Diciembre 2005

DISPOSITIVOS DE EXCLUSIóN SIMBóLICA EN LAS NOTICIAS

La criminalización mediática

Los discursos informativos pueden ser entendidos como relatos de control social en la medida en que naturalizan el accionar represivo de las agencias policiales y judiciales. Sin embargo, es posible pensar también que la narración de las agendas informativas se ha transformado en un dispositivo de exclusión simbólica de los sectores sociales marginados. Por lo general, estos sectores son criminalizados tanto en la información sobre el delito como en la de las expresiones públicas de protesta. Los cambios operados en los últimos años en la construcción de la noticia permiten desentrañar el significado político de esa criminalización mediática.


MARCELO R. PEREYRA
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Auxiliar docente, cátedra Teorías sobre el periodismo, Facultad Ciencias Sociales, UBA. Auxiliar docente, seminario "La vida cotidiana en las narrativas institucionales y sociales sobre la violencia" (a cargo de la profesora Stella Martini). Investigador de apoyo en el proyecto UBACYT S109 (2004-2007): “La comunicación del delito y la violencia en la vida cotidiana: estudio de prácticas, discursos y representaciones de instituciones gubernamentales, sociedad civil y medios masivos”. Director de la revista electrónica Contracultural (www.contracultural.com.ar). Miembro del Consejo Editorial de la revista electrónica Perspectivas regionales. El Norte de la comunicación.
marceloper@uolsinectis.com.ar.

 

Otro aluvión zoológico

Bajo el capitalismo reconvertido y resemantizado como neoliberalismo, se exponenciaron las magnitudes del desempleo, la pobreza y la indigencia y, concentración del ingreso mediante, se extremaron las distancias sociales. Se conformaron de esta manera dos sectores sociales nunca tan netamente diferenciados: los incluidos y los excluidos. La antigua sociedad integradora –la sociedad del trabajo– se transformó en una sociedad atomizada, fragmentada, cuya agenda estalló en infinitas demandas sectoriales que superan la sola reivindicación por un mejor pasar económico (Feijoó, 2003).
Pero desde mediados de los '90 no solamente son pobres los desocupados sino muchos de los que trabajan. En este proceso de su empobrecimiento, los sectores medios y bajos comenzaron a entender que el mundo había cambiado de maneras no previstas en su imaginario, e iniciaron un proceso de culpabilización de los que están por debajo de ellos en la escala social.
Desmembrado el movimiento gremial gracias a las políticas de desindustrialización y de privatización, los desocupados-piqueteros pasaron a ser los protagonistas más públicos del conflicto social.
Hace diez años el término “piqueteros” gozaba de cierta simpatía en tanto ejemplo de lucha contra lo peor del neoliberalismo, pero conforme la crisis se fue expandiendo a otras clases, adquirió una connotación fuertemente negativa asociada al delito. La utilización de pañuelos en la cara por parte de muchos de sus militantes, para evitar ser identificados en las filmaciones policiales, fue una de las excusas para su criminalización.
Las muchedumbres de manifestantes, provenientes de los suburbios pobres, que llegan semana tras semana hasta el “corazón de la city porteña” son presentadas por los medios como una horda peligrosa que sitia la ciudad. El imaginario de un “aluvión zoológico” que invade un territorio que no le pertenece continúa tan vigente como lo estuvo el 17 de octubre de 1945, cuando los obreros peronistas arribaron a la Plaza de Mayo para reclamar la libertad de su líder.
De esta forma en los medios masivos el acontecimiento de la protesta se construye a partir de sus efectos y no de sus causas. Los desocupados-piqueteros son incluidos en las agendas periodísticas sólo como provocadores del caos en el tránsito urbano –y no como actores políticos–, con lo cual se despolitiza el conflicto. La figura del caos reviste aquí una doble significación: demoniza al manifestante y sobredimensiona el supuesto perjuicio provocado por la protesta (Iglesias, 2005).
Se hace evidente entonces que a la hora de representar la protesta de los desocupados los medios se ponen del lado de los perjudicados por sus efectos. Refuerzan así el contrato de lectura con sus públicos porque se ocupan de sus problemas representando una de las zonas conflictivas de su mundo.
Las distintas agencias del Poder también sancionan la protesta. El Poder Judicial –que debería ser el más sensible frente a la marginalidad– en vez de proteger a los manifestantes es el primero en hostigarlos. También son cuestionados por políticos y funcionarios gubernamentales. Aun cuando durante la protesta la violencia se suele desatar a partir de la represión, jueces, funcionarios y medios asignan únicamente el carácter de violentos a los piqueteros. Esta estigmatización basada en una estereotipación de la violencia deslegitima su metodología de lucha, y al excluírselos del ámbito ciudadano se les niega la vida pública y se los recluye en su privacidad excluida.

Los nuevos delincuentes

Actualmente se percibe al delito como un constituyente habitual de la vida cotidiana (Pegoraro, 2003). En las clases más privilegiadas, esta percepción obedece en parte a sus propias experiencias victimizantes, pero en realidad se debe fundamentalmente al estado de alarma generado por los discursos periodísticos.
Se asocia al delito no con la peligrosidad de los individuos sino con la de ciertos grupos sociales (Daroqui, 2003). Son especialmente los pobres los señalados directa o indirectamente como principales responsables del aumento de la inseguridad urbana. En los medios es común que el hábitat de la pobreza sea presentado como el del delito. Los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano son los escenarios del crimen más jerarquizados en la información. La prensa gráfica utiliza dos modalidades para ello: los diarios de lectorado popular pueden agrupar en la tapa del día una serie de hechos delictivos que ocurren en dichos escenarios, pero que no guardan otra relación entre sí. Consideradas individualmente, esas noticias suelen tener baja noticiabilidad, pero su selección y agrupación arbitraria y circunstancial, y su presentación en la tapa acompañadas de una retórica sensacionalista con imágenes de impacto dramático, interpelan las emociones del lector; el miedo se internaliza y esas zonas geográficas pauperizadas pasan a ser entendidas como peligrosas.
Por su parte, los diarios "serios” apelan a una explicación supuestamente más racional sobre la geografía del delito. Consiste en la publicación de estadísticas, mapas e infografías que ilustran los informes que difunden las agencias policiales y judiciales sobre las zonas de la ciudad y su periferia donde se denuncian y/o cometen más delitos. Pero además, para el caso particular de la zona norte del Gran Buenos Aires, estos diarios subrayan el riesgo que representa el hecho de que los countries y barrios cerrados tengan en sus cercanías barrios pobres, dando a entender que la zona entera ha devenido peligrosa porque en ella hay pobres, y sobre todo porque hay pobres viviendo cerca de los ricos (Pereyra, 2004, b).
Las infografías y los "mapas del delito", modalidades enunciativas de reciente implementación, funcionan como énfasis de los textos y, a la vez, por la cantidad de información que ofrecen adquieren un estatuto propio tan importante como el textual.
Si la gran ciudad y sus suburbios son en sí mismos espacios de representación de las desigualdades sociales, la segregación se reproduce en las agendas de los medios donde los pobres son los victimarios por excelencia. La singularidad de la situación presente es que esta representación ya no es propia de la nota roja de los diarios amarillistas: ahora se ha extendido a todo el espectro mediático y atraviesa sus distintas agendas. Es por ello que la acción de los medios es factor fundamental en la sensación de amenaza que los pobres les generan a vastos sectores de la sociedad urbana.

