Diciembre 2003

veinte años de democracia

Se hace camino al andar

Al asumir el gobierno de la Nación Raúl Alfonsín hace veinte años, el consenso general era que se vivía un punto de quiebre y un nuevo comienzo, una ruptura con la “última” dictadura militar pero también con el largo período de inestabilidad, crisis cíclicas y decadencia institucional que se prolongaba por décadas e impedía el enraizamiento de la democracia en el país. También era general el sentimiento de confianza en que la democracia resolvería per se los graves problemas políticos, económicos, sociales e institucionales del país.
Hoy, veinte años y varias crisis después –sublevaciones militares, hiperinflación de 1989, asunción anticipada de Carlos Menem, el desguace económico estatal e industrial y el trasvasamiento de riqueza hacia el 20% más favorecido de la población, el avance de la corrupción, el fracaso del gobierno de la Alianza, la terrible exclusión social que padecen muchos argentinos, el constante crecimiento de la deuda externa y las protestas de fines de 2001, entre las más importantes–, los problemas del país siguen presentes.
En este sentido, la crisis económica y política de finales de 2001, a pesar de su profundidad, marca un punto de inflexión: la ciudadanía reclamaba mayoritariamente un cambio de calidad en la democracia y no un retroceso a salidas autoritarias o mesiánicas, y la situación pudo ser resuelta, no sin sobresaltos, dentro del marco constitucional.
Porque algo está claro: los graves problemas que nos aquejan sólo podrán ser abordados y solucionados en el marco de la democracia, consolidando una cultura republicana y profundizando los mecanismos que la tornan posible, haciendo –como dijo el poeta– camino al andar.
La Universidad de Buenos Aires, que sólo puede llevar a cabo plenamente su trabajo de formación de los jóvenes en un ambiente de plena vigencia de la libre discusión de las ideas, se suma, mediante el análisis de estos veinte años y del momento actual en diversas áreas –realizado por destacados profesores e investigadores–, a la celebración de estas dos décadas de vida democrática en nuestro país.


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  La resistencia del sistema político

El círculo vicioso de la crisis

Influidos por la crisis de diciembre de 2001, muchos analistas insisten en que estos veinte años de democracia son un ciclo completo, terminado junto con la caída del gobierno de la Alianza. Este discutible “efecto de época” sugiere que a partir de la catástrofe se inicia un tiempo de refundación que ha dejado atrás los malos tiempos. Algo parecido ocurría en 1983 cuando el derrumbe de la dictadura dejó a los demócratas las manos libres para innovar y recuperar el rumbo que el país había perdido. El fuerte consenso político de la redemocratización se centró por primera vez en valores liberal-republicanos. Sin embargo, más que sustrato común la cultura pluralista fue terreno e instrumento de descarnadas luchas intra e inter partidarias. Si alguna conclusión es posible sacar de estos 20 años a la luz de su reciente colapso, es que sigue vigente la necesidad de resolver los problemas del país dentro del marco de la democracia.


Marcos Novaro
Licenciado en Sociología y doctor en Filosofía (UBA). Actualmente es profesor de Teoría Política Contemporánea en la misma universidad, investigador del Conicet y profesor de posgrado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

¿Existe algo así como un ciclo histórico, contenido de comienzo a fin en estos veinte años de vida democrática transcurridos desde 1983? Una opinión muy difundida en estos días contesta afirmativamente a esta pregunta localizando la unidad e identidad de esta “época” en la concatenación de crisis que ha atravesado la democracia argentina desde su reinstauración hasta la debacle política y económica de fines de 2001. Los años de democracia transcurridos se podrían pensar como unidad de un ciclo, según esta perspectiva, esencialmente por la recurrencia de un conjunto de problemas irresueltos. Dicho más crudamente, este ciclo democrático se caracterizaría, más que por el sentido de sus innovaciones, por su “patrón de frustración”, por la acumulación de promesas incumplidas en casi todos los terrenos.
Es discutible que esta forma de ver las cosas sea respetuosa y comprensiva de las complejidades y de los muchos avances y enseñanzas que una mirada menos implacable podría encontrar en las experiencias de estos años, pero sin duda nos habla sobre un aspecto de la “época” y un rasgo de nuestra situación actual que es preciso aprehender. Concretamente, lo que esta difundida opinión postula es que la “época” debe ser pensada a partir de la profunda y multifacética crisis que, en diciembre de 2001, le habría dado fin para inaugurar un nuevo tiempo.
Es muy discutible también que diciembre de 2001 represente una ruptura tan radical como la que esa opinión supone, pero es indiscutible que la crisis impactó de forma brutal en los modos de interpretar la vida política, construir un relato del pasado y una idea del presente y del porvenir; reforzando la convicción, más aparente que real, pero igualmente efectiva, de que la mentada época ha quedado atrás y que hoy pensamos desde fuera de sus límites. No es de asombrarse que esta convicción sea abrazada con particular entusiasmo por quienes ven en la crisis una oportunidad para el cambio y abogan por un proyecto “contrahegemónico”, capaz de cuestionar el relato histórico que hasta ahora la democracia ha ofrecido del pasado argentino y de sí misma. Ellos han puesto un particular empeño en cambiar los hitos de referencia temporal con que se concibe el pasado reciente, y los resultados están a la vista en el debate público.
El año 1983 había sido considerado, por los protagonistas de esa hora y por sus sucesores, como un punto de quiebre y un nuevo comienzo, en ruptura con la “última” dictadura militar pero también con el largo período de inestabilidad, crisis cíclicas y decadencia institucional que se prolongara por décadas e impidiera el enraizamiento de la democracia en el país. Los gobiernos iniciados en 1989 y en 1999, si bien alterando prioridades y acentos, se habían hecho cargo de este relato. Pero ese acuerdo pareció resquebrajarse a fines de 2001, cuando cobraron fuerza perspectivas y argumentos que ven en los años de democracia transcurridos desde 1983 esencialmente una prolongación de la larga decadencia argentina.
¿Son estos discursos realmente novedosos e innovadores? ¿Echan nueva luz sobre cuestiones hasta ahora no atendidas? ¿Amplían los horizontes de la democracia? Lo cierto es que algunos de ellos no habían carecido de defensores en los años previos, aunque recién ahora hallan audiencias atentas. Por otro lado, aunque el clima reinante tras la crisis es favorable a la idea de que sólo relatos “contrahegemónicos” traen importantes novedades, a un examen más detenido le es posible advertir que la denuncia de las ideas y los ideales de 1983 suele plantearse desde posiciones que se fundamentan íntimamente en el “consenso de 1983”.
Un caso demostrativo en este sentido es el de lo que se dio en llamar “setentismo”. Sus componentes basistas, nacionalistas, antiimperialistas, exaltadamente populistas y antiliberales tiñeron fuertemente el discurso público en los meses posteriores al estallido de 2001, y si bien moderados, siguieron haciéndolo en el nuevo ciclo político abierto por las elecciones de abril de 2003. En términos de relato histórico, la fecha que significa un quiebre para esta concepción setentista no es la de 1983 sino la de 1976, y en un sentido muy diferente al asumido por los demócratas hasta entonces. Si la democracia no ha sido capaz de establecer un antes y un después, inaugurando un tiempo en que pudieran fructificar sus promesas, ha sido según esta concepción por la defección de los gobiernos frente a los poderes que en el terreno económico, militar, internacional y cultural le impusieron un tono de continuidad con las políticas implementadas desde aquel golpe militar, a través de las cuales la última dictadura había intentado disciplinar a la sociedad y suprimir sus componentes populistas y auténticamente “democráticos”. 2001 se presenta como la oportunidad para lograr lo que los demócratas desde 1983 no pudieron o no quisieron: regenerar las condiciones sociales, económicas y culturales para que la democracia no sea “puramente formal”. Desde la perspectiva del setentismo se abre, entonces, una “nueva transición” que puede corregir los defectos y limitaciones de la del ’83.
El supuesto es que es posible “reiniciar” la vida institucional, empezar otra vez y desde cero, para dejar atrás las frustraciones. Pero esas fueron precisamente las premisas con que se estructuró el consenso del ’83. Pese a su pretendido carácter “contrahegemónico”, los discursos que aspiran a hacer de la crisis una oportunidad para romper con la herencia recibida de los veinte años de democracia le rinden un velado homenaje a ese consenso inicial, reflejo de una deuda a la vez demasiado alta y demasiado ambigua con sus ideales y promesas reparadoras. Quienes se apresuran a tirar por la borda el “lastre heredado” de la transición de los ochenta no ofrecen un argumento auténticamente alternativo, no superan los marcos de pensamiento heredados, apenas nos plantean un nuevo camino para reflotar (redefiniendo) el consenso forjado entonces, reeditar la clásica (y largamente cultivada en Argentina) “composición refundacional”: hilvanando en clave populista expectativas irrealistas de reparación y llamados al regeneracionismo institucional y social.
El verdadero desafío intelectual no es, entonces, tirar por la borda el ’83, creyendo que así estaremos en mejores condiciones de superarlo, porque de ese modo nos condenamos a repetir sus errores; se trata de discutirlo y tratar de entenderlo. La distancia de estos veinte años puede sernos útil para ello.

