², es de la municipalidad de Moreno, por lo cual podría regularizarse con la aplicación de la Ley Nº 24.374, a favor de las familias que viven allí.
Las otras dos zonas pertenecen a privados. Hasta el año pasado, José María Dagnino Pastore figuraba como dueño de una de esas parcelas. Sin embargo, en noviembre de 2011, se realizó una nueva escritura y se vendió el predio a Piero Dato, titular de una empresa maderera lindera al barrio. Él y su hijo, Juan José, fueron personalmente a amedrentar a las familias, un hecho que confirmaron los vecinos y fuentes oficiales. En una de esas ocasiones, Piero Dato se presentó como testaferro directo del ex ministro de economía. “Fue un sincericidio. Debe sentirse absolutamente impune”, resumió Otharán.
A finales de 2011, antes de que sucedan estos hechos, Mariano West, recién asumido como intendente, concurrió a la zona junto con el equipo del Instituto de Desarrollo Urbano y Ambiental Regional (IDUAR). Allí se comprometió a impulsar acciones para regularizar la situación, incluyendo las negociaciones con los privados.
A partir de ese momento, se abrió una mesa de diálogo y desde febrero de 2012, un agrimensor relevó el lugar, volcando en un plano la situación de cada vivienda. Desde el municipio, explicaron que el proceso se complicó cuando se produjeron nuevas tomas y, sobre todo, a partir de la reacción de la Bonaerense.
El martes, vecinos y dirigentes de las organizaciones sociales, se movilizaron a la intendencia, donde los recibió el secretario de Gobierno y se ofreció acompañar a Otharán en la denuncia judicial correspondiente y seguir buscando una solución al problema habitacional.
En la actualidad, los vecinos reclaman la tenencia de la tierra y el acceso al crédito social, en línea con el Plan Pro.Cre.Ar., que anunció la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la semana pasada.
Partícipe de los gobiernos de Onganía y Galtieri y acusado de fugar capitales
L.A.
El pasado oscuro de José María Dagnino Pastore no se limita al rol que cumplió como ministro de Economía de las dos últimas dictaduras militares y al hecho de que cobró hasta 2006 una jubilación de privilegio.
En 2008, fue llamado a declarar ante el juez federal Sergio Torres por su responsabilidad durante el corralito de 2001. Como ejecutivo del Banco Sudameris, Pastore estaba acusado de la administración fraudulenta del dinero que les habían confiado sus ahorristas y por incumplir órdenes judiciales de devolución de los depósitos. Según esa investigación, ese y otros once bancos habían girado los fondos a otros países antes de que el ex ministro Domingo Cavallo anunciara las restricciones en diciembre.
A esta acusación se suma otra que pesa sobre su mujer también vinculada a esas jornadas. Sandra Dagnino forma parte de una lista elaborada por la comisión investigadora sobre fuga de capitales del Congreso de la Nación, con los 1500 argentinos de altísimo poder adquisitivo que se llevaron la plata al exterior, muchos de ellos, acusados además de no haber declarado esos montos ante la AFIP.
A pesar de estos antecedentes, José María Dagnino Pastore hoy es integrante de distintas fundaciones e instituciones educativas, desde donde aconseja sobre el destino económico del país.
En la actualidad, se desempeña en la Universidad Católica Argentina (UCA) como consejero consultivo del Programa de Análisis de Coyuntura Económica (PEI) de la Facultad de Ciencias Económicas, de la que fue decano durante 2009 y 2010. Es además miembro y ex presidente de la Fundación Bolsa de Comercio de Buenos Aires y de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, que presidió desde abril de 2007 hasta abril de 2010.
Pero no sólo cuenta con impunidad a nivel nacional. Fuera del país, Pastore es vocal del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), un cargo que comparte con el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcati; y es uno de los tres miembros argentinos del Diálogo Interamericano de Washington DC, junto a Octavio Bordón y Alfonso Prat-Gay.
Sin embargo, en el ámbito público, contó con menos impunidad. En 2006, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se negó a renovar la designación del ex ministro de Economía como profesor en la maestría en Derecho y Economía por carecer de idoneidad moral y ser responsable directo de la estatización de la deuda externa argentina.
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