Sincronizando sensaciones

A menudo, delitos de entidad similar que se producen dentro de un rango relativamente estrecho de tiempo son presentados por los medios como “ola de inseguridad”. En realidad, la inseguridad no es el problema sino el efecto que genera en la población la sobrerrepresentación mediática del delito. En las noticias policiales, las retóricas sensacionalistas coadyuvan a generar una campaña de alarma social que dificulta una visión contextualizada de las problemáticas del delito y la pobreza. Éstas no son entendidas como del orden de lo político-económico, sino de naturaleza microsocial o individual, ya que se las termina reduciendo a un crecimiento de la crueldad de los grupos vulnerables, siempre los otros-ilegales en las representaciones del delito presentes en los discursos mediáticos y oficiales. Pero además, son los grupos que desde siempre han sido etiquetados como delincuentes por las instituciones penales, de manera tal que se ha conformado un estereotipo histórico delincuencial.
También en el discurso noticioso hay estereotipación. Se asiste en los últimos quince años a un progresivo deterioro de la calidad de la información, conformada ahora más por imaginarios que por datos puros y útiles para la constitución de ciudadanía. Por lo tanto, los estereotipos son cada vez más frecuentes en los discursos mediáticos, precisamente porque son la materia prima que utilizan clases, subclases y grupos sociales para imaginar su identidad.
Pero un exceso de estereotipación lleva a su vez a estigmatizaciones que refuerzan el discurso de la exclusión, ampliando de esta manera asimetrías identitarias y sociales. De esta forma, los medios masivos, sobre todo en épocas de crisis, reactivan imaginarios reaccionarios y xenófobos en los que los otros, en este caso los excluidos del sistema económico-laboral, personifican la amenaza y generan miedos; son por lo tanto los portadores del germen de la inestabilidad y el desorden social. En consecuencia, esas estigmatizaciones se vuelven una herramienta de control social, porque aún cuando la otredad es una condición común, la distancia social y simbólica que nos separa de los otros puede ser mayor o menor, y se ensancha o se acorta según la carga afectivo-atributiva que porta (Margulis, 1998).
Para las expresiones públicas de la protesta también rige un imaginario de miedo donde el que se manifiesta es el otro-peligroso que “sitia” la ciudad. En la información periodística el debate de fondo queda oculto o es desviado. Se puede pensar que ello ocurre porque para entender el conflicto en términos macrosociales los medios deberían recurrir a categorías –vinculadas a los conceptos de clase y lucha de clases– que los comprometerían a ellos mismos como sujetos involucrados en ese conflicto. En suma, el discurso mediático viene aquí también a excluir a los excluidos en tanto ciudadanos-actores políticos que ejercen su derecho a peticionar frente a las autoridades.
No son nuevos los imaginarios que señalan a los pobres como responsables de la violencia y la inseguridad pública; lo nuevo es que actualmente se ven fortalecidos “por la presencia ubicua de unos medios que establecen para cada acontecimiento una sola verdad, un solo ángulo de interpretación, deshistorizando los procesos que propician el inmediatismo y la lectura simplista de acontecimientos que requerirían marcos de intelección profundos y reflexivos” (Reguillo, 1998). Si los medios y sus públicos se recortan como un nosotros, ese universo debe necesariamente incluir a los poderes del estado y a sus funcionarios, pues en tanto éstos son fuentes hiperrepresentadas en la información, puede afirmarse que es en definitiva el sentido del mundo que tiene el Poder el que se constituye como representación hegemónica.

De simbolismos y funciones políticas

Marginar, excluir, discriminar: dispositivos que expresan la crisis actual de la posmodernidad occidental, en la que las aspiraciones de los sectores sociales medios y altos por mantener a los excluidos en las márgenes de la estructura societal se encarnan en el discurso mediático. Se trata de una nueva faceta de la lucha de clases que ahora se libra en el campo de la producción simbólica. Aunque la real influencia que tienen los medios sobre la agenda social está en discusión, es incuestionable su calidad de intermediarios simbólicos, lo cual les confiere un poder que es necesario descubrir “allí donde menos se ofrece a la vista” (Bourdieu, 1999). Como sea, los grandes medios tienen la capacidad de imponer una agenda de atributos cuando señalan, identifican y clasifican temas, grupos sociales e individuos. Su función política fundamental es la de legitimar y reproducir las dominaciones de clase (violencia simbólica) “aportando el refuerzo de su propia fuerza a las relaciones de fuerza que las fundan, y contribuyendo así, según la expresión de Weber, a la ‘domesticación de los dominados’” (Bourdieu, op. cit.).
El delito y la protesta pública ponen en cuestión al sistema de dominación instituido; debe ocultarse que son su consecuencia porque de lo contrario se revelaría la esencia de la dominación misma. Ejerciendo su poder simbólico, los medios contribuyen a ese ocultamiento cuando excluyen a los dominados de la agenda política y los llaman invariablemente como otros-peligrosos. El poder, dice Humpty Dumpty, el personaje de Lewis Carroll, consiste en llamar a las cosas como uno quiere, y que los otros las llamen de la misma manera.

Bibliografía

–Bonilla Vélez, Jorge I. (1997), “Crisis de lo público y medios de comunicación: información, paz y democracia en Colombia”. En Entel, A. (comp.), Periodistas: entre el protagonismo y el riesgo. Buenos Aires, Paidós.
–Bourdieu, Pierre (1999), “Sobre el poder simbólico”. En Intelectuales, política y poder. Buenos Aires, Eudeba.
–Briceño-León, Roberto (2002), “Introducción. La nueva violencia en América Latina”. En Briceño-León, R. (comp.), Violencia, Sociedad y Justicia en América Latina. Buenos Aires, CLACSO.
–Daroqui, Alcira (2003), “Las seguridades perdidas”, en Argumentos 1 (2), mayo de 2003.
–Feijoó, María del Carmen (2003), Nuevo país, nueva pobreza. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2001.
–Hernández García, Sonia: “Un acercamiento a la nota roja: la inclusión y exclusión de las clases vulnerables”.
En www.saladeprensa.org, 45, julio 2002, año IV, Vol. 2.
–Iglesias, Martín E. (2005): “Mediados. Sentidos sociales y sociedad a partir de los medios masivos de comunicación”. En Cuaderno de Trabajo Nº 57, Ediciones del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Buenos Aires.
–Margulis, Mario; Urresti, Marcelo y otros (1998), La segregación negada. Cultura y discriminación social. Biblos, Buenos Aires, 1998.
–Pegoraro, Juan (2003), “Una reflexión sobre la inseguridad”. En Argumentos 1 (2), mayo 2003.
–Pereyra, Marcelo (2002), “Crisis, protesta social y medios masivos”, en www.contracultural.com.ar, septiembre, 2002.
–Pereyra, Marcelo (2004, a), “Migraciones y pobreza: dos problemáticas en busca de una agenda en los medios de comunicación”. Ponencia en el VII Congreso Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación, Universidad de La Plata, octubre 2004.
–Pereyra, Marcelo (2004, b), “Geografías y mapas del delito. Textos y contextos en la prensa gráfica”. Ponencia en las VIII Jornadas Nacionales de Investigadores en Comunicación, mímeo.
–Reguillo, Rossana (1998): “Un malestar invisible: derechos humanos y comunicación”. En Chasqui, 64, diciembre, 1998.