Auge y decadencia del consenso del ’83, entre el populismo y el republicanismo

La transición democrática argentina, considerada en el marco de los procesos de democratización de la región en los años ochenta, se presenta como un caso peculiar, en tanto ella fue al mismo tiempo “altamente incondicionada”, en el sentido de que no mediaron pactos ni restricciones significativas impuestas por el régimen autoritario saliente a los actores democráticos, y “fuertemente condicionada” en términos negativos: los legados por ellos recibidos del régimen militar fueron sin duda los más destructivos de los que tocaron en suerte a las nuevas democracias latinoamericanas. Fue el propio colapso del régimen que resultó del abismal fracaso económico, el aislamiento internacional por las violaciones a los derechos humanos y, en última instancia, la derrota en la guerra de Malvinas, lo que explica que la democracia argentina encontrara pocos o ningún obstáculo explícito para intentar una ruptura radical con el poder militar y con las reglas de juego y orientaciones políticas a las que se lo asociaba; ruptura tanto más radical vista a la luz de los escasísimos recursos y enormes dificultades que tenían delante los actores democráticos.
Esta paradójica circunstancia dio lugar, desde el comienzo mismo de la transición y por largo tiempo, a una disonancia aguda entre expectativas y posibilidades. Que fue además cultivada con esmero, reproducida en variantes y con orientaciones muy diversas pero siempre con una cuota importante de voluntarismo, por los actores de la democracia. La presión de demandas de cambio desde la opinión pública y desde una multitud de grupos y sectores que, con toda razón, se consideraban víctimas de la dictadura y esperaban algún tipo de reparación, encontró receptores atentos y voceros entusiastas en las dirigencias políticas, sectoriales, y entre los formadores de la propia opinión. La dirigencia política mostraría en ocasiones una marcada tendencia a la sobreestimación de sus márgenes de libertad para emprender cambios y eludir costos, muy funcional a la dinámica de la representación definida por aquellas demandas. Y todo ello compondría un escenario de competencia en el que las posturas más moderadas y prudentes correrían, por regla general, con todas las de perder.
No se trató, al menos no exclusivamente, de un problema de diagnóstico. Muchos de quienes adoptaban la visión más catastrófica de la herencia recibida encontraron en el factum de la democratización un motivo más que suficiente para confiar en la capacidad regenerativa de la sociedad, la economía y las instituciones, aun contra toda evidencia práctica.
La popularidad alcanzada por este injustificado optimismo se explica, en parte, por una torsión de la memoria histórica, conveniente para “resolver” la experiencia dictatorial: la atribución de los trágicos saldos del Proceso a la perversidad de un reducido círculo de actores civiles y militares absolvía al grueso de la sociedad de sus todavía frescas (y ahora inconfesables) simpatías y complicidades con sus aberraciones.
Para sostener esta torsión de la memoria fueron muy útiles las tradiciones populistas en que se afirmaban las identidades partidarias y que permitían conectar la presente experiencia democrática con las “históricas luchas” de los partidos y del pueblo que ellos aspiraban a representar. A la luz de esas tradiciones, se llegó a imaginar que las “tareas de la democracia” encontrarían al pueblo “naturalmente unido” frente a la adversidad, permitiéndole contrapesar las desfavorables circunstancias del momento con sus inagotables energías regeneradoras. En este sentido, el problema consistía en que las fuerzas e identidades políticas renacían tras la caída de la dictadura demasiado parecidas a sí mismas, en una Argentina que tanto había cambiado.
En aquella disonancia y en esta fe regeneracionista se enraizaron las expectativas de que la democracia daría origen a una nueva economía, un nuevo pacto social, y a nuevas instituciones, que debían tener algo o mucho, según las apuestas y las opiniones, de restauración de las supuestamente virtuosas economía, sociedad e instituciones extraviadas por la dictadura. Expectativas todas ellas que, tanto en términos de innovación como de restauración, suponían exigir demasiado del nuevo régimen y predisponían a valorar bien poco lo que él efectivamente ofrecía.
De allí a la doble frustración de las expectativas y de la fe en la utilidad de los mecanismos institucionales para satisfacerlas no hubo más que un paso. Pero lo que llama la atención no es que estas inevitables frustraciones se produjeran, sino el hecho de que no dieran lugar a la desactivación de la disonancia y la fe, sino en todo caso a su desplazamiento, tanto en términos temáticos (del regeneracionismo institucional al económico y de éste nuevamente al institucional), como de protagonistas. Es destacable en este sentido que, más allá de su esfuerzo por diferenciarse y “superar” al alfonsinismo, tanto la renovación como el menemismo, e incluso el aliancismo de fines de los noventa recogerían y reelaborarían sus “ideales democráticos”. De modo que, más que un aprendizaje a través del ensayo y el error, lo que encontraremos es una reiteración de apuestas temerarias fundadas en la confianza acorazada contra toda evidencia en una supuesta “inevitabilidad del éxito”.
El tipo de competencia que se planteó entre los actores partidarios en estos años también se alimentó de la aludida disonancia y a su vez la potenció: entre esos actores y en distintos momentos hallamos una marcada convergencia en el diagnóstico, un disimulado acuerdo sobre las metas, y una competencia centrada por lo tanto en torno de las políticas, los instrumentos y, sobre todo, en torno de quién podía llevarlas adelante y quién embolsaría los réditos que se esperaba derivarían de su aplicación. Este tipo de competencia es, como se sabe, muy poco estimulante de la colaboración entre partidos, contra lo que podría esperarse de la simple consideración de la comunión de objetivos, y favorece en cambio la inflación de expectativas.
Lo esencial, en suma, de la peculiar disonancia entre expectativas y posibilidades, que explica en gran medida su eficacia a lo largo del tiempo y su impermeabilidad a las evidencias de sus efectos problemáticos que, desde muy poco después de iniciada la transición, ofrecieron las sucesivas crisis políticas y económicas, es su naturaleza eminentemente ideológica: ella se cristalizó en un sentido común que, más allá de su carácter ilusorio, o más precisamente gracias a él, tuvo la capacidad de mover a actuar y de articularse a una gran variedad de creencias en circunstancias y frente a problemas muy diversos. El carácter (aparentemente) incondicionado de la transición había dejado a los demócratas las manos libres para innovar, romper con el pasado e inaugurar un nuevo tiempo, y en la medida en que encontraran oportunidades para hacerlo lo intentarían. Ello también los habilitó para (libremente) intentar recuperar aquello que la dictadura había extraviado; de allí el sentido “reparador” de las tareas que la democracia concebiría para sí, y la evocación de imágenes que supeditaban la modernización a la restauración de un pasado tenido por dichoso.
Así, el sentido común resultante, compuesto de la recurrente propensión a creer en la inevitabilidad del éxito a la vuelta de la esquina, a competir sin cooperar, y a confiar en una virtud societal básica que debía ser canalizada en apuestas regenerativas y hegemónicas, pudo alimentarse de una variedad de fuentes convergentes, involucrando mucho más que la marca de origen de una transición aparentemente incondicionada.)
También hay que decir que junto a la persistencia de rasgos populistas, exclusivistas o poco colaborativos, la democratización supuso novedades muy profundas en términos de cultura política. Ellas pueden resumirse en dos componentes decisivos del “consenso del ’83”, el pluralismo y el republicanismo. Si ellos, por un lado, dieron también aliento a las expectativas regeneracionistas, por otro permitirían procesar, de modo institucional, moderando el conflicto, las frustraciones que se acumularon. Si comparamos el consenso del ’83 con el del ’73 podemos decir que aquél tenía poco que envidiarle a éste en términos de las expectativas de regeneración que el juego democrático iba a permitir. Antes bien, fue mucho más decisivo el juego democrático en esta transición que en aquélla, en la que había ocupado un lugar secundario respecto de otras transformaciones consideradas inminentes. Lo que le confería ahora al mismo juego un poder regenerativo, en la conciencia de los ciudadanos y de las elites políticas, era precisamente el valor en sí que adquiría por obra del afán de gobierno de la ley, tolerancia a las diferencias y respeto de los procedimientos institucionales que pareció extenderse como nuevo credo civil. Todo aquello que había sido considerado “formal” diez años antes, y descalificado o desvalorizado por corresponder a una superada y estéril cultura liberal y partidocrática.
El consenso del ’83 fue, en virtud de ello, por primera vez, uno centrado en los valores liberal-republicanos. No era ya el consenso yrigoyenista, ni el peronista de los años cuarenta, ni el populista de izquierda de los setenta. Había roto con un elemento fundamental de todos ellos que consistía precisamente en la consideración de la cuestión democrática como subsidiaria de la más sustancial realidad del poder popular, y de éste como opuesto a, o al menos divorciado de, las instituciones existentes. Claro que tampoco esta ruptura era total. Aunque su carácter novedoso le permitiría a la democracia sostener un relato del tiempo histórico abierto por las elecciones de 1983 que presentaba una importante cuota de discontinuidad. Uno de los problemas en este sentido fue que el mix de continuidad y ruptura no era, no podía ser, el mismo para las distintas fuerzas políticas. Y en la medida en que éstas percibieron esas diferencias como fuente de oportunidades de preeminencia vis a vis peligros para su cohesión y supervivencia, la cultura del pluralismo y el republicanismo, más que un sustrato común, o junto a ello, fue un terreno e instrumento de la competencia interpartidaria, o incluso de la lucha interna en cada partido. Las cosas no han cambiado demasiado en este sentido desde hace veinte años a esta parte. Todavía hoy la construcción de una cultura liberal republicana sigue siendo en gran parte una tarea pendiente y un terreno de disputa entre facciones. Si la crisis de 2001 ofrece una oportunidad para avanzar en este camino no es tanto por lo que se dice, que ella pone en cuestión todo lo actuado por los actores políticos en los años previos, como por el hecho de que a pesar de su profundidad, pudo ser resuelta dentro de un marco institucional de relativo respeto a las reglas de juego. Aunque sabemos que el grado de “relativo” está lejos de ser alentador.

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Espasmos de una economía

Un paÍs hecho de demoliciones

Si en 1982 la deuda externa era impagable e ilegítima, ¿qué posibilidades hay de pagarla hoy cuando se ha triplicado su monto? Hace ya 20 años, nadie podía cerrar los ojos ante la evidencia de que el feroz endeudamiento era consecuencia del modelo basado en la especulación financiera de la dictadura. Sin embargo, las políticas económicas se mantuvieron firmes en los mismos empeños que ahondaron la desindustrialización, aumentaron el desempleo hasta el récord actual que ronda el 20% y demolieron al sector público. La férrea resistencia a abandonar la convertibilidad adoptada en los ’90 mostró cuán coherentes fueron todas las administraciones democráticas en sostener hasta las últimas instancias el patrón de acumulación de riquezas consolidado en los últimos diez años. Sobre la base de esa historia plagada de inequidades es que debe construirse un programa económico alternativo al neoliberalismo.


Héctor Walter Valle
Licenciado en Economía Política (UBA). Docente en la Maestría de Historia Económica y de las Políticas Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Preside la Fundación de Investigaciones
para el Desarrollo.

 

El proceso económico de los últimos veinte años se desenvolvió entre los agudos extremos conformados por el estallido de las dos grandes crisis originadas en el endeudamiento externo. Si la deuda externa ya era impagable, y en alto grado ilegítima, en 1982 cuando alcanzaba a 45.070 millones de dólares, ¿qué posibilidad de atenderla puede existir ahora que llega a 177.000 millones y con no menores cuestionamientos a su legitimidad, como los derivados del megacanje, entre otros? Más aún cuando en este largo lapso el PIB por habitante creció a un ritmo del 0,2% anual promedio.
Hace 20 años, era imposible ignorar que lo ocurrido con la deuda constituía una clara consecuencia del modelo basado en la especulación financiera impuesto por la dictadura militar. Sin embargo, a partir de entonces, las políticas económicas se mantuvieron en el mismo encuadre ideológico, siendo la convertibilidad su fase superior. Luego del derrumbe de la convertibilidad, con el que concluyó la gran recesión/depresión de 1998/2002, parece haberse aprendido la lección. Ahora, y a partir de una generalizada crítica al neoliberalismo, la Argentina está intentando recuperar el sendero del desarrollo cambiando el eje de su modelo de acumulación volviendo a poner la prioridad en la expansión de las actividades productivas.

Cambios estructurales relevantes

En el marco de tal continuidad de políticas, las acciones desenvueltas a lo largo de estos años llevaron a la interrupción primero, y el franco retroceso después, en el proceso de industrialización, que había sido el principal elemento dinámico y modernizante de las décadas anteriores. La existencia de extensos períodos con tipo de cambio subvaluado fue recortando el espacio para las actividades manufactureras internas, limitando su posibilidad de exportar y estimulando el ingreso de importaciones competitivas.
Uno de los correlatos de la desindustrialización fue la drástica reducción del empleo formal en esas actividades, otro estuvo constituido por la desintegración impuesta en el esquema productivo sectorial y regional, y un tercero consistió en la decreciente viabilidad de los proyectos dirigidos al sector. No fue menor su responsabilidad en el fuerte endeudamiento externo, privado y público, contraído a lo largo de todos estos años.
Paralelamente, nuestro país registró en los ’80 un largo período con elevadas tasas inflacionarias, que derivaron en dos picos hiperinflacionarios. Este fenómeno, combinado con la restricción salarial y el aumento del desempleo ya citados, entre otras consecuencias, originó una notable caída en la participación de la remuneración al trabajo dentro del ingreso. A su vez, la persistencia de la inflación erosionó velozmente a la moneda. Y esa tendencia motorizó al proceso de dolarización desatado a fines de los años ’80. Un paso decisivo, en tal dirección, fue dado con la adopción del modelo de la convertibilidad.
Este último fue parte de los grandes cambios operados a partir de 1989 y respondió a los lineamientos impulsados por los países acreedores con el fin de resolver el problema de las deudas. Se integró en un conjunto estratégico cuyo objetivo proclamado era resolver la situación de insolvencia creada por el endeudamiento externo. No menos importante fue, por entonces, la decisión de provocar un superávit fiscal y ejecutar privatizaciones con el doble propósito de reducir la magnitud de la vieja deuda y crear un stock de reservas suficiente para respaldar a la convertibilidad del peso en un esquema de tipo de cambio fijo.
El proceso de estabilización de precios que se alcanza a partir de la implementación del Programa de la Convertibilidad, en marzo de 1991, si bien contuvo temporariamente una de las fuentes más violentas de regresividad distributiva constituida por la inflación, debido a los instrumentos utilizados para alcanzar tal estabilidad de precios provocó, a su turno, nuevas condiciones de degradación social vía desempleo.

