Introducción
El problema de los accidentes de tránsito es uno de esos graves temas pendientes con los que se enfrenta nuestro país en el ámbito social.
La magnitud del mismo puede inferirse a través de lo que muestran las estadísticas al respecto. Se trata de vidas humanas -hombres, mujeres, niños- a quienes se les derrumbaron sus ilusiones y las de sus familias a causa de un accidente de tránsito.
Las estadísticas en accidentes de tránsito muestran que nuestro país se ubica dentro de los primeros en el mundo en lo que se refiere a cantidad de muertes. El problema se agrava si consideramos que dichas cifras van en aumento. Se estima que los accidentes de tránsito constituyen la primera causa de muerte en personas menores de 35 años.
Lamentablemente, no se toma conciencia del problema ni de la dimensión del mismo. Ello puede notarse si observamos la conducta de otros países frente a situaciones similares. En otros países, con menor cantidad de muertes frente a un solo hecho catastrófico, la difusión es fuertemente superior a la que se observa en nuestro país.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que el número de víctimas por accidentes de transito aumentará en promedio un 48% en los países de de América Latina y el Caribe para el año 2020., advirtiendo al respecto que deben tomarse medidas de prevención.
Jurídicamente, se podría decir que mientras no haya un registro nacional que permita sancionar a quienes cometan estos delitos quitándoles en forma definitiva el derecho a conducir, la siniestralidad manifestada continuará en aumento. Al respecto, sin dejar de lado que el control debe ser ejercido por las autoridades, las compañías aseguradoras podrían contribuir a lograrlo de modo eficaz.
Las compañías aseguradoras cuentan con un registro de accidentes en la medida en que deben indemnizar los siniestros producidos a raíz de los accidentes de tránsitos. De este modo, se encontrarían en condiciones de aunar la información y construir una base de datos a partir de la cual se pueda penalizar a aquellos conductores que presenten mayor siniestralidad. Así se penalizaría en función de la frecuencia con la que se producen los siniestros o, la magnitud de los mismos, pudiéndose en el caso extremo, no otorgárseles un seguro a su nombre.
Una vez creada la conciencia de la necesidad del seguro debe también crearse conciencia en la necesidad de mantenerlo. En la medida en que se cumplan las normas de tránsito, el número de siniestros disminuiría, con lo cual, la tasa de prima aplicada podría disminuir. Se aplicaría uno de los principios expuestos en tarificación: "Encaminar el control de siniestros". Este principio establece que debe premiarse a quien cumple con determinadas disposiciones y penalizar a quienes no las cumplen. En nuestro caso, premiaríamos a aquellos que no hayan tenido accidente alguno y podría aplicarse una escala penalizadora que se plasmaría en un incremento de tarifas progresivo a medida que aumenta dicha siniestralidad a aquellos que cometen ese tipo de accidentes siendo el máximo la no posibilidad de obtener un seguro.
De este modo, los mismos asegurados verían el modo de lograr un mejor precio y, automáticamente, se verían obligados a cumplir con las normas de tránsito.
Al respecto, no sólo debe tenerse en cuenta la conducta del individuo en cuanto a su forma de conducir sino también, el estado del vehículo que conduce. En este punto, cada individuo debería someterse a una verificación vehicular periódica, que permitiría sacar del parque automotor a vehículos que por sus deficiencias no pueden circular sin constituir un enorme peligro público.
La Ley Nacional de Tránsito estableció un Seguro Obligatorio, tendiente a que ningún vehículo circule sin protección -es decir, sin ningún tipo de cobertura-. Cuando se puso en vigencia esa ley, las estadísticas mostraban que un 45% de los vehículos circulantes carecía de cobertura alguna. Nuevamente, al no existir control al respecto, el objetivo no se ha logrado y, en consecuencia, los accidentes de tránsito no han disminuido.
En términos legales, se podría manifestar que la Justicia civil considera inaplicables las exclusiones de cobertura que figuran en las pólizas de seguros, con lo cual se obliga al pago de indemnizaciones aun cuando el asegurado no cumpla con las normas de tránsito -tener una graduación alcohólica que le impide a la persona conducir y, en consecuencia, constituye una exclusión-.
En resumen, es necesario crear conciencia del beneficio de cumplir con las normas y de las consecuencias que implica su violación.