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URBANIZACIÓN DE PUERTO MADERO

Del puerto de barro al barrio global

A comienzos de los ’80, la languidez de unas pocas funciones portuarias, el deterioro o abandono de las instalaciones, la inaccesibilidad, caracterizaban a la zona portuaria. En los ’90 se instaló en el país una política de liberalización salvaje basada en la venta del patrimonio estatal y en el aumento del endeudamiento externo que condujo a la puesta en marcha del actual estado de transformación del área, puesto que las tierras de Puerto Madero eran las más valiosas de todo el territorio argentino. La ciudad ganó así un área nueva y sobre todo un espacio público a escala metropolitana que posee una fuerza sin lugar a dudas excepcional y que la enriquece desde numerosos puntos de vista. Sin embargo, no puede ignorarse que la eficacia política y económica de la operación no se condice con sus resultados sociales y culturales.


JORGE FRANCISCO LIERNUR
Arquitecto UBA. Realizó estudios de Posgrado en Historia de la Arquitectura y el Arte en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia y la Universidad de Bonn. Director del Centro de Estudios de Arquitectura Contemporánea de la Universidad Torcuato Di Tella. Director de la Cátedra de Estudios Latinoamericanos “Juan O’Gorman” de la FADU, UBA. Investigador del CONICET. Profesor invitado por las universidades Central de Venezuela, Río Piedras de Puerto Rico, Maracaibo, Harvard, Navarra, Roma “La Sapienza”, Los Andes de Colombia, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Treveris de Alemania, Rio Grande do Sul de Brasil, Universidad de la República de Uruguay, Politécnico de Turín.


Asomada sobre una barranca de no más de diez metros de altura al chato paisaje de agua, barro y juncales que constituye la costa del Río de la Plata, los conquistadores españoles fundaron dos veces –porque no bastó el impulso de la primera– una plaza fuerte a la que el segundo de ellos, don Juan de Garay, llamó pomposamente Ciudad de la Santísima Trinidad. No había en el lugar ni oro ni piedras preciosas. Sólo un retorcido curso de agua en el que los navíos podían protegerse de las furias del mar marrón que penetraba en el territorio y llevaba hasta el mismísimo Cerro Rico. A la boca de ese riachuelo de llanura, desencantado y tan joven que un par de siglos más tarde mudó su salida unos centenares de metros hacia el sur, Garay la bautizó Puerto de Santa María de los Buenos Aires.
Muy poco importaba ese lugar a la corona española. Se había elegido la margen occidental del río porque de este modo su existencia misma protegía de posibles invasiones portuguesas desde el este. El caserío y el precario puerto eran más bien una posta o un puesto de retaguardia en relación con el polo limeño, verdadero corazón del Imperio en la porción sur de América.
Pasaron los siglos españoles y en 1810 la independencia de los territorios que se identificaban con el nombre del río que llevaba el virreinato creado apenas unas décadas antes, por su existencia misma auguraba los cambios profundos que el lugar experimentaría más adelante. Tensada por las transformaciones capitalistas iniciadas en Gran Bretaña, y por ende sobre el Atlántico, no por casualidad fue la ciudad de Buenos Aires la cabeza de la rebelión. Para el sistema mundial montado por el imperio británico, Buenos Aires era ahora, debía ser, la puerta hacia las llanuras fértiles de las pampas, hacia sus enormes reservas de esas proteínas cuya demanda comenzaba a crecer al ritmo del bienestar europeo. Y a cambio era también, lo sería, el destino de sus manufacturas, de sus excedentes de capital, de sus nuevos inventos.
La construcción de un puerto, un puerto verdadero en el que cargar y descargar los barcos de porte creciente que permitían ese intercambio, era pues la primera prioridad de los comerciantes, financistas y grandes propietarios de tierras que propulsaron las revueltas contra el anticuado sistema español. La empresa no era técnicamente sencilla porque el río es una enorme extensión chata con grandes bancos que dificultan la navegación, de modo que además de unas dársenas suficientemente protegidas de sus violentos temporales era imprescindible construir y mantener un sistema de canales de acceso.
Y no había que resolver sólo un problema técnico. Los propietarios, los industriales, los artesanos, los campesinos, los burócratas y las jerarquías que se habían desarrollado en los territorios interiores vinculados al polo limeño, pero también grupos de ganaderos y agricultores de otras zonas de la llanura, no se resignaron rápidamente a ser sometidos al proyecto de la elite porteña. De manera que las guerras civiles post-revolucionarias consumieron los recursos de la región a lo largo de setenta años y sólo a partir de 1880 las fuerzas en pugna encontraron un sistema de estabilidad.
Durante casi todo el siglo XIX el puerto fue, por eso, el gran proyecto, la expresión más ajustada del país imaginado y deseado en Buenos Aires. Y en la medida en que la buscada estabilidad parecía acercarse, se iban acumulando las propuestas técnicas para su construcción. La mayoría de ellas consistían en el cavado de unas dársenas en las zonas más bajas de la costa, preferentemente en la zona sur de la ciudad, en los alrededores del Riachuelo. Pero las hubo también que creaban islas artificiales a unos centenares de metros de la tierra firme y a ella conectadas por puentes, o que, a la inversa, prolongaban el trazado cuadricular de la ciudad sobre el agua dejando para el puerto una parte sin rellenar, o que construían sobre el río una superficie artificial sobre bóvedas de mampostería para instalar depósitos en su parte superior y usar la inferior para circulaciones y servicios, o que, como lo hizo el ingeniero Bateman, desarrollaban, a lo largo de la costa una única gran dársena con uno de sus lados mayores ligado a la ciudad y otro, construido sobre el río.