Las perturbaciones en la acumulación de capital

A partir de 1982, desatada por la gran crisis de la deuda externa, se verificó en nuestro país una sensible caída en la tasa de inversión. Esa drástica reducción en el ritmo de acumulación constituyó uno de los signos más alarmantes acerca de la vulnerabilidad que aquejó a la economía argentina durante los años ’80. En 1990, la relación entre la IBI y el PIB se había reducido al 14%, magnitud equivalente al 55% de lo verificado diez años antes. Luego del acuerdo Brady, y estimulada por el proceso de las privatizaciones, se registró una recuperación de este indicador. Dicho en otros términos, la inversión neta fue negativa hasta 1992. El mismo ciclo se repitió con la crisis de la convertibilidad. La historia se repite, ya que la inversión bruta interna cayó permanentemente a partir de 1998 acumulando hasta 2002 un derrumbe del 56,3 % que llevó al coeficiente IBI/PBI al 11,2 % en 2002.
Como señalamos más arriba, los sectores productores de bienes, y en particular la actividad manufacturera, se encuentran entre los más afectados por ese largo ciclo negativo en el proceso inversor. Por el contrario, en las fases de recuperación (especialmente bajo el régimen de la convertibilidad), el crecimiento tanto de la producción como de la inversión tuvo por escenario principal a las ramas generadoras de servicios y fue paralelo con la formación de nuevos grupos económicos que se estructuraron en torno de las privatizaciones y los bancos. Esta última orientación fue también el común denominador de aquellas nuevas inversiones desenvueltas en la industria y en los sectores más modernos del agro.
No son circunstancias que deban sorprendernos. Como un correlato lógico de haberse abandonado el viejo patrón de industrialización, la inversión en proyectos manufactureros solamente tuvo lugar en aquellos nichos vinculados con la internacionalización del capital. Generalmente se vincularon, además, con la absorción de empresas, parte de cuyas líneas productivas pasaron a integrarse en ciclos de producción internacionalizados y el resto directamente se desmantelaron. En las actividades primarias los nichos favorecidos fueron la explotación de hidrocarburos y el desarrollo de nuevas tecnologías (simbolizado en los procesos de siembra directa) para una importante expansión de la producción agrícola para exportación.

Ocaso y desaparición del Estado nacional

El sector público ha constituido uno de los escenarios más importantes donde se jugó la aplicación del modelo neoliberal en la Argentina. Ese proceso se desenvolvió desde 1976 en adelante, vale decir que precedió a la vuelta de la democracia, pero pudo comprobarse que había llegado para quedarse. En segundo lugar, los sucesivos programas encarados para hacer frente al problema de la deuda externa en función de la condicionalidad fijada por el FMI siempre establecieron y establecen objetivos para las cuentas fiscales que suponen un mayor racionamiento en el gasto y la ampliación de la potencialidad recaudatoria. En todos los casos se fijan metas para el déficit fiscal que luego resultaron sucesivos acuerdos stand-by. Sabido es que la parcela del gasto que siempre termina siendo más afectada es la dirigida al desarrollo social o la inversión pública, mientras que los intereses absorben un espacio cada vez mayor.
Un hito histórico, en el proceso de la demolición del sector público, está constituido por el rol que le tocó jugar al Estado en el programa de la convertibilidad. En ese sentido, el mismo tuvo entre sus principales características el acelerado proceso de las privatizaciones. El mismo respondió a tres objetivos fundamentales: la reducción de la vieja deuda (condición necesaria para establecer el acuerdo Brady), complementar los recursos que se precisaban para lograr las metas de superávit primario, y llevar a cabo, velozmente, la retirada del sector público de toda actividad productora de bienes y servicios.
La eliminación del desequilibrio fiscal ha constituido una prioridad a lo largo de todo el período considerado. Hasta mediados de 1994 se obtuvieron notables éxitos en esa dirección. Los mismos se originaron en dos fuentes principales. En primer lugar, en un aumento en la presión tributaria, que asumió un carácter más regresivo al apoyarse esencialmente en la tributación sobre el consumo. En segundo término, en los frutos del proceso privatizador.
El mencionado cambio de signo verificado en 1994 y a posteriori de la crisis del Tequila en 1995 estuvo originado, en primer término, por una desaceleración en el ritmo recaudatorio. Ella resultó claramente incompatible con la eliminación de aportes patronales dispuesta con el propósito de reducir costos de producción. También se contrapuso con la pérdida de ingresos originada en la reforma del sistema previsional. Se generó así una fuente endógena de déficit fiscal que llegó a magnitudes claramente incompatibles con la sustentabilidad de la convertibilidad. Al cortarse el financiamiento externo para atender tales déficit, el sistema entró en picada y se estrelló a principios de 2001. Luego, forzado por la inflación mientras el gasto se mantenía constante y se verificaba cierta mejoría en la recaudación, las cuentas fiscales fueron mejorando para llegar a una situación donde el gasto público de la Argentina, medido en valores reales, se encuentra entre los más bajos de los países en desarrollo.

El tiro del final

En 1991, el Plan de Convertibilidad vino a convalidar las generalizadas tendencias hacia la dolarización que predominaban en la economía. En el plano financiero, la estrategia adoptada impuso una política de dinero duro. La misma, junto al ajuste fiscal y el tipo de cambio fijo, respondían al doble propósito de doblegar la inflación y viabilizar los acuerdos con la banca acreedora. La contrapartida lógica de la dolarización fue –a consecuencia del significativo aumento de los depósitos en dólares, sumado al desaliento que provocan las bajas tasas de interés pasivas en pesos– que el ritmo al que creció la monetización de la economía evolucionara por debajo de lo que enseñaba la experiencia histórica (nacional e internacional) en materia de reequipamiento de dinero luego de superados los picos hi-perinflacionarios.
La corrida contra los depósitos que se desató luego de la devaluación mexicana desnudó las rigideces que se derivan del modelo de la convertibilidad. Para evitar la incertidumbre, se decidió avanzar en la dolarización, permitiendo respaldar con dólares la totalidad de los depósitos indiscriminadamente. Cuando se produce una caída en el nivel de las reservas, el Banco Central encuentra muy acotadas sus posibilidades de actuar como prestamista de última instancia. Pero se generaron así tensiones adicionales que sumaron presión a la incertidumbre sobre el sistema financiero, continuó la caída de los depósitos y la conducción económica debió introducir dos nuevas figuras: el fondo fiduciario para respaldar los depósitos y el uso del financiamiento externo para avanzar en la privatización de la banca provincial. El estallido de la convertibilidad, a fines de 2001, como era inevitable tuvo como escenario principal al rígido esquema financiero, artificialmente dolarizado, que se había instalado supuestamente para tornar al bastión del tipo de cambio fijo en inexpugnable.
Las medidas desesperadas, adoptadas a fines de 2001, para sostener el sistema constituían acciones contradictorias con los postulados básicos de la convertibilidad en tanto éste constituya un sistema donde libremente la gente dispone de su dinero en pesos o dólares a una paridad fija. Pudo constatarse, a fines del 2001, que ambos ejes centrales en la política económica de la última década –convertibilidad y sistema financero extranjerizado y concentrado– se encontraban vacíos de capacidad para soportar la corrida y virtualmente inoperables. Otro tanto ocurrió con la supuesta relación privilegiada que nuestro país tenía con los mercados internacionales del dinero.
Pero en lo que las autoridades económicas de esa época se mostraron coherentes hasta las últimas instancias, es que por esa vía se pretendía sostener hasta las últimas consecuencias el patrón de concentración de la riqueza que se consolidó en la última década. Ello se vio ratificado con la bancarización forzada que se impuso el 1 de diciembre de 2001, tomando tal decisión luego de haber convalidado –y financiando mediante adelantos transitorios del BCRA a los bancos–, durante varios meses, la evidente fuga de capitales que venía sucediendo. El costo de la recesión se expresó en la creciente masa de desocupados o subocupados, magnitud que llego al 21% de la PEA Activa a fines de 2002, el ejército de ahorristas estafados y los inéditos niveles alcanzados por la pobreza. Sobre esa historia, plagada de inequidad y descrédito es que debe construirse un programa alternativo. Ese es el objetivo del Plan Fénix, que se encuentra en condiciones de demostrar que otra Argentina es posible.

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Educación

Dos dÉcadas perdidas

El aniversario no merece mayores festejos para el sector educativo: indicadores inéditos de exclusión social cuestionan el sentido de igualdad fundante de todo régimen democrático. La pérdida de homogeneidad cualitativa de la educación heredada de la dictadura militar se ha agravado luego por las tendencias privatizadoras, el aumento de la deserción escolar, la agudización de la función asistencial de la escuela y la desarticulación general del sistema. Durante estos últimos 20 años la tradición de la educación pública, herencia histórica del sistema educativo argentino, fue revisada y reinterpretada a partir de un debate que comenzó en el Congreso Pedagógico de 1984, continuó en la Convención Constituyente de 1994, se agudizó con la sanción de la Ley Federal y persiste hoy en un escenario político y económico que combina aspiraciones de fortalecimiento del papel del Estado y necesidades básicas insatisfechas de instituciones escolares, maestros y alumnos.


Sandra Carli
Profesora Titular Regular y Secretaria de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), e Investigadora Adjunta del Conicet con sede en el Instituto Gino Germani.


