El 2007 ha comenzado con los medios de comunicación focalizando una vez más las trágicas consecuencias del comportamiento ciudadano en el tránsito automotor.
Tengo conciencia de que desde hace al menos dos décadas, cíclicamente aparece en la agenda pública el problema del tránsito y su secuela de muertos y heridos, y en cada reaparición del problema también se nos ha informado que el tránsito será ampliamente reordenado, que se aplicará todo el rigor de la ley ante las infracciones, que será obligatorio esto, que estará prohibido aquello. Un poco de espuma unos días y después nuevamente el rutinario espectáculo de trasgresión y muerte. Llevamos así muchos años señalando el problema pero sin avanzar en su solución.
La magnitud que ha alcanzado el comportamiento transgresor en el tránsito es simplemente inadmisible y se expresa en múltiples formas que acaban con frecuencia en el homicidio (y el suicidio): semáforos en rojo son violados en gran escala, unidades de transporte colectivo se desplazan a velocidades por demás peligrosas, no se utilizan señales para advertir sobre maniobras vehiculares, no se respetan los carriles de circulación, existe tránsito nocturno de vehículos deficientemente iluminados, abundan las maniobras imprudentes en calles, rutas y autopistas, existe baja utilización de cinturones de seguridad, etc.
Es hora de preguntarnos qué sucede con nosotros en la calle: ¿simplemente imprudencia? Debemos intentar entender primero cuáles son las razones que explican nuestra tragedia a la que nos hemos acostumbrado como parte del paisaje pero que horroriza a cualquier persona que se detenga un minuto a reflexionar sobre el tema.
La incompetencia o la desidia de quienes vigilan el cumplimiento de la reglas de tránsito y la incapacidad de la justicia para sancionar severamente a los transgresores es uno de los elementos explicativos fundamentales de la jungla en la que se han convertido nuestras calles y rutas.
Ahora bien, la masividad de las transgresiones no puede ser comprendida sólo a través de la debilidad de aquellas instituciones, sino también por claves que proporciona la propia sociedad civil argentina.
La baja valoración de la ley es un punto central. Lo legal es frecuentemente interpretado como expresión compulsiva de voluntades hostiles a la propia; de esta forma se allana el camino para que la transgresión y el delito no sean reconocidos como tales y aún justificados o rotulados de "avivada". Seguramente algunas de nuestras leyes adolecen de serias deficiencias, pero cuando se borran las fronteras entre "avivada" y delito, una sociedad se encuentra en serios aprietos. La desvalorización de la norma acaba sirviendo de fundamento para una especie de "todo vale" en la conducta social y el tránsito es sólo una de las expresiones de ésta. El ejemplo poco edificante de liderazgos sociales y políticos en relación al cumplimiento de normas legales y éticas que el país ha experimentado en varios períodos no es una causa menor en la explicación de la aversión que sectores amplios de la población expresa hacia el cumplimiento de las reglas de cualquier tipo.
Un segundo elemento explicativo es el ampliamente difundido comportamiento incivilizado respecto a lo público que además del tránsito se expresa, por ejemplo, en calles sembradas de excrementos de mascotas o parques y plazas plagadas de basura. No se trata de falta de educación si por esto se entiende escolaridad ya que sucede en alta medida aún en barrios en los que se supone un elevado nivel de escolaridad. Se trata de incivilidad, de falta de respeto por el otro, de considerar lo público como lo ajeno y no como lo común.
A partir de este diagnóstico dos caminos deben ser recorridos para erradicar este virtual genocidio mecanizado que se produce en nuestras calles.
En primer lugar un sistema de fiscalización que detecte inmediatamente la trasgresión y un sistema de faltas que sancione severísimamente a quienes las violan. Sin duda esto es esencial, pero si bien las conductas transgresoras o simplemente delictivas pueden ser combatidas fortaleciendo las instituciones de fiscalización y de administración de justicia, no se trata de un simple "mano dura" frecuentemente auspiciado por variantes autoritarias. El Estado fuerte no elimina la trasgresión si no existe una sociedad proclive a respetar reglas de juego.
Por esta razón es también imprescindible realizar un proceso masivo y prolongado de educación para la civilidad. Alcanzar una situación de civilidad implica otorgar a la ley y al respeto por el otro un lugar central y ello demandará un profundo esfuerzo de índole cultural y político. Cultural, en la medida que debe operar sobre valores y actitudes implicando al sistema educativo y a los medios de comunicación. Político, porque exige tanto la ejemplaridad de los dirigentes como el fortalecimiento de las instituciones fiscalizadoras y judiciales.
En definitiva se trata de fortalecimiento estatal con cambio cultural; ejemplaridad con acción educativa. ¡Basta ya de dolorosamente absurdas muertes de tránsito!
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