La lucha por el puerto

Pero ninguno de estos proyectos se llevó a cabo. Mientras el pleito entre los componentes de las viejas “provincias unidas” no se resolvía, los comerciantes, ganaderos e industriales de Buenos Aires y su hinterland, ampliado hacia el sur mediante el avance sobre territorios indígenas, encararon trabajos de mejoramiento técnico de la elemental rada del Riachuelo. Se abrió un canal para facilitar la entrada de los barcos de carga, se construyeron depósitos de aduana, y un provisorio muelle de madera penetraba en el agua para recoger a los pasajeros que hasta entonces sólo podían desembarcar gracias a unos grandes carros con ruedas altas que los iban a buscar hasta donde podían llegar navegando.
El ingeniero que llevó adelante las tareas de mejoramiento del Riachuelo, Luis Huergo, era un técnico brillante y un no menos brillante polemista. Cuando a partir de 1880 las condiciones políticas y económicas permitieron atisbar la posibilidad de llevar finalmente a cabo las obras de un gran puerto, Huergo imaginó una solución impecable y novedosa para la época: un sistema de dársenas en peine, oblicuas a la costa y protegidas por una escollera.
Como alternativa a la solución de Huergo, Eduardo Madero, un empresario vinculado al comercio internacional, encargó un proyecto al estudio de ingenieros británicos Hawkshaw, Son y Hayter (HSH), los que a su vez consiguieron para la operación el apoyo financiero del Banco Baring. El puerto de HSH/Madero desarrollaba el proyecto de Bateman, con la diferencia que no se trataba de una única gran dársena sino de una secuencia de recintos.
Puede decirse que el proyecto de Huergo tenía una flexibilidad de la que carecía el de HSH/Madero. También que el de HSH/Madero incorporaba una parafernalia de puentes, esclusas y maquinarias ausentes en el de Huergo. Huergo concentraba la circulación en un único canal de acceso, mientras que HSH/Madero la bifurcaban hacia el norte y el sur. Obviamente, Huergo mantenía la importancia del sistema iniciado en el Riachuelo, mientras que HSH/Madero, con el nuevo canal, parecían priorizar un desplazamiento de las actividades hacia el norte. Desde el lado de HSH/Madero se acusaba al proyecto de Huergo de no resolver el problema de la contaminación con la que mataderos y frigoríficos infectaban las aguas en el sur (y las epidemias que habían diezmado la población en los años anteriores todavía hacían temblar de pánico a los habitantes de Buenos Aires).
Finalmente, el gobierno nacional otorgó la realización de las obras a HSH/Madero, y de allí el nombre del territorio urbano que estamos presentando, y las obras se desarrollaron en etapas, desde 1889 hasta 1897.
Había, como puede verse, numerosas razones de uno y otro lado de la contienda. Sobre ellas un aún más amplio cúmulo de argumentos ha sido acopiado desde entonces en defensa de los dos bandos. El tema ha servido para emblematizar la vieja polaridad que recorre la historia de los argentinos, entre los presuntos cosmopolitas ligados a las fuerzas del Atlántico y los que dicen defender los valores del interior americano. Demasiado esquemática esta competencia entre dos equipos homogéneos y aparentemente antagónicos como para no ser tomado como excusa de banderías. La historia, como siempre, parece haber sido un poco más complicada, pero dar cuenta del pleito nos permite mostrar el poderoso valor simbólico que el sitio aún conserva.
De todos modos, no tanto por imprevisiones o turbios intereses sino porque lo afectó la revolución de las cargas que convirtió en obsoletos a la mayoría de los puertos del mundo, lo cierto es que el Puerto de Madero ya no resultaba suficiente para absorber el tráfico que lo desbordaba a sólo dos décadas de haber sido creado.

Nuevos proyectos

A comienzos del siglo XX comenzaron a proyectarse nuevas instalaciones de este tipo hacia el norte de la ciudad –el llamado Puerto Nuevo–, de modo que el área creada por inspiración de Madero fue paulatinamente albergando otras funciones urbanas, y convirtiéndose gracias a su cercanía con el centro de la ciudad y a la existencia de amplias zonas no ocupadas por edificios y a la presencia del río, en el sitio preferido por las familias más modestas para pasear y descansar los domingos. El acceso a los poderes públicos –y en particular en el ámbito de la administración municipal– de representantes de esos sectores populares que se habían expandido con la modernización, la inmigración y el vertiginoso crecimiento del país, impulsó el equipamiento de aquel paseo con la construcción de bordes parquizados sobre el río, escalinatas y glorietas que se llenaban de multitudes en sus días de esplendor.
Pero el mismo proceso de expansión económica, que en los años treinta y cuarenta contagió también a las actividades industriales, produjo un fenómeno en sentido contrario al que había provocado el aprovechamiento del borde del río como lugar de recreo de masas: la polución de sus aguas. Este fenómeno, sumado a la paranoia y el autoritarismo de gobiernos militares o militarizados, condujo en los años que siguieron a un apagarse, también, de ese tipo de actividades. A comienzos de los años ochenta la languidez de unas pocas funciones portuarias, el deterioro o abandono de las instalaciones, la inaccesibilidad, caracterizaban a este lugar que a pesar de sus dimensiones casi había pasado a ser ignorado por la mayoría de los habitantes de la ciudad.
Pero no por todos. Los urbanistas –y algunos empresarios o financistas sagaces– siempre fueron conscientes del potencial del sitio en relación con el funcionamiento de la ciudad.
Hemos visto que fueron muchas las propuestas para el puerto y que no pocas suponían cambios e incluso la expansión de la trama urbana. No pasó demasiado tiempo desde que comenzara a revelarse la temprana obsolescencia del puerto para que se presentaran propuestas de reurbanización del área. Una comisión organizada por la Municipalidad y con la que colaboró el paisajista francés Jean-Claude Nicolas Forestier proponía, en 1923, la remodelación del área central de la ciudad, la apertura de la Plaza de Mayo hacia el río, la construcción de sendos rascacielos a ambos lados a modo de portal y la expansión de un gran parque en el área del puerto. En 1927 el ingeniero Hardoy imaginó construir una plataforma que continuara el nivel de la barranca, debajo de la cual podrían construirse depósitos, a la manera del viejo plan mencionado más arriba. De modo que cuando durante su visita a Buenos Aires en 1929 Le Corbusier plantó en su famoso croquis sus rascacielos sobre el río pasando por encima del puerto no estaba haciendo otra cosa que, con su enorme talento, dar dimensión poética a un conjunto de ideas que se venían considerando previamente. Incluso la propuesta de un aeropuerto sobre el agua, como culminación del eje que articularía su proyecto, era una posibilidad que en función del aún apreciado valor de los hidroaviones en la ciudad se discutía desde 1924. Como es sabido, con la ayuda de los argentinos Jorge Ferrari Hardoy y Juan Kurchan, esas intuiciones de 1929 se convirtieron en un Plan en 1938. En este Plan Le Corbusier y sus colaboradores mantenían el núcleo de rascacielos –la ciudad de los negocios– plantados sobre sendas islas artificiales en el río. El área del viejo puerto de Madero se concebía en cambio como una zona recreativa y deportiva.
En los años siguientes los urbanistas no abandonaron la idea de expandir el centro de la ciudad hacia el río. Tanto para la Organización del Plan Regulador de Buenos Aires en 1958, como para el “Plan Regional Metropolitano para el año 2000” de 1962, Puerto Madero se pensó, en distintas escalas y con diferentes funciones, como área de ampliación del centro. En 1972 el equipo URBIS desarrolló un nuevo plan en el que los terrenos se empleaban para la construcción de viviendas y se creaba un “archipiélago” de funciones deportivas y de esparcimiento.
El último de los proyectos, presentado durante la dictadura militar (1976-1983), adoptó explícitamente el nombre de “Ensanche del Área Central”. Simultáneamente, la administración militar de la ciudad había emprendido la construcción de autopistas urbanas y los escombros que generaron las gigantescas demoliciones fueron a parar al río en la forma de unos albardones que consolidaron el perímetro de un relleno que tenía todo el ancho de la zona del viejo puerto y avanzaba unos cuatrocientos metros sobre el agua. Los dos principales propósitos del Ensanche eran ofrecer nuevas áreas de alta centralidad y crear un gran parque para el área sur de la ciudad.
Ni el Ensanche ni el parque se realizaron, y el relleno quedó incompleto, pero mientras en el resto del área continuaban languideciendo las actividades humanas, en ese nuevo territorio avanzaron los sauces, los juncales, los pájaros, nutrias, culebras, patos y garzas, y todas las especies animales y vegetales que el río trae desde siempre desde el corazón de las selvas en las que nace en las regiones subtropicales.
De manera que en los años ochenta el área de Puerto Madero comenzó a interesar a dos de las nuevas fuerzas culturales que se expandían en ese momento por todo el planeta: la de la revalorización, recuperación y reciclaje del patrimonio histórico urbano, y la del ecologismo. La acción de ambas fuerzas recuperó para esta zona la visibilidad pública que con su languidecer había poco a poco perdido. Se promovieron entonces más debates y proyectos, como los realizados en ocasión del concurso 20 ideas para Buenos Aires, ya recuperada la democracia. Pero la marcha de la economía en los ochenta no hacía prever ninguna transformación en los hechos.
Hasta que en los noventa se instaló en el país una política de liberalización salvaje basada en la venta del patrimonio estatal y en el aumento del endeudamiento externo. Y ésta fue la tercera fuerza, decisiva, que condujo a la puesta en marcha del actual estado de transformación del área, puesto que las tierras de Puerto Madero eran las más valiosas de todo el territorio argentino.