Se cumplen veinte años de democracia en la Argentina, sin embargo, ello se produce en un escenario que presenta indicadores de exclusión social inéditos en la historia nacional que ponen en cuestión el sentido de igualdad ciudadana que todo régimen democrático supone. En el campo educativo, la combinación de democracia y desigualdad describe un paisaje institucional marcado por necesidades persistentes de distribución de la cultura y de mejoramiento de las condiciones materiales para el acceso y permanencia de alumnos y estudiantes en el sistema educativo. En 1983, un estudio señalaba la pérdida de homogeneidad cualitativa del sistema educativo heredado de la dictadura militar (Tedesco, 1983); en 2003, nuevos estudios señalan que ese diagnóstico se ha agravado y en él deben sumarse los efectos complejos de la reforma educativa implementada en el sistema educativo en los años 90, que merecen ser analizados detenidamente. A la perdida de la homogeneidad cualitativa del sistema educativo se suma el crecimiento de las tendencias a la privatización, el aumento de la deserción escolar, la combinación de trabajo infantil y educación, la agudización de la función asistencial de la escuela, la desarticulación del sistema educativo. Todos estos fenómenos acontecen en una sociedad polarizada, que ha dejado atrás un tejido social integrado en el que la escuela condensaba la mezcla social y las aspiraciones de mejoramiento laboral a través de la educación.
En apenas dos décadas, la palabra “democracia” evoca en educación sentidos contrapuestos: el espíritu participativo y polisémico de la transición de los años ochenta, en el que la dupla “democracia/autoritarismo” enunciaba las complejas luchas que suponía poder dejar atrás el lastre cultural de la dictadura militar; los antagonismos generados en los años 90 en el espacio educativo, en el que el nuevo paradigma educativo del ciclo neoliberal dio forma a las políticas educativas, legitimando un único modelo de reforma al mismo tiempo que los salarios docentes se depreciaban y crecían las brechas socioeducativas; la incertidumbre insoslayable del presente respecto del horizonte futuro de las nuevas generaciones, signado por el probable desempleo, la precarización laboral y la devaluación de los títulos. Se ha pasado de la demanda de democracia propia del espíritu de los años ochenta en tanto reclamo movilizador fundamental (O’Donnell, 1997) a la coexistencia de una creciente desigualación social con una institucionalidad democrática (Tiramonti, 2001), cuestión que deja aún pendientes las preguntas en torno de la consolidación de un sistema educativo efectivamente democrático, a la igualdad en educación y a la capacidad del Estado para fortalecer instituciones públicas en un escenario de notoria fragmentación social.
Cualquier balance global de estos últimos veinte años resulta infructuoso: las políticas y los procesos educativos se han desplegado en un ciclo “corto” atravesado por el cierre traumático del ciclo del Estado de bienestar y el comienzo del ciclo del Estado privatizador, por los sueños de una democracia política de largo plazo y por el cortoplacismo de la economía financiera. La hiperinflación de 1989, la crisis de diciembre del 2001, la política devaluatoria reciente son los acontecimientos de una serie histórica compleja que ha dejado huellas directas en el espacio de la educación, entre otras la pauperización salarial que encuentra a un alto porcentaje de los docentes bajo la línea de la pobreza, la agudización de los procesos de segmentación del sistema educativo, el deterioro de la infraestructura escolar, el asistencialismo forzado de la escuela. Si bien la crisis estatal que caracteriza esta última década (Sidicaro, 2001) debería analizarse en el caso de educación a partir de sus rasgos particulares en la medida en que el Estado mantuvo un rol regulador, quedando a cargo de las provincias la prestación de servicios luego de la transferencia de las escuelas, la escisión entre la aspiración de extensión de la educación a partir de la ampliación de la obligatoriedad escolar que estableció la Ley Federal en 1993, y el impacto sobre las familias de alumnos y estudiantes de la destrucción del modelo productivo y la desregulación económica encarada por el modelo menemista indica el vaciamiento de ciertos sentidos democratizadores de la educación estatal ante un escenario económico regresivo. Los estudios sobre la emergencia de una nueva pobreza resultante del descenso de los sectores medios (Feijoo, 2001) ejemplifican el recorrido de ese ciclo, en el que las biografías educativas familiares pasaron de las aspiraciones de la educación universitaria de los hijos a los esfuerzos por garantizar la educación básica de los nietos. La educación pública ha dejado de tener una dimensión igualadora y democratizadora real en una sociedad dualizada en la que los sectores sociales transitan hoy por circuitos educativos diferentes.
Durante estos últimos 20 años, la tradición de la educación pública, herencia histórica del sistema educativo argentino, fue revisada y reinterpretada a partir de un debate que comenzó en el Congreso Pedagógico de 1984, continuó en la Convención Constituyente de 1994, se agudizó con la sanción de la Ley Federal y persiste hoy en un escenario político y económico que combina aspiraciones de fortalecimiento del papel del Estado y necesidades básicas insatisfechas de instituciones escolares, maestros y alumnos.
En el Congreso Pedagógico comenzaron a discutirse los principios de una educación democrática, pero se evidenció el mayor peso del bloque defensor de la educación privada y en particular del liberalismo católico defensor de la libertad de enseñanza (Krotsch, 1988). En la Convención Constituyente de 1994, fue el debate entre los términos equidad-gratuidad en el que el primero relativizó los alcances del segundo (Puiggrós, 1995), el que tradujo las paradojas y desafíos de la educación en una sociedad cada vez más desigual en la que las promesas de democratización de la década anterior comenzaban a leerse desde nuevas claves de lectura ligadas con el diagnóstico neoliberal y con las políticas de ajuste del menemismo. La Ley Federal de Educación cristalizó la equiparación discursiva de la gestión privada y pública de la educación con consecuencias paradójicas en los distintos niveles del sistema educativo al invalidar en muchos casos viejas tradiciones institucionales y legitimar instituciones privadas de dudosa calidad. En la actualidad, viejos y nuevos debates se actualizan en un escenario en el que surgen alternativas educativas populares al calor de los movimientos sociales, se despliegan opciones privadas de elite en el nivel universitario y se ensayan políticas públicas más agresivas destinadas a equilibrar un mapa educativo crecientemente segmentado y selectivo.
La década del ’80 fue calificada como una “década perdida para la infancia” y también como una década perdida para las políticas educativas, calificaciones surgidas en los años noventa a partir de una mirada retrospectiva de la transición democrática en la Argentina. Algunos autores hacen referencia a un consenso básico gestado luego del supuesto fracaso de la década del ’80 (Filmus y Miranda, 1999), consenso en todo caso cuestionado a lo largo de la década del ’90. El gobierno de Carlos Menem encaró una reforma del sistema educativo que contó con financiamiento de organismos internacionales y se acompañó con políticas sociales focalizadas, y más que saldar debates pendientes de los ’80 se articuló a las nuevas orientaciones educativas de organismos como el Banco Mundial (Coraggio, 1997). A fines del siglo XX, se suma un nuevo diagnóstico de fracaso de la década del ’90 ante las evidencias del empobrecimiento de la sociedad argentina y de la dimensión retórica de buena parte de las promesas educativas que acompañaron las políticas de ajuste y desregulación económica que cristalizaron condiciones de desigualdad fragantes (Lozano, 2002).
Los desfases de la inversión en educación y ciencia y tecnología respecto de otros países de la región recolocan la tradición “democrática” del sistema educativo argentino en una situación dramática.
En veinte años de democracia, la “crisis del sistema educativo” ha sido el tópico recurrente en las interpretaciones sobre los avatares de la educación argentina. La idea de crisis ha sido un enunciado fundacional de la estrategia educativa de cada nuevo gobierno. En los años ochenta se señaló que la crisis estaba ligada, entre otros fenómenos, a que el sistema educativo había dejado de cumplir en la Argentina una función reproductora y a la existencia de una crisis hegemónica (Tedesco, 1983: 20). Una década después se argumentó respecto de la crisis de la educación como una crisis orgánica del sistema educativo moderno (Puiggrós, 1994). En publicaciones recientes retorna el debate sobre la educación y la crisis de hegemonía (véase Flacso, 2003), en un contexto de procesos de reconfiguración de la hegemonía política en el país.
La tan mentada crisis del sistema educativo, que en la transición democrática era parte de un diagnostico retrospectivo del alcance de la dictadura militar y en la década reciente fundamento para un operativo de reforma estructural asentado en un diagnóstico de baja de calidad de la educación argentina, debe analizarse desde otros ejes analíticos vinculados con la experiencia de la democracia en el ciclo histórico que comienza en los años setenta. La crisis del sistema educativo no es endémica, no es esencial sino histórica y se liga con la crisis del Estado, con la crisis de representación política y con la crisis del sentido de la educación en sociedades postindustriales atravesadas por profundas y aceleradas transformaciones culturales y tecnológicas. En los años ochenta, la crisis de la educación se leía en una escena pública reocupada por actores sociales y políticos, en la que el discurso de la democracia intentaba reparar los efectos de la dictadura militar (represión, disciplinamiento social, vaciamiento de contenidos, ausencia de participación, etc.) y de cierta manera restituir infructuosamente una escena educativa previa a la dictadura militar a partir de la recuperación de una dinámica democrática en las instituciones educativas; a pesar de la crisis estatal, marcó el nuevo escenario el trabajo de representación de los partidos políticos. En los años ’90, el discurso de la transformación educativa instaló la idea de crisis de la educación en un escenario de vaciamiento de la representación política y de predominio de una democracia delegativa que autorizó una reforma educativa con un nuevo lenguaje interpretativo respecto de la educación a partir de un diagnóstico no consensuado con otros actores sociales (como, entre otros, los gremios docentes) (Feldfeber, 2002), que justificara modificaciones estructurales del sistema educativo como las que se implementaron. En la actualidad, la noción de crisis de la educación adquiere nuevos significados ligados con el debate sobre el papel regulatorio del Estado, con la reducción o ampliación de la esfera estatal, con la relación entre Estado y sociedad civil y con el derecho a la educación en una sociedad desigual.
Después de dos décadas de democracia sigue vigente la necesidad de un “Estado fuerte” que instale a la educación como un bien público y que en un mediano y largo plazo aporte estratégicamente a la mejora de la calidad de la democracia política. Más que nunca, el fortalecimiento de las capacidades estatales en el espacio de educación supone una vieja y renovada aspiración ligada con garantizar el derecho a la educación. Si el derecho a la educación es en la Argentina una vieja conquista y se ha mantenido en las últimas décadas como conciencia social, lo que queda pendiente es cómo el reconocimiento de ese derecho se asienta en un sistema educativo estatal que lo haga posible. Ello se inscribe, entre otras cosas, en la posibilidad de que el Estado se recupere del debilitamiento territorial de que ha sido objeto en varios países de América Latina en esta última década durante regímenes democráticos (O’Donnell, 2003), asumiendo a través de las políticas educativas un trabajo de representación que tenga por horizonte la dignidad social de todos los ciudadanos. El derecho a la educación será posible en la medida en que se acompañe con políticas económicas redistributivas que le otorguen un sentido efectivo y de justicia a la democracia.

Bibliografía citada

–CORAGGIO, José Luis (1997), “Las propuestas del Banco Mundial para la educación: ¿sentido oculto o problemas de concepción”, en Coraggio, José Luis y Torres, Rosa María, La educación según el Banco Mundial, Miño y Dávila editores, Buenos Aires.
–FEIJOO, María del Carmen (2001), Nuevo país, nueva pobreza, FCE, Buenos Aires.
–FELDFEBER, Myriam (2000), “Una transformación sin consenso: apuntes sobre la política educativa del gobierno de Menem”, en revista Versiones Nro. 11, Programa “La UBA y los profesores”, Secretaría de Extensión Universitaria, UBA / Novedades Educativas, Buenos Aires.
–FILMUS, Daniel y MIRANDA, Ana (1999), “América Latina y Argentina en los 90: más educación, menos trabajo=más desigualdad”, en FILMUS, Daniel (comp.), Los noventa. Política, sociedad y cultura en América Latina y Argentina de fin de siglo, Eudeba-Flacso, Buenos Aires.
–FLACSO (2003), Propuesta Educativa, Nro. 26, año 12.
–KROTSCH, Pedro (1988), “Iglesia, educación y Congreso pedagógico Nacional”, en Ezcurra, Ana, Iglesia y transición democrática, Puntosur, Buenos Aires.
–LOZANO, Claudio (2002), “Argentina: comunidad en riesgo. Infancia, adolescencia y juventud en mayo de 2002”, en www.cta.org.ar
–O’DONNELL, Guillermo (1997) Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización, Paidós, Buenos Aires.
–O’DONNELL, Guillermo (2003) “Democracia, desarrollo humano y derechos humanos”, en O’Donnell, Iazetta y Vargas Cullell (comps.), Democracia, desarrollo humano y ciudadanía. Reflexiones sobre la calidad de la democracia en América Latina, Homo Sapiens editores, Rosario.
–PUIGGRÓS, Adriana (1993), “¿A mí, para qué me sirve la escuela?”, en Filmus, Daniel (comp.), Para qué sirve la escuela, Tesis-Grupo Editorial Norma, Buenos Aires.
–PUIGGRÓS, Adriana (1995), Volver a educar, Ariel, Buenos Aires.
–SIDICARO, Ricardo (2001), La crisis del estado y los actores políticos y socioeconómicos en la Argentina (1989-2001), Libros del Rojas, Serie Extramuros, UBA.
–TEDESCO, Juan Carlos (1983), “Elementos para una sociología del currículum escolar en Argentina”, en Tedesco, Braslavsky, Carciofi, El proyecto educativo autoritario. Argentina. 1976-1982, FLACSO, Buenos Aires.
–TIRAMONTI, Guillermina (2001), Modernización educativa de los ’90. ¿El fin de la ilusión emancipadora?, Flacso-Temas Grupo Editorial, Buenos Aires.

