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Día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas

Las desapariciones forzadas, que en su momento fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes.

La desaparición forzada se ha usado a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos y las ciudadanas. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.
Las desapariciones forzadas, que en su momento fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes.

Señala Naciones Unidas que es motivo de especial preocupación:
→ el acoso de los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada;
→ el uso por los Estados de la lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones;
→ y la todavía generalizada impunidad por la práctica de la desaparición forzada.
Debe prestarse también especial atención a los grupos de personas especialmente vulnerables, como los niños y las personas con discapacidad.
El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General expresó su preocupación, en particular, por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido. Asimismo, la resolución decide declarar el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

SISTEMA DE PROTECCIÓN
→ Corte Interamericana de Derechos Humanos
→ Comisión Interamericana de Derechos Humanos
→ Comité contra las Desapariciones Forzadas
→ Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias
→ Corte Penal Internacional
→ Comité de Derechos Humanos

MARCO NORMATIVO
→ Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas.
→ Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes.
→ Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas
→ Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.  >>
→ Estatuto de Roma
→ Ley 24.321 - Desaparición Forzada de Personas
→ Ley 24.952 - Derogación de las Leyes de "Punto Final" y "Obediencia Debida"
→ Ley 25.779 - Nulidad de las Leyes de "Punto Final" y "Obediencia Debida".

MÓDULO DE CONTENIDOS BÁSICOS DE DERECHOS HUMANOS
Si querés profundizar estos temas sugerimos la siguiente bibliografía del Módulo básico de derechos humanos. >>
En la Unidad sobre “Construcción de la Memoria” podes encontrar material bibliográfico y audiovisual para profundizar el estudio sobre: La justicia transicional: la CONADEP, los juicios, las leyes de punto final y obediencia debida, los indultos. Los reclamos internacionales. Las reparaciones. Los juicios de la verdad. La derogación de las leyes y su inconstitucionalidad. La continuación de los juicios. Los niños desaparecidos: búsqueda, restitución de identidad.

Te sugerimos especialmente:
El trabajo de restitución de niños desaparecidos
En Identidad, despojo y restitución, reeditado en 2007, Matilde Herrera, integrante de las Abuelas de Plaza de Mayo, y Ernesto Tenembaum narran la historia del trabajo de restitución de niños desaparecidos realizado por las Abuelas. El libro, publicado inicialmente en 1990, incluye capítulos dedicados específicamente a los aspectos genético, judicial y psicológico.
→ CONADEP, Informe Nunca Más.
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) fue creada por el Gobierno argentino en 1983 con el objetivo de aclarar e investigar la desaparición forzada de personas producidas durante la dictadura militar en Argentina, dando origen al Informe "Nuca Más", publicado en septiembre de 1984.
Carta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar, escrita el 24 de marzo de 1977 al cumplirse un año del golpe de Estado.  >>

BIBLIOGRAFÍA NUEVA
→ Luz Palmás Zaldua, Verónica Torras, Sol Hourcade, Sebastián Blanchard y Tomás Griffacon, Las políticas de memoria, verdad y justicia a cuarenta años del golpe, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Derechos humanos en la Argentina: Informe 2016 // Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).- 1ª ed.- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2016, pp. 25/56. 
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Las políticas de memoria, verdad y justicia pueden ser leídas a partir de la lucha contra la impunidad y los logros del movimiento de derechos humanos a cuarenta años del golpe de Estado que, con diferentes estrategias, fue fundamental en el sostenimiento de las exigencias al Estado argentino para que investigara y sancionara a los responsables y en mantener vivo de un modo efectivo en el campo simbólico el reclamo por justicia.
Desde la reapertura de las causas por crímenes de lesa humanidad que se inició en 2001 y se completó en 2005, el Poder Judicial enfrentó desafíos extraordinarios, tanto por la gran cantidad de víctimas –miles de detenidos-desaparecidos y asesinados, miles de torturados sobrevivientes de centros clandestinos– y victimarios –cerca de tres mil identificados, miles sin identificar–, como por el tipo de delitos: secuestros, torturas, violaciones, homicidios, desaparición de personas, cometidos en forma premeditada, sistemática y clandestina. En los últimos años se amplió la indagación y el esclarecimiento de las responsabilidades de diferentes actores civiles en los delitos de lesa humanidad. Del avance de estas causas depende la posibilidad de establecer en sede judicial la verdad sobre los vínculos entre el gobierno de facto y sectores del poder económico, eclesiástico y judicial.
Nos encontramos en un momento de inflexión: por el tiempo transcurrido desde los hechos; por la edad avanzada de los sobrevivientes, de los familiares de las víctimas y de los imputados; y por la trascendencia que tiene este proceso para la consolidación del Estado de derecho. Los esfuerzos deben orientarse a sostener procesos judiciales eficaces que concluyan en sentencias definitivas. El 40º aniversario del golpe militar nos coloca frente al desafío de sostener y completar este proceso.

→ Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Situación de los derechos humanos en México, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44/15 31 diciembre 2015.  >>
El presente informe aborda la situación de los derechos humanos en los Estados Unidos Mexicanos (México), con particular énfasis en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de inseguridad ciudadana, el acceso a la justicia e impunidad, y la situación de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en el país. Asimismo ofrece recomendaciones con el objetivo de asistir al Estado mexicano en el fortalecimiento de sus esfuerzos por proteger y garantizar los derechos humanos en el país.
México atraviesa una grave crisis de violencia y de seguridad desde hace varios años. Durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón y el inicio en el 2006 de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, las graves situaciones de violencia aumentaron hasta alcanzar niveles alarmantes, incluyendo la consecuente pérdida de más de cien mil personas, miles de desapariciones y un contexto que ha provocado el desplazamiento de miles de personas en el país. Como respuesta al incremento de la violencia, las autoridades han optado por aumentar el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, incluyendo una política de confrontación contra el crimen organizado y el despliegue de operativos conjuntos entre las fuerzas armadas y las instituciones de seguridad estatales y municipales. Esta situación ha desatado aún mayor violencia así como violaciones graves a los derechos humanos en la que se observa una falta de rendición de cuentas conforme a los estándares internacionales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH o Comisión) valora las medidas que el Estado ha tomado para hacer frente la situación presentada en el informe. En particular reconoce las importantes reformas en materia constitucional y legislativa que se han introducido en México a partir de 2011, incluyendo la reforma constitucional y los protocolos recientemente aprobados para la investigación de casos de tortura y desaparición forzada así como otras iniciativas señaladas en el informe. Sin perjuicio de estos avances, la respuesta estatal enfrenta deficiencias, insuficiencias y obstáculos en su implementación. La CIDH constató una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial, y la realidad cotidiana que viven millones de personas en el país, en su acceso a la justicia, prevención del delito, y otras iniciativas gubernamentales. Una y otra vez, en todo el país, la CIDH escuchó de las víctimas que la procuración de justicia es una “simulación”.

→ Rodrigo Uprimny Yepes, Luz María Sánchez Duque, Nelson Camilo Sánchez León, Selectividad y penas alternativas en transiciones de la guerra a la paz: una lectura a partir del derecho internacional, Justicia para la paz. Crímenes atroces, derecho a la justicia y paz negociada. Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, 2014, pp.28/89.  >>
El presente capítulo expone el marco jurídico inter - nacional relevante sobre el deber de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones de los derechos humanos, y de los avances, las discusiones y las dudas que persisten en torno a su contenido y alcance. Para tal efecto, en la primera parte se exponen las consideraciones sobre el fundamento del deber estatal de investigar, juzgar y sancionar, así como sobre su alcance y contenido. Pese a que en el contexto internacional existen diversas tesis en relación con estas cuestiones, y no hay un consenso pleno en la materia, se argumenta que, para el caso del Estado colombiano, el deber se extiende a todas las graves violaciones de los derechos humanos e implica la realización de juicios penales y la imposición efectiva de las penas más graves posibles de conformidad con el orden jurídico interno. Sin embargo, lo anterior no excluye la posibilidad de que en contextos de justicia transicional, en los que dicho deber en - tra en disputa con el de alcanzar la paz e incluso con el deber de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad y a la reparación, el Estado pueda legítimamente conceder amnistías parciales, indultos y otros beneficios penales, siempre y cuan - do se satisfagan ciertas condiciones. Este argumento se desarrolla en la segunda parte del capítulo, en la cual se aborda el tema del alcance particular de este deber en transiciones de la guerra a la paz. Para tal efecto, en primer lugar se presentan los claroscuros que aún persisten en el derecho internacional sobre la admisibilidad de la concesión de beneficios punitivos y del uso de criterios de selección en la persecución penal que implican la concesión de amnistías parciales y condicionadas. En vista del carácter no concluyente del debate, en la segunda sección se expone un argumento a favor de tal admisibilidad, a partir de la caracterización del deber de investigar y sancionar como un principio que, por tanto, admite ponderación con otros deberes en juego. De acuerdo con este argumento se concluye que, según el marco internacional, está prohibida la concesión de amnistías generales e incondicionadas, pero que una fórmula general como la prevista en el Marco para la Paz, que admite el uso de criterios de selección y la aplicación de penas alternativas, es compatible con los estándares internacionales. En todo caso, quedaría aún por definir qué tipo de política de selección y aplicación de penas alternativas podría resultar más ajustada al marco internacional, teniendo en cuenta las particularidades del caso colombiano, asunto del cual nos ocuparemos en el segundo capítulo.

→ Roberto Gargarella, La Democracia frente a los crímenes masivos: Una Reflexión a la luz del caso Gelman, Revista Latinoamericana de Derecho Internacional, Número 2 | El 29/05/2015.  >>
Este artículo toma como punto de partida la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman vs. Uruguay para reflexionar sobre los vínculos entre democracia y crímenes masivos. A partir de esta sentencia, Gargarella discute la relación entre democracia y derechos, y analiza las tensiones que pueden surgir entre decisiones tomadas por una comunidad democrática y otras adoptadas por tribunales internacionales. El caso Gelman ilustra este posible conflicto de un modo particularmente claro, en tanto involucra un plebiscito celebrado libremente cuya decisión inevitablemente afectó derechos humanos fundamentales.

MATERIAL AUDIOVISUAL NUEVO
En la calle, la historia- Juicio a Luciano Benjamín Menéndez – Canal Encuentro.  >>
El 24 de julio de 2008, en los tribunales de la ciudad de Córdoba, se leyó la sentencia a Luciano Benjamín Menéndez y otros siete implicados en el asesinato y la desaparición de personas durante la última dictadura militar. El fallo fue el primero en el que la justicia argentina le impuso, a un jefe de ejército sentenciado por delitos de lesa humanidad, cumplir su condena en una cárcel común. Duración: 3 minutos

Ayotzinapa – Historias debidas. Latinoamérica- Canal Encuentro  >>
El 26 de septiembre de 2014, cuarenta y tres estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa de México fueron atacados por la policía municipal y, desde entonces, permanecen desaparecidos. Todos ellos son hijos de campesinos indígenas y alumnos de una escuela que es portadora de las banderas de reforma agraria y de la educación laica y gratuita que alguna vez levantó la Revolución mexicana. Un documental que acompaña el reclamo de justicia de las víctimas, describe las tramas de la violencia institucionalizada y profundiza en las formas de organización y resistencia de la sociedad civil mexicana.