El barrio

Con el presidente Menem en el gobierno nacional, el licenciado Grosso en el de la Ciudad y el arquitecto Garay en la Secretaría de Planeamiento se sumó a las fuerzas antes descriptas la articulación de los poderes políticos y las capacidades técnicas que esa transformación requería. En relación con las últimas debe destacarse que fue la creación de una Corporación autónoma –integrada por representantes de los gobiernos nacional y municipal– lo que permitió destrabar los múltiples conflictos de intereses que impedían todo tipo de acción, y lo que dio a la operación la agilidad sin la cual, al menos en el contexto de la Argentina, su puesta en práctica no hubiera sido posible.
La ciudad ganó así un área nueva y sobre todo un espacio público a escala metropolitana que posee una fuerza sin lugar a dudas excepcional y que la enriquece desde numerosos puntos de vista en un momento, como el presente, en el que estos factores son de suma importancia en la “guerra” intermetropolitana desatada por la globalización.
Sin embargo, no puede ignorarse que la eficacia política y económica de la operación –más allá de sus numerosos aspectos discutibles o dudosos– no se condice con sus resultados sociales y culturales. En relación con lo primero porque más allá del aporte como espacio público el área constituye un asentamiento para los sectores más privilegiados y ninguno de los recursos potenciales o efectivamente generados por ella se emplearon para equitativamente favorecer a otros sectores necesitados.
Pero tampoco, como queda dicho, la operación generó consecuencias culturales a la altura de su envergadura física y económica. Y en especial en los campos del urbanismo y la arquitectura que aquí principalmente nos interesan. Y esto no ocurrió en primer lugar por una razón de política local que se vincula a su vez a la historia de la profesión en la Argentina. De lo segundo recordaremos rápidamente que las valencias culturales de la disciplina arquitectónica han tenido en el país un desarrollo débil y que las expresiones de alta densidad en este sentido han sido excepcionales. Ha primado y prima en cambio la valorización de la habilidad proyectual y especialmente en términos de eficacia profesional inmediata.
En sus inicios en los primeros noventa, el montaje de la operación Corporación Puerto Madero tuvo su principal obstáculo precisamente en la corporación de los arquitectos, en la medida en que como parte de su búsqueda de celeridad, las autoridades cometieron el “error” de encargar los estudios a una consultora española asociada a un grupo de arquitectos locales. La oposición se generaba, como es obvio, en la demanda de un protagonismo no solamente mayor sino absoluto de los arquitectos y planificadores locales en la generación del plan.
El obstáculo, menor si se quiere, se saldó rápidamente con el llamado a un concurso nacional de ideas que, para colmo de males, terminaba en la selección de varios equipos obligados a elaborar, en conjunto y sin jerarquizaciones, una propuesta común. De este modo no solamente se perdió una oportunidad de colocar a la ciudad en la consideración internacional y de ampliar el patrimonio de ideas para la resolución de un tema sobre el que pocas experiencias reales locales podían servir de antecedente, sino que además se obligó a la constitución de un híbrido cuyo resultado final no podía ser mucho más que mediocre.
No sostengo con esto que necesariamente el resultado podría haber sido mejor de no haber primado pequeños intereses corporativos locales. Ahí están los ejemplos de otras intervenciones de similar escala como las de Postdamer Platz, los docks de Londres, o incluso la más reciente de Rotterdam para testimoniar que la participación de grandes nombres internacionales en la construcción de nuevos espacios urbanos no siempre o no inevitablemente es garantía de resultados celebrables. Lo cierto es que, ceñido por su trazado demasiado esquemático y en buena medida anacrónico, el barrio de Puerto Madero tampoco constituye en lo que hace a sus propuestas arquitectónicas un aporte considerable al debate internacional. Aunque por cierto pueden señalarse excepciones e intentos valiosos, varios de los cuales aquí se presentan, su contribución más importante consiste en la incorporación a la vida urbana de un espacio de una calidad y una fuerza extraordinarias, reveladoras de las maravillosas energías del trabajo humano. Y por sí sola esta revelación es tan potente que puede y debe ser apreciada como patrimonio propio no solamente en Buenos Aires sino mucho más allá del horizonte de su mar marrón.


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DEMOCRATIZACIÓN Y PUBLICIDAD DEL ACCIONAR DE LA JUSTICIA
Posibles beneficios del juicio por jurados

El reimplantado debate sobre el instituto del juicio por jurados no parece haber ido mucho más allá de ciertas fórmulas rituales y lugares comunes ya expresados en otras épocas. A lo sumo se han oído algunas voces novedosas desde perspectivas constitucionalistas, pero poco se ha dicho sobre los potenciales beneficios que el procedimiento puede aportar a efectos de una mejora de la calidad democrática del accionar del Poder Judicial.


Jorge O. Bercholc
Doctor en Derecho Político, Universidad de Buenos Aires. Especialista en Sociología Jurídica, Universidad de Buenos Aires. Especialista en Constitucionalismo y Democracia, Universidad de Castilla-La Mancha, España. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja, Universidad de Buenos Aires. Profesor de Teoría del Estado y de Posgrado y Doctorado de la Facultad de Derecho de la UBA.