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Ciencia y tecnología

Herramienta para la democracia

Del divorcio entre el Conicet y las universidades por la monopolización de recursos para la investigación durante la dictadura, la ciencia argentina heredó una trama compleja de ideas, intereses e instituciones. Su gradual normalización no aisló al campo científico de la sucesión de avatares e infortunios que sufrió toda la sociedad en estos veinte años. Sin embargo, y a pesar de los altibajos presupuestarios, la reinstitucionalización hizo que creciera la productividad de los científicos argentinos, como puede constatarse con sólo mirar las principales bases de datos que registran la producción científica mundial. Hoy, cuando el país invierte en ciencia menos que la media de América Latina, es indispensable recuperar el rumbo perdido en los noventa por la importación desordenada y acrítica de lo que en el resto del mundo se conoció como consolidación de la “sociedad de la información” y potenciar todo el esfuerzo que durante décadas el país fue capaz de acumular en el área. La ciencia argentina debe cerrar la brecha social y convertirse en herramienta para resolver los problemas en materias como tecnología, desarrollo regional, salud y calidad de vida.


Mario Albornoz
Director del Centro REDES. Coordinador de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT). Investigador Principal del Conicet. Profesor de
posgrado en las universidades de Buenos Aires, Lanús y General Sarmiento.

 

La ciencia argentina se debate hoy en una serie de encrucijadas que hasta el presente no ha podido resolver. Algunas de ellas están relacionadas con la dificultad para asignar los recursos necesarios; otras, con la incapacidad para retener a quienes se encaminan hacia la emigración. Detrás de estos fenómenos subyace una dificultad básica: la de definir políticas públicas de largo plazo y alcanzar un acuerdo general acerca del papel de la ciencia en la sociedad.
Es bueno preguntarse qué vinculación tiene la crisis actual con lo ocurrido en los últimos veinte años, desde que el país recuperó la democracia. El camino recorrido por la ciencia desde entonces la ha conducido hasta las encrucijadas actuales. ¿Es por ello lícito afirmar que los males de la ciencia argentina se han profundizado durante los años de la democracia? Por chocante que sea la idea, es necesario formularse la pregunta para comprender la naturaleza de la cuestión. Si esto hubiera sido así, aún cabría preguntarse si ello se debió a la incapacidad para resolver ciertos problemas básicos, o al hecho de que en estos últimos veinte años surgieron nuevos escollos y el cúmulo de desafíos aumentó.
Responder estas preguntas requiere llevar a cabo una serie de reconstrucciones. La primera es la reconstrucción del momento originario del período democrático. La segunda implica el análisis del devenir de los últimos veinte años, tomando ciertos ejes; por ejemplo, la cuestión institucional, el marco de las políticas, la base material de la actividad científica y las orientaciones asumidas por la investigación, entre otras. En tercer lugar, es necesario analizar los cambios en los contextos a lo largo de las dos últimas décadas, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

La reconstrucción del origen

Algunas cuestiones implícitas en la reconstrucción del momento originario son fácticas: ¿cuál era el estado de la ciencia en el momento en el que la Argentina recuperó la democracia, en términos de sus niveles de desarrollo, estructura institucional, financiamiento y orientaciones? ¿Cuáles las prioridades en la asignación de recursos? La segunda cuestión en esta reconstrucción histórica es de tipo ideológico o cultural: ¿qué pensaban los actores más relevantes en aquel momento, cuál era la agenda de problemas a resolver y cuáles los valores predominantes?
En lo fáctico, el gobierno militar que cedía paso a la democracia había profundizado hasta niveles inéditos un divorcio entre las instituciones del sistema científico argentino; particularmente entre el Conicet y las universidades. Desde los comienzos del régimen dictatorial, en 1976, comenzó a producirse una transferencia de recursos presupuestarios desde las universidades hacia el Conicet. Muy pronto este organismo llegó a recibir aproximadamente el 40% de los recursos que el presupuesto nacional asignaba en forma directa a ciencia y tecnología, a expensas de la dotación presupuestaria a las universidades. El problema, sin embargo, no fue sólo económico, sino que se impuso un modelo institucional que favoreció la relación directa de los grupos con el Conicet, sin la mediación de las instituciones universitarias. Así, durante aquellos años el Conicet creó más de cien institutos de su propia dependencia. Es cierto que para la creación de algunos de ellos, el Conicet estableció convenios con universidades nacionales. Pero en tales casos, la lógica de funcionamiento asimilaba estos centros al sistema Conicet, más que a las universidades respectivas, y los convertía en bolsones de presunta excelencia académica, dotados de recursos, en medio de un tejido universitario empobrecido.
No es correcto, por lo tanto, ubicar el problema de la ciencia y la tecnología durante el gobierno militar en un plano de escasez de recursos, sino que el foco debe ser puesto en el plano de su orientación y prioridades. La inversión en ciencia y tecnología en los años del gobierno militar fue equivalente, y en algún caso superior, a la de los años de la democracia. Sin embargo, el sistema de prioridades privilegió aquellas instituciones, líneas de investigación y proyectos vinculados con intereses estratégicos propios de la visión militar, especialmente aquellos orientados con la tecnología nuclear y con las investigaciones aeroespaciales (ambos entraron en crisis en los posteriores gobiernos democráticos). En cambio, la investigación universitaria sólo fue favorecida en relación con aquellos grupos que lograban su incorporación al Conicet.
En lo fáctico, las universidades habían perdido presencia; ya se ha hablado de lo presupuestario, pero también el número de investigadores había decrecido proporcionalmente. Si en el relevamiento nacional de investigadores hecho en 1969 el 56% de los investigadores tenía sede en las universidades nacionales, en 1982 esta cifra había descendido al 45%. Desde el punto de vista institucional, el Conicet monopolizaba la escena de la investigación en las universidades y éstas carecían de una mínima infraestructura destinada a la gestión de la investigación en su propio ámbito.
Es obvio que un escenario de este tipo genera determinadas formas de cultura, que reproduce tramas de intereses y da lugar a formas específicas de conflicto. Así, se generaba una situación de enfrentamiento latente entre investigadores del Conicet y docentes universitarios (investigaran o no). Unos se sentían marginados y los otros vivían una adhesión militante hacia la institución que los ponía a salvo de los avatares políticos de la universidad. Los mecanismos de control social del Proceso impedían la emergencia de esta confrontación, pero con el retorno de la democracia el desencuentro gradualmente se fue haciendo patente.
Como ocurre habitualmente con este tipo de conflictos, se da un entramado de intereses ideológicos y hasta ciertos maximalismos con intereses muy concretos. En algunos casos, las posiciones más en pro de la universidad conllevaban poco aprecio por la excelencia académica y, en el lado opuesto, la “república de la ciencia” se corporizaba en el Conicet, no tanto como medio que garantizara la libertad de investigación sino como protección de privilegios e intereses concretos. Este nudo problemático (una trama de ideas, intereses e instituciones) adquirió una conformación peculiar en los primeros años de la democracia. La confrontación se vio agravada por el hecho de que, desde el punto de vista del desarrollo del pensamiento, en muchos campos el Proceso actuó como un “tiempo muerto” que congeló el desarrollo de ideas e hizo que muchos temas fueran retomados ocho años después, como si nada hubiera pasado. Así, durante los primeros pasos de la democracia, la ciencia argentina reprodujo estereotipos de décadas anteriores, lo cual fue muy grave en un contexto internacional que consolidaba ya tendencias fuertes de cambio en la relación de las sociedades con el conocimiento científico y tecnológico, y un contexto nacional de crecientes incertidumbres acerca del rumbo económico y del estilo de desarrollo. Desmontar la trama de un poder corrompido en las instituciones científicas ocupó también una parte considerable de los esfuerzos iniciales.

La reconstrucción del camino

Que los siguientes veinte años hayan sido de normalidad democrática no implica que hayan representado ningún tipo de continuidad sin sobresaltos en la vida social y económica del país. Esos años contuvieron rebeliones militares, hiperinflación, final apresurado del gobierno radical, convertibilidad, adopción de políticas neoliberales, corrupción, privatizaciones, aumento del desempleo y de la pobreza, desencanto y finalmente devaluación salvaje y cesación de pagos. En este escenario la ciencia argentina sufrió los mismos avatares que el resto de la sociedad. Avanzó con turbulencias hacia su modernización en los primeros años, luego retrocedió hacia formas premodernas, ensayó más tarde una fuerte transformación institucional y conoció finalmente los efectos de la depresión, acentuados con los tintes fuertes de la emigración de gran parte de los jóvenes.
Los procesos, sin embargo, no son lineales. Las perturbaciones de la vida política y de la economía repercutieron con fuerza en las instituciones científicas, pero pese a ello ciertas tendencias se mostraron estables. En el plano institucional corresponde en primer lugar mencionar los progresos realizados por las universidades para asumir la investigación como un rasgo distintivo. Todas ellas crearon en sus órganos de gobierno estructuras capaces de gestionar el apoyo a la investigación y transferir conocimientos al medio. El número de investigadores universitarios creció, a lo que no fue ajeno el Programa de Incentivos a los Docentes Investigadores creado en 1993, y supera nuevamente la mitad de aquellos con los que cuenta el país. En este mismo orden, la confrontación entre el Conicet y las universidades fue gradualmente superada, pese a que resta resolver el modo de lograr una mayor integración entre la Carrera del Investigador y el sistema de incentivos. La productividad de los científicos ha crecido en forma constante a lo largo de las últimas décadas. La presencia de autores argentinos en las principales bases de datos que registran la producción científica mundial crece cada año, en forma sostenida, a pesar de los altibajos del financiamiento. Este último constituye también una constante, pero de carácter negativo: a pesar de que en un par de oportunidades se registró algún buen año presupuestario para la ciencia argentina, el esfuerzo no pudo ser sostenido. Hoy el país invierte en ciencia menos de la media de América Latina. En el haber es preciso incluir el hecho de que la comunidad científica se ha mostrado capaz de movilizarse, en el doble sentido de reivindicación de su papel en la escena pública y de remover obstáculos internos que impedían la modernización de las instituciones. Debates paralizantes, como la contraposición entre la excelencia, como valor hegemónico, y la consolidación de capacidades regionales, como valor alternativo, dejaron de tener vigencia.
En el plano de las políticas, durante los últimos veinte años se registró una evolución que se expresó en las ideas rectoras y en la toma de decisiones. En los comienzos fueron privilegiados a la par tanto los enfoques propios de la excelencia, como los de la democratización de los centros de investigación. Ambos hacían sinergia para impulsar el desplazamiento de las cúpulas de poder encaramadas en las instituciones, sin estar socialmente legitimados por parte de los investigadores; en particular, de los más jóvenes y mejor formados. La puesta en práctica de la primera convocatoria a proyectos por parte del Conicet en 1985 tenía el doble propósito de asignar recursos en relación con la calidad relativa (búsqueda de la excelencia) y generar un sistema de distribución de recursos no controlado por los directores de los institutos (cambios en la estructura del poder). En la segunda mitad de la década de los noventa se pusieron en práctica reformas institucionales de mayor profundidad; particularmente con la creación de la Agencia para la Promoción Científica y Tecnológica con sus dos fondos: el Foncyt y el Fontar. Algunos años después, estas novedades institucionales parecen tender a su consolidación.
También a comienzos de los años noventa fue surgiendo con fuerza creciente el problema de la vinculación de la actividad científica con el desarrollo tecnológico y con las demandas sociales (aunque esto generalmente fuera un eufemismo para denominar la relación con las empresas). La Ley 23.877 de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica, promulgada en octubre de 1990, fue expresión de esta nueva tendencia. A mediados de la década se asumió un enfoque centrado en los sistemas de innovación, sustentado en marcos teóricos recientes, como orientación principal de las políticas. El Plan Plurianual elaborado en 1997 definía al conjunto de las instituciones científicas y tecnológicas como el “Sistema Nacional de Innovación” siguiendo así una corriente de época en varios países, la que a su vez estaba apoyada en teorías propuestas por autores regulacionistas. La marcha general de la economía del país, que por entonces mostraba ya el agotamiento de la convertibilidad y daba comienzos a una prolongada recesión, fue un marco poco propicio para el éxito de tales políticas.
Los últimos años estuvieron signados por el desconcierto. Las políticas que en el resto del mundo apuntaban a consolidar la sociedad de la información o del conocimiento llegaron a nuestras playas sin muchas sutilezas, en el marco de una lógica de tipo burocrático. Desprovistas de una lectura adecuada de las capacidades y deficiencias de la ciencia local, el nuevo enfoque se tradujo en un enfrentamiento con la comunidad científica que se movilizó en defensa de sus instituciones y de su papel en el proceso de desarrollo del país. Cuando estos enfoques fueron dejados de lado en sus aspectos de confrontación, la profundidad de la crisis y la falta de ideas para su resolución se fue haciendo evidente. La explosión social de los últimos dos años terminó apartando de la atención pública el problema de la ciencia, hasta que la voz de alarma sobre la emigración de los jóvenes consiguió poner nuevamente el foco sobre ella.
La reconstrucción de los contextos