El Seguro de Responsabilidad Civil
La siniestralidad derivada de los accidentes de tránsito obviamente repercute en los resultados técnicos de las compañías aseguradoras.
Al respecto, podríamos señalar que la Organización Mundial de la Salud también ha estimado que el gasto resultante de choques y lesiones en el tránsito representa el 1,5 % del Producto Bruto de los países con ingresos medios como Argentina.
Según las estadísticas, los vehículos asegurados -expuestos a riesgo- han aumentado en un 15% a partir de la crisis de 2001.
La prima a valores constantes ha disminuido. La prima promedio por vehículo asegurado ha descendido en el orden del 45% a partir del mismo año.
Dicha pérdida por siniestralidad no llega a compensarse con los posibles resultados financieros positivos, siendo en consecuencia los resultados técnicos negativos.
Los accidentes de tránsito han aumentado en frecuencia e intensidad pero las compañías aseguradoras han disminuido las tarifas. En conclusión, no sólo no se cumplen los principios de tarificación sino que, además, se produce una pérdida técnica constante y persistente, que es consecuencia de lo antes mencionado.
La cobertura de Responsabilidad Civil es la más perjudicada en la medida en que se ve afectada por los accidentes de tránsito.

Costo del seguro
De acuerdo con lo previamente manifestado, deben tenerse presente los objetivos básicos de la tarificación para la determinación de este costo.
El total recaudado en concepto de primas debe alcanzar para cubrir los siniestros esperados y los gastos. La forma de lograrlo consiste, en primer lugar en recabar información acerca de los siniestros incurridos. La misma puede ser obtenida en función de la experiencia propia de la compañía que calculará las tarifas. de la correspondiente a otras entidades que comercialicen el producto o a partir de una combinación de ambas, otorgando la credibilidad correspondiente a cada una de ellas Una vez logrado este objetivo debe analizarse la misma con el fin de llegar a la estimación última de los siniestros. Ello se logra teniendo en cuenta tres factores esenciales: la posible denuncia de siniestros con posterioridad a la fecha del accidente -contemplado en el cálculo de los denominados factores de desarrollo de la reserva de siniestros incurridos pero no reportados-, la tendencia de los siniestros en cuanto a frecuencia siniestral y la tendencia de los mismos en cuanto a intensidad -debe tenerse presente que la intensidad promedio de un siniestro puede variar no sólo por la gravedad del accidente sino por la inflación-.
En cuanto a la intensidad promedio en los seguros de responsabilidad civil, la suma reclamada depende del "valor vida". Se entiende por valor vida al capital necesario, a la fecha del accidente, que permita a los derechohabientes del fallecido en el accidente o, al accidentado, si se tratare sólo de una incapacidad, obtener una renta mensual de por vida equivalente a la que éste percibía de no haberse producido el accidente, si dicho capital fuera invertido financieramente a una tasa compatible con colocaciones de largo plazo. Es decir, en el cálculo del valor vida inciden varios factores, entre los más relevantes, el salario que se percibía a la fecha del accidente y la cantidad de años que, en promedio, se espera vaya a percibir la renta. De lo expuesto se desprende que esta cantidad de años depende de la edad del accidentado, y que la misma aumentará cuanto más joven sea el accidentado. Es en consecuencia, este capital el que va aumentando en la medida en que las estadísticas demuestran que la edad promedio de accidente va disminuyendo. En conclusión, aumenta la intensidad promedio, entendiéndose por tal la suma que debe abonarse, en promedio, por cada siniestro.
De lo expuesto, se deduce entonces que el costo del seguro de responsabilidad civil se encuentra en aumento por dos causas:
•  La frecuencia siniestral que se ve afectada por el aumento progresivo de los accidentes de tránsito
•  La intensidad promedio, afectada por el hecho de que los siniestros involucran a personas cada vez más jóvenes, aumentando en consecuencia el valor vida reclamado.
Una vez, entonces, que se tome conciencia de la necesidad del seguro, es fundamental que las compañías impulsen mecanismos para premiar a aquellos asegurados que menor cantidad de accidentes tienen, creando de este modo conciencia en los mismos de la necesidad de mantenerlo. Para lograr tal objetivo, son los propios asegurados quienes han de implementar medidas correctivas tendientes a la mejora de su conducta automovilística a fin de abaratar dicho costo.
De este modo, se podría llegar a disminuir la cantidad de accidentes de tránsito a través de un control eficiente de las compañías aseguradoras.