 

Desde un enfoque politológico y sociológico, el juicio por jurados puede ayudar a revertir y/o suplir algunos déficit democráticos y republicanos muy serios que presentan los procedimientos actuales con relación a: i) la participación ciudadana en la administración de justicia; ii) la publicidad de los actos de la jurisdicción y iii) la representación de los intereses diversos de la comunidad a través de un reclutamiento de jueces que responda eficaz y fielmente a clivajes variados, de género, estratificación social, de orientación ideológica, de lugar de procedencia.

1. Juicio por jurados y participación ciudadana en la administración de Justicia

La seria crisis de legitimidad institucional en las agencias de los tres poderes políticos en los que se divide funcionalmente la administración del poder estatal, requiere de decisiones audaces a efectos de su superación. No se trata ya de dar respuesta a vacías consignas y frases hechas de cuño democratista, que a la postre pueden generar problemas de gobernabilidad, dada la escasa capacidad de respuesta de un Estado en crisis, ante lo que eventualmente sería una ola creciente de demandas sociales y políticas [1]. Se trata de procurar mecanismos eficientes para involucrar a los ciudadanos en las decisiones estatales. Así se puede aportar a la exigencia republicana de control de los actos de gobierno (en el caso las decisiones judiciales) desde dos clivajes diferentes pero íntimamente relacionados, la participación y la publicidad.
Para ello la participación concreta, activa y objetiva de ciudadanos comunes en la impartición de justicia a través de la conformación de jurados populares, que generaría el denominado juicio por jurados, ayudara a suplir la ajenidad y lejanía que se percibe por los ciudadanos respecto de los jueces, a las leyes y a la suerte de propios y extraños en los laberintos kafkianos de los tribunales.
La participación de ciudadanos comunes en las decisiones judiciales, los situará ante graves dilemas a los que están expuestos los jueces a diario, cuando deben decidir entre bienes jurídicos plausibles y tutelados por las normas, pero excluyentes entre sí, que requieren decisiones complejas, muchas veces resueltas por factores valorativos, culturales, morales y de percepción político-social diversa.
Los ciudadanos adquirirán súbita conciencia de las implicancias y tensiones que se afrontan al tomar decisiones judiciales sujetas a presiones, sociales, políticas, morales y ahora además, mediáticas.
La participación acortará la distancia de los jueces con los hechos sobre los que deben decidir, merced al aporte de los ciudadanos comunes. Estos resultarán factor coadyuvante para confrontar excesos tecnicistas, rigorismos formales, eufemismos encubiertos en el lenguaje críptico y hermético de las normas, los procedimientos y las sentencias. También para revertir las dependencias menos conocidas y más graves de los jueces. Dicho de otro modo, la falta de independencia respecto de la propia burocracia interna y la existencia de intereses corporativos propios de todo tipo de organización [2].
Esa participación no mediada, ni mediática, resulta una experiencia directa de los problemas que el Poder Judicial afronta en su tarea específica que, por supuesto, no garantiza ni mejores decisiones, ni más rápidas, ni más económicas, pero que sí proveerá a una mayor legitimidad del sistema, cuando observamos una seria crisis de dicho rubro en la actualidad.
No resulta poca cosa o una mera perla de discusión académica, el consenso que la población preste a cierto sistema político y a sus instituciones. Los 21 años y 5 meses de continuidad democrática requieren respuestas sofisticadas y complejas que permitan una profundización de la participación de la ciudadanía, pero de una manera eficiente y comprometida que, a la vez, no ponga en juego la legitimidad del sistema. Ello se consigue con un compromiso responsable a través de la apertura institucionalizada de canales participativos para la ciudadanía. El involucramiento ciudadano en la administración judicial puede abrir un horizonte nuevo y superador de la mera crítica y de la manifestación de descontento por el accionar judicial.
Además el juicio por jurados, aporta una doble vía participativa. Los denominados procesos de “judicialización de la política” y/o “politización de la justicia” parecen estar demostrando un comportamiento de redescubrimiento por los ciudadanos de la existencia del Poder Judicial y de su actividad jurisdiccional, como herramienta eficaz para la solución de conflictos de todo tipo, tanto en el ámbito del derecho público como privado. Entiéndase, no sostengo que la Justicia en su estado actual esté en condiciones de resolver todo tipo de problemas, si no que la ciudadanía está dispuesta a utilizar las vías judiciales para todo tipo de reclamos, lo que resulta novedoso pues es demostrativo de la legitimación alcanzada por el sistema. Tal comportamiento no deja resquicio para que los reclamos se realicen a través de formaciones o metodologías por fuera del sistema, con el riesgo de su crisis por carecer de consenso suficiente. Esta es una de las vías participativas, la que se genera por la creciente participación y mayor cantidad de demandas de la población a través de los canales institucionales que provee el poder judicial. La otra vía es la que puede generarse con el juicio por jurados. La ciudadanía asume así un segundo rol, el de ser parte del acto gubernamental y jurisdiccional de aplicación de la coacción estatal [3].