El retorno democrático transcurrió en un mundo que fue testigo de la desaparición del bloque socialista y que abría para los países más avanzados un período de consumo y bienestar. Los países latinoamericanos iban dejando atrás las dictaduras, prevalecía el valor de los derechos humanos recuperados y la simpatía internacional generaba ciertos programas de apoyo a las nacientes democracias. Si bien Chile fue la estrella de este proceso, también Argentina recibió una mirada benévola. En el plano regional, la creación del Mercosur disparó esperanzas de integración y desarrollo conjunto. Una auténtica primavera. Sin embargo, las cosas no serían tan sencillas, ni en términos generales ni para la ciencia y la tecnología en particular.
Las políticas de reindustrialización en los países desarrollados y el reordenamiento del comercio internacional dieron lugar en forma convergente a un proceso muy acelerado de desarrollo tecnológico que ha sido descripto con una fuerte carga de adjetivos y metáforas que en casi ningún caso ahorraron el término “revolución” y que dramatizaron su impacto sobre la sociedad: sociedad postindustrial, sociedad tecnotrónica y, últimamente, sociedad de la información y del conocimiento.
El nuevo proteccionismo que caracterizó a los países desarrollados, el impulso transnacional de las economías más expansivas y el ritmo acelerado del proceso innovador se convirtió en un cerco creciente a países como la Argentina, que utilizaron en su defensa las peores armas para sus propios intereses: apertura indiscriminada, liberación del mercado de capitales, endeudamiento y retirada del Estado de muchos ámbitos que hasta entonces le eran propios. También Brasil conoció una nueva “década perdida” que hizo retroceder varios puestos a su economía, lo cual repercutió muy negativamente en el todavía incipiente Mercosur.
Invertir en ciencia, en este contexto, puede ser considerado como una aventura sin sentido. No faltan quienes racionalizan la alternativa de dejar de lado la investigación buscando apoyo en modelos como el de Japón o Corea. ¿Acaso esos países no comenzaron su despegue sin investigar, simplemente copiando? No es propósito de este texto rebatir el sinsentido de destruir lo que durante tantas décadas esta sociedad fue capaz de acumular en ciencia y tecnología, como prerrequisito para una vía oriental de acceso al desarrollo. La “destrucción creadora” de la que hablaba Schumpeter tenía otro significado.

Nuevas metas para la democracia y para la ciencia

Es casi trivial decir que se ha abierto una nueva etapa en Argentina. No sabemos si al cabo será mejor o peor, pero hoy –como otras veces en el pasado– está cargada de esperanzas. En medio de la resaca causada por la crisis aguda que hemos vivido desde finales del 2001 surge con fuerza llamativa en la mayoría de la sociedad el deseo de vida y de reconstrucción. En el plano de la ciencia y la tecnología el panorama no es diferente y es muy evidente que un cierto optimismo comienza a ganar a la mayoría. Es un buen momento que hay que aprovechar haciendo una lectura correcta de las encrucijadas y sacando lecciones de los años pasados. El conformismo, por parte de la comunidad científica, sería un mal consejero en estos momentos.
Cada etapa sedimentó valores que no deben ser contrapuestos, sino integrados. El valor de la excelencia debe ir a la par con el de la cohesión social y territorial. El vínculo con la economía y con los procesos de innovación debe seguir siendo uno de los ejes principales y el estímulo a la “sociedad de la información” surge imperativamente de una lectura adecuada de la realidad, pero ello en nada confronta con una política destinada a consolidar las capacidades de investigación y desarrollo en las universidades, las instituciones científicas públicas y las empresas.
Las falencias de los años pasados también deben aleccionar. La modernización de las universidades debe ser profundizada. El vínculo de los centros de investigación con la sociedad debe ser resuelto en un modelo que trascienda el triángulo de Sabato y se proyecte en redes que involucren a actores diversos. Es necesario garantizar una base sólida de recursos, aumentando la inversión pública y estimulando la privada. Es necesario dar valor a los conocimientos adquiridos por los científicos argentinos y aplicarlos en beneficio de la sociedad.
Se necesita para ello una mirada de largo plazo: el diseño de metas basadas en el consenso, que orienten los esfuerzos y la asignación de recursos; es decir, las políticas. Con este horizonte, la ciencia argentina debe cerrar la brecha social y convertirse en una herramienta que brinde al país la posibilidad de superar muchos de sus problemas actuales en materia de tecnología, desarrollo regional, salud y calidad de vida. Este camino contribuirá a consolidar la democracia y consolidará a la propia ciencia.
El fortalecimiento de la capacidad tecnológica, por su parte, debe tomar en cuenta que el contexto mundial impone la necesidad de disponer de una economía eficiente y competitiva, lo que debe traducirse en políticas industriales cuyo eje sea la modernización tecnológica y el desarrollo de una cultura de innovación. Finalmente, es necesario remarcar que tales propósitos sólo se logran mediante políticas activas; el Estado debe jugar un rol fundamental para asegurar la acumulación de conocimiento científico y tecnológico que requiere la sociedad argentina

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La inseguridad ciudadana

Los años del miedo

En muchos aspectos, la herencia autoritaria, ilegal y corrupta de la última dictadura parece cercar a la democracia tanto como en sus endebles comienzos, hace ya 20 años. A la originaria debilidad institucional del alfonsinismo y la permanente amenaza golpista por parte de los militares, se sumó el descontrol económico del ’89. Con la anticipada asunción de Carlos Menem, el desguace económico estatal e industrial y el trasvasamiento de riqueza hacia el 20% más favorecido de la población fue acompañado por un clima de flagrante impunidad. Como consecuencia, en la última década se observa un fuerte crecimiento de los delitos interpersonales violentos. Los excluidos del modelo parecen rebelarse así contra el genocidio social que les impuso la versión vernácula del neoliberalismo.


Juan S. Pegoraro
Master en Sociología (FLACSO-México). Profesor Titular de Delito y Sociedad. Sociología del Sistema Penal. Investigador Titular del Instituto Gino Germani. Dirige el Programa de Estudios del Control Social (PECOS) y “Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales”. Ha sido director de la Carrera de Sociología de la UBA.

 

Han pasado 20 años con poca tranquilidad y con muchos sobresaltos en la sociedad argentina, a punto tal que al hablar de recuperación de la democracia se puede decir que se prolongó, en parte, la etapa del terrorismo de Estado por medio de una sociabilidad signada por el temor y por ello con formas de democracia restringida. En los primeros años de la “recuperación”, la vida institucional era tan frágil como fuerte aún la prolongación de los efectos del gobierno de los militares y sus cómplices civiles, a punto tal que el “Juicio a las Juntas” y su sentencia condenatoria, un verdadero momento fundacional de una nueva institucionalidad, fue en los hechos abortado por las amenazas de golpe de Estado que condujeron a la “obediencia debida” que exculpó a la mayoría, luego a la amnistía y más tarde al indulto de los genocidas. Ese clima reinante en los primeros años de democracia se expresó de muchas maneras en la sociedad argentina y los “Falcon verdes” no dejaron de merodear en el imaginario social.
Otra “prolongación” del gobierno de los militares fueron ciertos actos o hechos con efectos estructurales y que derivaron hacia el gobierno democrático condicionando sus opciones políticas; uno de ellos fue la deuda externa que se contrajo en el período 1976-1983 y que fuera estatizada por el ministro Domingo Cavallo en 1982.
Tres períodos se pueden delinear al analizar esos 20 años: los primeros 6, con la presidencia de Raúl Alfonsín, fueron de máxima tensión institucional y de agravamiento de la situación social en gran parte como decíamos por la deuda externa, el asedio de los militares, y la presencia de los nuevos grupos económicos que disputaban el poder político al gobierno. Es de señalar que singularmente el nuevo gobierno no cuestionó ni investigó el origen tanto de la deuda pública como de la privada, instalando así la certeza jurídica de la inmunidad de los sectores que la habían contratado. Este hecho fue generando las condiciones de una distribución de recursos de manera cada vez inequitativa, aumentando así los niveles de pobreza. Es cierto, por otra parte, que durante esa etapa hubo intentos de cuestionarla, pero la deuda fue legitimándose por la inercia del gobierno y por la resignación de la sociedad en su conjunto. A este proceso no fue ajeno el nombramiento de nuevos jueces por parte del Senado que tenía amplia mayoría del Partido Justicialista, y la gestión muy decidida del senador Leonidas Saadi, que logró que gran parte de los nombramientos fueran avalados por diversos senadores de su partido, en especial de la zona del centro y noroeste del país. A esto se sumaba la amenaza de las FF.AA., que rechazaban el cuestionamiento a sus acciones durante su gobierno de facto, en especial los procesos que proseguían a cientos de militares involucrados en asesinatos, secuestros, desapariciones, torturas y robo de bebés. En este período, los sectores afectados dominaron la corporación militar que jaqueaba constantemente al gobierno con una reedición de la corporización del fantasma del terrorismo de Estado, a punto tal que la frase del Presidente “La casa está en orden” en ocasión de la rebelión militar desilusionó a gran parte de la ciudadanía y supuso una mentira piadosa que apelaba a tranquilizar a los militares a costa de limitar las acciones de la Justicia.
Un segundo período se abre con el descontrol económico que se produce en 1989 y que lleva a la entrega anticipada del gobierno a Carlos Saúl Menem, que instala de inmediato un modelo económico neoliberal con profundos efectos en el entramado social. La política de privatizaciones de empresas estatales, tanto deficitarias como no deficitarias, por medio de licitaciones públicas, sumada a una campaña ideológica que desacreditaba la actividad estatal, aun la de ejercer el contralor de la actividad económica, la precarización del empleo, el recorte de derechos de los trabajadores frente a los empresarios y una estrategia cambiaria que instaló la paridad del peso con el dólar, fue produciendo una gran transferencia de ingresos desde casi el 80% de la población al 20% que era favorecido por tales medidas de política económica.