2. Juicio por jurados y publicidad de los actos de la jurisdicción

Si la participación hace su aporte a fin de suplir déficit democráticos, la publicidad en los juicios y del accionar judicial resulta vital para el control popular de las decisiones de las distintas agencias judiciales.
Sin embargo debemos advertir que el clivaje “publicidad” de los actos judiciales presenta serios problemas, que salvo excepciones han sido superficial y equivocadamente tratados. Así se confunde a la publicidad de los actos procesales (el acceso público a los mismos a fin del control popular), con la visibilidad y transparencia (verlo todo, mostrarlo todo) que se les atribuye a los medios de comunicación masivos, en particular a la televisión.
¿Responde el discurso audiovisual televisivo, y su propia y particular sintáxis, a las exigencias de “publicidad” de nuestros códigos procesales? Es obvio que nuestros codificadores, cuando se preocuparon por tal cuestión, no conocían las futuras evoluciones de los medios electrónicos audiovisuales.
Sin embargo muchas sentencias judiciales argumentan equiparando la publicidad que exigen los procedimientos legales con la visibilidad que se puede obtener a través de los medios audiovisuales. Muchos jueces desde una posición soberbia e ignorante se expiden sobre dichas cuestiones sin requerir la opinión de expertos semiólogos o licenciados en comunicación social o especialistas en temas de opinión pública y medios de comunicación.
La percepción de la realidad mediada y construida por los medios masivos a la que acceden los ciudadanos está sometida a particularidades de tal complejidad que guarda escasa relación con la experiencia directa que con los hechos se tiene cuando éstos son conocidos sin dicha mediación.
De allí que el discurso audiovisual propio de los medios de comunicación electrónicos como la televisión, no pueda articularse mecánicamente con el concepto de publicidad de los actos procesales que exigen los códigos de procedimiento, desde que su sintáxis y características técnicas no resultan compatibles y en todo caso requerirán para su plena comprensión de una suerte de nuevo proceso de alfabetización respecto de sus modos y reglas discursivas.
El medio audiovisual genera un tipo especial de relación discursiva, dado el carácter indiciario y/o iconografico de los signos propios de su sintaxis, donde se impone la imagen y lo videográfico.
Un signo siempre representa algo para alguien, se reproduce por medio de signos materialmente diversos, a un objeto, de un modo tal destinado a la representación, a la reproducción. El signo es una construcción ficticiamente sustitutiva respecto de la realidad y vale “como si” fuera la misma realidad.
Para Peirce [4] y su conocida clasificación, hay tres tipos de signos: El índice, el icono y el símbolo.
El índice y el icono son signos cuyo significado se halla afectado y determinado por el objeto, no representan ni simbolizan al objeto, son el objeto, sin necesidad de decodificación, no requieren ningún esfuerzo de racionalización de los signos comunicantes. El índice implica una relación de contigüidad o de continuidad con el objeto representado, es la imagen del propio objeto. El índice corresponde a un efecto mecánico, la captura automática y motivada de la imagen del objeto reproducido.
El icono se halla respecto del objeto en una relación de analogía, se parece al objeto representado como un cuadro o un mapa.
La representación indicial no requiere del ejercicio de la conceptualización, la abstracción y la racionalización, en rigor representa y reproduce poco como construcción sustitutiva de la realidad. Prácticamente materializa lo que muestra.
La representación indicial a la cual pertenecen lo videográfico y la representación audiovisual televisiva accede al sistema nervioso central, directamente como hecho consumado. La velocidad, la simultaneidad, la sensación vertiginosa producida por la ruptura de la estructura espacio-temporal que logra la representación indicial-televisiva, contribuye a una forma de interpretación procesada y unificada, en cierto modo irracional y automatizada, donde se carece de sentido interpretativo o donde la interpretación posible ya ha sido efectuada y premoldeada.
La rapidez y la simultaneidad proveen de credibilidad y legitimidad al mensaje masivo. Los medios audiovisuales han suprimido la estructura clásica espacio-temporal, permiten a los hombres estar allí donde ocurren los hechos, simultáneamente con los acontecimientos, “en vivo y en directo” y percibir el suceso a través de su propia imagen y su propio sonido, no a través de un símbolo o conjunto de símbolos que los representan.
Para ello resulta funcional una técnica extrema de fragmentación, el formato de videoclip. Se trata de una mezcla de brevedad con rapidez, las imágenes son cortas, altamente fragmentadas, pueden contar historias en sentido tradicional o mediante la superposición y mezcla de imágenes articuladas artificialmente, sin una secuencia lógica o cronológica. Se trata de una narración acelerada, hiperveloz, pero no en cámara rápida, sino en otro tiempo, un tiempo que desafía los cánones tradicionales de la percepción, de la lectura, de la recepción [5].
La etimología de la palabra simulación nos remite a la raíz “simul” que significa juntamente. Una acción de simulación cuanto más simultáneamente sea transmitida, tanto mejor para que sea creída.
La representación, la reproducción de un objeto a través de un signo, implica “simulacion”, que además de reproducir, representar e imitar también significa, fingir, engañar, mentir.
De esta manera, los distintos signos que contribuyen a dar significación a un proceso comunicacional como medio para representar y reproducir ideas resultan el arte de la simulación, el medio por el cual, también se sabrá mentir engañar, fingir o montar una estratagema.
“El simulacro, la construcción ficticiamente sustitutiva respecto de la realidad vale como la misma realidad, sobre todo si le es contemporánea o si sus tiempos de aparición están de todos modos estrechamente coligados con los del objeto sustituido.” [6]
La semiología se halla siempre implicada en problemas de simulación, la semiología es necesariamente simulación, en el sentido de disciplina que estudia todo lo que se puede usar para reproducir y representar y también para simular en el sentido negativo del término, tendiendo a persuadir a los receptores respecto de significados falsos, interesados o mentirosos. De este modo la semiología también estudia todo lo que puede usarse para mentir, Umberto Eco la cataloga como una “Teoría de la mentira” [7].
Sin embargo la relación semiológica generada por una representación indicial produce una fuerte sensación de certeza, de verdad, respecto de lo que se está viendo. Se ha dicho que “la fuerza de una imagen vale más que mil palabras”.
A poco de analizar las características sintácticas y de internalización de un discurso audiovisual, observamos su incompatibilidad y dificultad de articulación con el discurso jurídico y con todo lo que a través del mismo se produzca. Por supuesto incluimos todo acto procesal que requiere de la publicidad prescripta normativamente, pero que por definición no resulta ser la “publicidad” –en rigor la visibilidad y transparencia– que otorgan los medios audiovisuales [8].
Es que las características propias del discurso jurídico y en general de todo proceso judicial están emparentadas a un proceso dialógico, racional, argumentativo y conceptualizador. Para ello se vale de un componente significativo fuertemente simbólico, de acuerdo a la tripartición de Peirce.
El símbolo es un signo convencionalmente asociado a su objeto, la relación entre objeto y símbolo es arbitraria. Como símbolos, la escritura, la palabra, el ejercicio de la lectura, implican un grado de abstracción, de racionalización y de comprensión del significado de los signos comunicantes que requiere del ejercicio del pensar, de la conceptualización, de la capacidad de abstracción, de mantenerse activo mentalmente.
Las evidentes incompatibilidades y contradicciones excluyentes entre la sintáxis televisiva y la judicial producen serios conflictos en la percepción ciudadana de la actividad jurisdiccional. Si la visibilidad y transparencia televisiva, que todo lo puede, logra “demostrar”(sic) en un programa de 30 minutos netos de duración la incontrastable “culpabilidad” de algún sujeto, hasta producir las pruebas autoevidentes de dicha culpabilidad merced a cámaras ocultas o algún otro efecto videoclíptico especial, para qué someternos a interminables, incomprensibles, y costosos procesos judiciales, que resultan mucho menos eficientes a tal fin. Es posible que en un grado importante, la crisis de legitimidad del poder judicial se relacione con estas equívocas sensaciones producidas por la visibilidad y transparencia televisivas, confundidas con la “publicidad” que se requiere de los actos procesales, y que insisto, no resulta compatible con el accionar mediático.
Pero, y el juicio por jurados, cómo se relaciona con tal cuestión? Pues la instrumentación de dicho instituto puede generar un modelo participativo que genere publicidad en sentido estricto, mediante el involucramiento directo de los ciudadanos en el proceso de impartir justicia, sin mediaciones, ni confusiones semióticas, ni internalizaciones incompatibles por el uso de un arsenal significativo (el discurso televisivo) no articulable con el objeto que se quiere “publicitar” (los procesos judiciales).
La tarea es absolutamente ardua y compleja. La publicidad en sentido estricto a través de la participación directa de los ciudadanos en la impartición de justicia, para la cual el juicio por jurados puede ser una vía más que eficaz, deberá confrontar con los mecanismos y efectos arrasadores de la comunicación masiva, potenciados y multiplicados por las novedades cotidianas y omnipresentes que ofrecen los medios audiovisuales, en especial la televisión.