Un concepto difuso

Paralelamente y en parte producto de la nueva situación socioeconómica, una “mano de obra desocupada” se fue instalando en la vida social y fue produciendo lo que con el correr de los años se llama “inseguridad ciudadana”; es éste un concepto difuso y confuso, que sólo se refiere al “resultado” y que cancela así la historia del proceso constitutivo de tal inseguridad. Las noticias periodísticas abonan una campaña de alarma social ante la delincuencia violenta, lo que contribuye a reducir la problemática a un crecimiento de la maldad y crueldad de ciertas personas (jóvenes, pobres, excluidas, vulneradas, desocupadas). Ante esto suenan y resuenan voces de imponer la “ley y el orden” y se ha puesto de moda una invocación a la llamada “tolerancia cero” que en los hechos sólo persigue “incivilidades” mientras deja impunes los grandes delitos del poder y la corrupción pública.
Por otra parte, el imaginario colectivo concibe que el Derecho Penal y las instituciones que lo gestionan lo pueden defender de la amenaza del crimen y de la inseguridad. Pero sabemos que los más grandes crímenes fueron cometidos precisamente por esas instituciones que invocando el derecho de imponer el orden castigan apelando a la “ideología de la defensa social”, al racismo, la xenofobia, el sexismo, la religiosidad, y “razones de Estado”, y así han mutilado, asesinado, quemado, violado personas y desaparecido razas, grupos humanos, sectas, comunidades, tribus, pueblos enteros.
A mi entender, la actual inseguridad está asentada en una base material distinta de aquella que estaba presente en otras etapas de la humanidad, y aun en la era del Estado Keynesiano. Es una nueva forma de inseguridad que no se ha producido por designio divino ni por un espasmo de la naturaleza ingobernable e irreducible; como diría Marx, la naturaleza no produce por una parte poseedores de dinero o mercancías y por otra personas que simplemente poseen sus propias fuerzas de trabajo (El Capital, tomo I, pág. 203): se ha producido, como siempre, por una gestión política que produce efectos inhumanos a todo nivel; esta política ha expandido los miedos sociales que están presentes en la cotidianidad como el miedo que produce la inseguridad en el trabajo, el miedo que produce el desamparo en la salud, en la educación y en la seguridad social. De tal manera, el individuo ha quedado inerme ante relaciones sociales que no controla y ello ha aumentado sus miedos y su sensación de inseguridad ante el prójimo (“próximo”, Freud...) y a esto pretende conjurarlo invocando una poción mágica, un pharmakon: el Derecho Penal, que con violencia supuestamente anula la violencia (Resta, 1995). Pero el derecho penal no posee cualidades prácticas per se, ya que las normas están mediadas ya por individuos portadores de relaciones sociales que ocupan cargos en las instituciones estatales, ya por dichas instituciones estatales (corporativas) como el Poder Policial, el Poder Judicial y el Poder Penitenciario, que son las que ejercen o no ejercen el Derecho Penal.
En realidad, como sabemos, es el poder policial el que en los hechos maneja y gestiona la (in)seguridad ciudadana y no como se cree esa institución subordinada que es la “Justicia”. No tanto porque no comparta la visión de la (in)seguridad como la de la policía, sino que dicho poder carece de capacidad operativa para vigilar, controlar, disciplinar, normalizar las conductas humanas que es el verdadero objetivo de la dominación social y no la moral ciudadana. Lo contrario sería caracterizar al capitalismo y al orden social y las instituciones que lo componen, por una intención de nobleza, de justicia, de moralidad, de ética general y universal solidaria y fraterna, que se propone la felicidad de todos donde la continua acumulación originaria y la tasa de ganancia serían sólo un componente material contingente.
Ahora bien, no puedo dejar de señalar que sobrevuela en mis reflexiones la nueva realidad que integra también el fuerte crecimiento de los delitos interpersonales violentos; éstos son realizados, mayoritariamente, por pobres-débiles-vulnerados-desesperados sociales (los únicos que son perseguidos penalmente); son actos a los que la lectura vulgar los considera “espasmódicos”, de aquellos que se niegan a morir en silencio frente a tanta inequidad social; pero ¿no será necesario preguntarse acerca de su significado moral? ¿No existe en ellos una reclamación o protesta humana, de sobrevivir, frente al genocidio al que son condenados?
Es cierto que la imagen del holocausto es más turbadora que esclarecedora, pero las estadísticas sociales, no sólo de Argentina sino de América Latina toda, muestran un verdadero genocidio social. El proyecto de poder ha sido pensado con base en la variable “aceptación” de la racionalidad económica-mercantil por parte de la población; ésta ha sido pensada como los judíos caminando hacia los hornos crematorios sin resistir, ya sea por terror, por incomprensión o por vencidos, y no contaba con la existencia de algunos muchos que violentan las sagradas normas legales para sobrevivir; aunque se les atribuya falta de conciencia o racionalidad (¿?) no sólo violan la propiedad sino que desconocen el derecho de propiedad. Ya lo había advertido preocupadamente Hobbes, cuando decía que hay hombres que violan las leyes por debilidad pero hay otros hombres que desprecian las leyes.
La guerra social siempre presente, pero hoy exacerbada, de los poderosos y triunfadores sobre los derrotados sociales produce víctimas más o menos inocentes (¿que están en el medio?) pero la guerra siempre tiene estos “inconvenientes”. Y así esta reflexión va en el camino de sostener que el modelo neoliberal incluía una oblación social en un quirófano y se ha encontrado con que muchos pacientes que iban camino a ser “autopsiados” simplemente se niegan a ser pacientes. En tal sentido, esta particular inseguridad que sobrevuela a nuestra sociedad, como a otras latinoamericanas, está producida por esta nueva “forma económica” legal-ilegal que ejercen estos parias sociales para sobrevivir, “forma económica” que es la que siempre han utilizado los sectores dominantes, en otros rubros más lucrativos, para la acumulación capitalista.
He enfatizado que el fenómeno de la inseguridad personal es una característica novedosa de estos veinte años, en especial de los últimos diez. No creo que este fenómeno se retire de nuestra realidad ni con aumento de la represión penal ni con sermones de índole moral o religioso. Creo, sí, que el cambio en el modelo económico que parece estar produciendo el nuevo gobierno al rechazar las políticas neoliberales abre la posibilidad de reducir este fenómeno a niveles compatibles con la vida ciudadana.

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Pensamiento y arte post-dictadura

La desertización cultural

Durante los primeros años de la redemocratización, se instaló una fuerte tensión memorialista en la cultura argentina. Las derrotas políticas, la tragedia terrorista, el anquilosamiento de la izquierda y la falta de imaginación general impidieron que intelectuales y artistas interpretaran la magnitud del giro que daría el país en los ’90. Esa década impregnaría al campo cultural con una cierta barbarización y un antiintelectualismo caníbal contra la crítica y las formas más sofisticadas de pensamiento. La intervención del menemismo puede sintetizarse en megalibrerías, masivos espectáculos públicos y visitas de estrellas del pensamiento mundial. Durante diciembre de 2001, el amplio campo de la cultura nacional terminaría por enfrentarse al espejo de su falta de ética, valores, identidad e inteligencia. Y saldría del trance enriquecido y reconectado con su capacidad de resistencia.


Nicolás Casullo
Profesor e investigador de la UBA y de la Universidad de Quilmes, ensayista, novelista, director de la revista “Pensamiento de los Confines”.

Sería por demás aventurado, cuando no arbitrario, construir una lectura del campo cultural argentino más dinámico y preponderante en tendencias, posicionamientos y con permanentes posibilidades comunicativas hacia zonas de la sociedad. Sin embargo, encarar un tema así obliga a esa situación temeraria y forzada de encontrar el hilo de Ariadna que explique las distintas encrucijadas de su transcurso contemporáneo. Teorizar culturalmente sobre la cultura es en primer término una tensión que nunca se deja leer cabalmente en cuanto a qué se hace realmente en ese preciso momento y con tal dupla sujeto-objeto-sujeto. Donde al investigar el mundo investigo mi casa. Por una parte, bajo la noción de cultura se estira el presente hasta límites inapropiados, por lo cual todo aquello que sucedió desde fines del ’83 hasta nuestros días es un acontecer que todavía acontece, una actualidad abusiva, una figura siempre inconclusa y absuelta de caer en los museos de la historia.
Por otra parte, todo lo contrario. El abordaje cultural de la cultura, de ideas sobre ideas, de historias intelectuales sobre otras, de mundos simbólicos atropellándose unos contra otros como en el andén de un subte con gente que entra y sale de los vagones, precipita a la vez en un gesto inverso a aquel presente infinito. Digo, concluye en un ademán posmoderno en boga de preterizar constantemente todo presente: de llevarlo a pasado analizable al día siguiente de ocurrido. De museificarlo, tal vez por un exceso de teoría académica, por el propio redimensionamiento de lo cultural como necesidad frente a una política en lapidaria crisis. O como una forma narrativa de indicar, sin decirlo expresamente, que lo que reapareció enfáticamente en el campo de las relaciones culturales es el predominio de la estética. De un ligare sensible con el mundo, en tanto subjetividad social que hoy se despreocupa en gran parte de la confianza en la historia. De la confianza en aquella legendaria conciencia histórica. Y tiende más bien a deslizarse en el libre discernimiento, en la falta o ausencia de sentido sobre aquello que suele preguntarse el campo cultural y sus estelas, vía obra, arte, universidad, suplemento cultural, coloquio, o en la soledad de mirar un árbol.
Siguiendo las manías de los románticos alemanes (el poeta Jean Paul pensaba que la novedad era que el mundo ahora había pasado a estar cada vez más lleno/vacío), supongamos que la historia más lejana, huidiza y difícil de atrapar por nuestro conocimiento o alma –desde el XVIII en adelante– resulta ser lo actual. La inhallable representación que dé cuenta de las representaciones fácticas y huidizas que caen y se levantan delante de nuestros propios ojos. En Argentina, lo que puso en evidencia la post-dictadura fue que un país cultural-politico cuya biografía enredaba sus lianas desde el ’20 al ’60 había concluido entre armas, terrores, exilios, muertos sin tumbas y hundimiento de una escena histórica moderna pensada y calculada, que se había autopercibido –toda ella– bajo el equinoccio de resistencia y vanguardia. De esto no voy a hablar.
La democracia recobrada en el ’83 no trajo un utopismo cultural a la manera de las radiaciones sesenteras donde se pensaban cumplir mandatos de principio de siglo, sino aconteceres que impactan fuerte en la atmósfera del campo de la cultura, y en la relación de éste con la cultura toda. Y en este juego de vectores que chocan, entrechocan y confunde extraigo tres actores: la política, lo massmediático, lo intelectual específico en su más amplio significado (reflexivo-artístico).
Primero sucedió un imprevisto para la “bisoña” estirpe argentina moderna: necesidad de situarse en la memoria explícita. En la memoria de la muerte trágica del exterminio. De ahí la década prohijó una cultura del juicio en sus diversos significados: sobre una equívoca condena a demonios, sobre una república perdida, idea que impactó a una generación joven urbana con la misma capacidad instrumental y falsificadora de otras miradas sobre el pasado. El juicio expuso y escamoteó el pasado en ambos casos, y sobre tal fallido se quiso enderezar la cultura.
El otro dato subterráneo: la furibunda crisis del peronismo también en aquellos planos que habían reunido política e intelecto, ideas y objetivos. Imposibilidad de reponer en la cultura, en la comunicación masiva, de legitimar desde ahí hacia la sociedad su antigua cifra muerta de identidad nacional y de justicia social. Por ultimo, el reinado de los nuevos credos socialdemócratas, por ese entonces en oferta en Occidente, sobre gobernabilidad, sobre modelos contractuales, sobre ciudadanía y consenso, que aconsejaban olvidar al extremista Rousseau y su mítico pueblo soberano, y releer en cambio al Hobbes de los miedos sociales y el contrato serenante. Se había pasado de lo social a lo político. Y de lo político a su rotunda y utopizada autonomía. Y de tal autonomía a una ingeniería republicana hiperinstitucional, y también a un pragmatismo que se fue acentuando y coronó con Menem.
Tal cultura no tuvo conciencia de que estaba en las puertas de un giro de magnitud epocal que tendría lugar en los ’90. Las propias derrotas, los años oscuros del terror, las limitaciones autocríticas, la petrificación de las izquierdas reprimidas durante una década occidental clave en sus balances (1975-83), las posteriores líricas radicales supuradoras de una virtud más bien hedionda y vetusta, y la falta de imaginación general pusieron de manifiesto que sobre todo fue una década asentada sobre una obsesión: lo desaparecido. Que no sólo fueron miles de cuerpos, sino mayúsculas correas de trasmisión identitarias, ideológicas, culturales, literarias y estéticas que no fueron suplantadas sino más bien abandonadas al sol y la lluvia oxidante. Como si el enjuiciamiento –como clave hegemónica de un tiempo cultural– destinase más que a un pensamiento crítico reinaugurante de preguntas, sólo a figuras tribunalicias, denuncistas, fiscalizatorias cada vez más distorsionadas y simuladas.
De ahí saldría ya para los ’90 la cultura del amarillismo periodístico como manera predominante de leer la política ante la virtual ausencia de crítica política. También cierta barbarización massmediática con sus distintas formas de canibalismo contra la reflexión, contra el pensar a contrapelo, contra la explicación más sutil y dificultosa. Es decir, el ejercicio ya espectral de un populismo argentino profundamente enquistado, pero ahora inscriptos en cualquier programación televisiva, radial o gráfica gestadora de variadas formas de audiencias qualunquistas en el mítico nombre de “la gente” y sus deseos. A la vez, un mercado cultural donde el intelectual fue tejiendo no una alternativa, no una teoría nacional o malestar radical con la cultura, sino la expansión de su narciso en el reflejo del pequeño charco del mercado cultural con sus distribuidoras y recolectoras. En los casilleros preestablecidos por las empresas comerciales e instituciones afines, la faena intelectual descubrió la importancia de transformarse en operatoria final de prestigio de cualquier producto problemático u objeto de época que entrase a escena, los cuales pasaron a contar con su presencia “aportadora”.
Ya es dable de situar en todo esto, como puede olfatearse, el extenso tiempo del gobierno peronista bajo la égida de Carlos Menem. Su etapa fundó la cultura del fin de la política como mínimo proyecto. Fue el tiempo de un inaudito vaciamiento-reposición cultural en todos los estamentos, que también se verificó en la menemización del campo de la cultura: contagio amplio e inversamente proporcional a los denuestos que desde dicho campo se hicieron contra Menem en términos de meros contenidos. “Modernizaciones”, megalibrerías, buenos pagos a colaboradores, invitaciones de astros pensantes al país, eventos, “excelencias” académicas, gerenciamientos culturales, simulacros que ayudaron a engendrar la nueva política progresista bajo la lógica massmediática que acompañó su acierto de denostar a una izquierda anquilosada con el patetismo de su entusiasta voto a la Alianza, caja simbólica donde se resumió el camino de dos décadas culturales en el sentido de una falsa conciencia portadora de virus.
Más tarde, la debacle nacional de diciembre de 2001 encontró un campo donde muchos intelectuales neomísticos, políticos distraídos y comunicadores excitados imaginaron el fin y el principio, la ida de todos y el ingreso de lo inédito. La noche de los tiempos y la paurisía dorada. La revolución en tres meses sin toma del poder y con la velocidad de una programación de TV para el verano. O, de alguna manera más modesta, algunos pensaron que había llegado el tiempo del cementerio de mucho de lo que constituía ese presente democrático como mundo histórico. Mundo que si en algo mostraba sus llagas era en el campo social de las múltiples e inéditas miserias, y en el inmenso campo de una cultura nacional desfondada en valores, creencias, éticas, conductas, creaciones, confianzas, ideales, respetos, inteligencia, ponderaciones, diálogos, fraternidades, recuerdos, identidades, amores, orgullos y sabidurías. Fue el tiempo de la cultura como el rostro en el espejo. Una nueva tensión nacía muy de a poco: cultura como capacidad de resistencia, y no como vehiculización de las distintas formas que tienen esas muertes a la cuales se sobrevive.

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Entrevista a Adolfo Pérez Esquivel  

CONSERVAR LA DEMOCRACIA

En 1980 obtuvo el Premio Nobel de la Paz, en reconocimiento por su lucha en defensa de los derechos humanos. Es presidente del Consejo Honorario del Servicio de Paz y Justicia latinoamericano y de la Liga Internacional por los Derechos Humanos y la Liberación de los Pueblos (Italia). Entre otros trabajos publicó “Caminando junto al pueblo” (1995), donde relata sus experiencias con la no violencia en América Latina.

 

 


Entrevista: Paola de Titto

Tiene 72 años, una agenda más que ajustada, y una enérgica actividad que no le impide demostrar su calidez y amabilidad en el trato personal. Cada palabra, cada frase está acompañada por un silencio que automáticamente se transforma y rebota en infinitas reflexiones en su interlocutor.
Es arquitecto y escultor. Fundó en 1974 el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), cuyo objetivo principal fue “trabajar por alcanzar el respeto de los principios básicos de los derechos humanos a través de una política de no violencia”. Sus fuertes diferencias con la dictadura militar de 1976-1983 lo llevaron a estar preso durante meses en los sótanos de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Actualmente es profesor titular de la asignatura de Derechos Humanos y Cultura para la Paz en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Y desde allí aborda problemáticas como desigualdad, dignidad y justicia en la democracia.

–¿Qué significó para usted aquel 30 de octubre de 1983?
–Para todos aquellos que estuvimos luchando, que asumimos un compromiso para la recuperación del proceso democrático, lógicamente vimos la recuperación de la democracia en 1983 como una esperanza. Pensamos que las dirigencias políticas habían aprendido la dura lección del pueblo.
Teníamos esperanza en un candidato como Alfonsín, aunque también empezamos a comprender ciertas cosas, como que había negociado con los militares o que las leyes de Punto Final y Obediencia Debida ya estaban armadas. Por ejemplo, varios dirigentes políticos de los dos grandes partidos, el radicalismo y el peronismo, estaban tratando de arreglar y de consensuar las cosas con los militares.

–¿Cómo definiría la democracia?
–Como espacios a construir. Ahora el pueblo aprendió la lección, nosotros cometimos muchos errores en los organismos de derechos humanos. Porque podríamos haber formado una fuerza política distinta. Pero no lo hicimos, pensando que los dirigentes políticos habían aprendido la lección que le costó mucha sangre a un pueblo. Lamentablemente, no fue así.
Entramos en un proceso constitucional, yo no diría tanto democrático. Porque la democracia no sólo es poner el voto en una urna, la democracia significa un derecho de igualdad para todos. Y acá hay una gran desigualdad. Bastan ejemplos como las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los indultos.
Yo siempre digo que la dominación no comienza por lo económico. La dominación comienza por lo cultural. Y si nos dominan culturalmente perdemos lo esencial que es ser pueblo. Nuestra identidad, nuestros valores, nuestra espiritualidad, nuestra historia.
Por eso la democracia no tiene nada que ver con poner el voto en una urna.

–¿Cree que fue justo el Juicio a las Juntas Militares en 1985?
–El juicio, con todas sus dificultades, creo que fue lo único que se hizo a nivel latinoamericano y en todo el país. Pudieron llevar por fin a los militares ante la Justicia. Lamentablemente, fueron juzgados por el Código Militar y no el Federal, cuando en realidad ésos son crímenes de lesa humanidad a un pueblo. De todos modos, fue lo único que se logró después de muchos años de lucha y de reclamos. Pero creo que si se llegó a eso fue por la lucha de los organismos de derechos humanos y no por las dirigencias políticas. Porque sabíamos cuáles habían sido sus comportamientos.

El 20 de septiembre de 1984 la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) entregó un informe que relevó 8.961 casos de abducción, desaparición, tortura y ejecuciones sobre el accionar represivo. Adolfo Pérez Esquivel fue propuesto para integrar la Comisión de notables, pero se negó a integrarla. Para él la Comisión no tenía ninguna capacidad de investigación de los hechos, sólo se trataba de una mera confirmación cronológica de los hechos.

–Nosotros sabíamos que Alfonsín iba a pasar todo a la Justicia Militar y no a la Federal. Yo manifesté que los resultados debían ser juzgados por la Justicia Federal. Pero nosotros no dejamos de mandar mucha información a la Conadep. Sobre todo porque había mucha gente amiga, respetable y querida. Pero yo, por una cuestión de principios, no podía integrar esa comisión en donde los militares no podían ser juez y parte. Y los hechos confirmaron que yo tenía razón, los militares no se juzgaron a sí mismos.

–¿Qué le reprocha a Raúl Alfonsín?
–Yo creo que Alfonsín tuvo todas las posibilidades tanto nacionales como internacionales para enfrentar todo esto. No sé si por falta de coraje o porque lo había negociado todo, pero así fueron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Por ejemplo, en el caso de Rico [1], Alfonsín no quiso escuchar a nadie pues él pensaba que con su manejo político era suficiente, pero ahí se equivocó y se transformó en cómplice.
Yo me pregunto, cómo un presidente se va a reunir con un golpista y luego decir “La casa está en orden” y “Felices Pascuas”. Yo estaba en Plaza de Mayo y sentí angustia. Todos decíamos: está matando la democracia y el derecho de un pueblo.

–¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos?
–Hablar de derechos humanos significa fortalecer y reconstruir los espacios públicos de la sociedad civil, contribuir a la educación y a la formación de los niños en estado de riesgo social, construir alternativas y nuevas utopías, no discriminación, dignidad, solidaridad, justicia, cooperación, tolerancia, libertad, igualdad y la paz en el mundo.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en 1997, se propuso priorizar los derechos del niño, la integración con las asociaciones humanitarias y la búsqueda de identidad de los hijos de desaparecidos y la reparación a las víctimas del terrorismo de Estado.

–¿Qué balance hace de los últimos presidentes con respecto a los derechos humanos?
–Recuerdo a un amigo en África que me decía que en el Consejo de los Ancianos le enseñaron que si no sabés a dónde vas, regresá, para saber de dónde vienes. Y ésa es la sabiduría.
Menem fue un hombre que entregó el país y fue cómplice en todo. Hasta sacó los indultos (1989/1990).
De la Rúa fue un hombre que estuvo condicionado a las políticas del menemismo. Y esto lo llevó a un fracaso en donde se había saqueado a un país.

–¿El gobierno del actual presidente le inspira una esperanza renovadora?
–Kirchner es una persona que encaró las cosas de manera muy frontal y muy directa para terminar con la impunidad. Porque sobre la impunidad es imposible construir un proceso democrático.
Creo que desde la política actual, hay una esperanza de construcción, de poder sanear para recuperar las instituciones del Estado para que cumplan las funciones que le corresponden, y que las cumplan lo mejor posible.
Este gobierno recibe una herencia pesadísima, como un elefante en una cristalería. Tenemos cerca de 23 millones de argentinos en situación de pobreza, más de 10 millones de argentinos bajo el nivel de pobreza y se nos mueren los niños de hambre y de enfermedades evitables. Yo me pregunto cómo reconstruimos el cuerpo social y la capacidad de unidad nacional.

–¿Cree que el pueblo argentino despertó en sus pedidos de justicia?
–Yo siempre digo que tenemos que tener memoria, pero memoria no para quedarnos en el pasado. La memoria nos debe iluminar el presente, porque es a través del presente donde podemos generar un futuro.
Yo creo que el pueblo está recuperando la memoria, de los últimos cimbronazos, de los cacerolazos, de toda esta angustia existencial. Y dejó de ser espectador para asumirse como protagonista, constructor de su propia vida y de su propia historia.
Qué hay más importante que la recuperación de la participación.
Cuando los pueblos dejan de ser espectadores se autoconvocan para ser protagonistas y ser constructores de su propia vida y de su propia historia. Y ésa es la esperanza que hoy podemos tener en el país.
Un antiguo proverbio sefaradí dice: “La hora más oscura es cuando comienza el amanecer”.
Yo creo que nosotros nunca podemos perder de vista el amanecer. Porque el día que perdamos de vista el amanecer estaremos vencidos.

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