3. Juicio por jurados y representación de los intereses diversos de la comunidad a través de un reclutamiento de jueces que responda a clivajes variados

La teoría de la representación política tiende a generar un efecto de reproducción e imitación fiel de los variados intereses y diferentes características sociales de la ciudadanía, en la conformación y el reclutamiento del personal que integrará las agencias institucionales en las que se divide la administración estatal. Cuanto con mayor grado de fidelidad –entendido como un reflejo-espejo representativo (reproductivo, imitativo) de la composición social– sea plasmada institucionalmente la representación, tendremos una más acabada reproducción de la diversidad de clivajes que se entrecruzan en las sociedades modernas. Habrá individuos, grupos o sectores que se encuentren sobrerrepresentados por más de una organización y otros estarán subrepresentados o directamente huérfanos de representación alguna con las posibles consecuencias y tensiones políticas que puede ello implicar.
El Poder Judicial, que resulta a priori el menos democráticamente representativo de los tres poderes del Estado, si medimos tal cosa por el método de reclutamiento de su personal, presenta diversos déficit de representación.
Un estudio sobre nuestro país de la socióloga Ana Kunz [9] demuestra que la extracción u origen social de los jueces que han integrado la CSJN en el período 1930-1983 resulta fuertemente elitista. Dividiendo la estratificación social posible en cuatro categorías [10], un 17 % de los ministros pertenecen al Patriciado y considerando que sólo un 2% del total de la sociedad pertenece a ese estrato, habría un 750 % de sobrerrepresentación de ese estrato en la CSJN. La segunda categoría denominada Estrato Superior tiene un 39 % de Ministros en la Corte y un 8% sobre el total social lo que implica un 395 % de sobrerrepresentación; la tercera categoría, el Estrato medio, presenta porcentajes estabilizados del 39 % y 30 % respectivamente; la cuarta categoría el Estrato bajo tiene un 3,8 % de ministros en la CSJN y un 60 % en el total social. Estos datos corroboran que se hayan sobrerrepresentadas en el más alto Tribunal del Poder Judicial las clases más aventajadas de la sociedad argentina y subrepresentada la clase baja y mayoritaria de la población.
Según Kunz, este estudio sobre la CSJN argentina refleja una tendencia también observable en los Estados Unidos, donde Mills en 1956 investigó el origen social de la clase política y concluyó en que el 58 % de los cargos políticos de alta categoría (Presidente y vice de Cámara de Representantes, Presidente de la Corte, miembro de gabinete) pertenecen a la clase alta y media alta, el 38 % a la clase media y media baja y sólo aproximadamente el 5% a la clase baja.
En Alemania un estudio del juez Walter Richter de 1959 sobre una base de datos construida con información personal de 856 jueces, permitió determinar que la mayoría proviene de familias de jueces o juristas y que generalmente tienden a desempeñar su trabajo en las jurisdicciones en las que han nacido y a contraer matrimonio con personas de su misma condición social. Además el 60 % pertenece al estrato superior (profesionales libres, altos funcionarios del Estado, empresarios) y el 35 % al estrato inferior (empleados, artesanos, pequeños comerciantes). También se observó que los jueces pertenecientes al estrato superior avanzan con mayor rapidez en la carrera que los del grado inferior [11].
En España, otro investigador observó que más de la mitad de los jueces provienen de un ambiente constituido por personas que ejercen las profesiones legales o que forman parte del aparato burocrático. Casi ninguno proviene de la clase obrera o del mundo campesino [12].
Estos datos nos demuestran el fuerte déficit representativo, considerando la extracción social de los jueces, que sufre el Poder Judicial con un sesgo muy marcado hacía la sobrerrepresentación de ciertas elites económicas, profesionales y burocráticas [13].
Otro evidente déficit representativo se observa en la variable género, siendo que las mujeres son más de la mitad de la población del país, su participación en el Poder Judicial implica que se hallan subrepresentadas. Obsérvese que en la Corte Suprema hasta las actuales designaciones de Elena Highton y Carmen Argibay, sólo una mujer, Margarita Argúas, había llegado al Tribunal. En instancias inferiores la relación por género presenta una tendencia menos sesgada, pero aún deficitaria, en un grado por determinar.
Podría referirme a otros déficit representacionales, pero en honor a la brevedad que me impone este espacio, remito a un trabajo de mi autoría donde me explayo sobre el tema [14].
El juicio por jurados también puede hacer un valioso aporte para la superación de alguno de los déficit marcados. La designación variada de ciudadanos de todo tipo de extracción social, ideología política, tendencia religiosa, origen racial, lugar de procedencia o pertenencia de género, para la integración de los jurados resulta una tentadora herramienta democratizadora del poder judicial.

Comentario final

El juicio por jurados aporta serias posibilidades para una mejora en la calidad democrática, mediante la participación por doble vía y la superación de déficit representacionales. También promete una mejora republicana en el ejercicio del control ciudadano, mediante una adecuada publicidad de los actos jurisdiccionales a través de una inserción popular directa en la administración de justicia. Por lo que desde una perspectiva democratista y republicanista el instituto del juicio por jurados presenta posibilidades promisorias.
Sin embargo, nada garantiza un eficaz funcionamiento del instituto, si basamos el análisis desde una perspectiva de racionalidad “economicista-eficientista”, que esgrima argumentos en torno de la mayor demora, mayores costos, menor rigurosidad técnica y decisiones de peor calidad que producirá el juicio por jurados.
Pero si bien es cierto que no se vislumbra prima facie que el juicio por jurados responda con mayor eficacia a dichos clivajes en clave “economicista-eficientista”, tampoco el estado actual del arte nos brinda respuestas satisfactorias a los mismos.
En cambio el juicio por jurados, propone mejores resultados que los actuales, en pos de una profundización de los métodos democráticos y republicanos en el accionar del poder judicial, tanto en la producción de sus decisiones, como en el reclutamiento de sus miembros.

 

Notas

[1] Para este análisis puede verse mi trabajo “Niveles de legitimación y expansión de la democracia en la Argentina”, en Temas de Teoría del Estado, Jorge O. Bercholc, ed. La Ley, Buenos Aires, 2003.
[2] En este sentido, ver Robert Michels en Los Partidos Políticos –ed. Amorrortu, Buenos Aires, 1979–. Michels, con su idea de “la ley férrea de las oligarquías”, sostenía que toda organización se burocratiza y su cúpula tiende a oligarquizarse generando intereses y perspectivas propias que requieren estrategias y lenguaje que no resultan identificables ni coincidentes con los de sus representados. La cuestión de la independencia de la Justicia no sólo debe abordarse respecto de los otros poderes políticos del Estado. La Justicia puede ser dependiente, en el mal sentido, del clamor de la mayoría descuidando a las minorías o de intereses poderosos de ciertas minorías descuidando a las mayorías populares. También algunos autores sostienen que la dependencia interna de la propia estructura judicial es un problema casi mayor que el de la relación con los órganos políticos. En este sentido, Zaffaroni en “El poder judicial y el poder”, en El sistema penal argentino, pág. 48, Ad hoc, 1992. Binder en “Independencia judicial y delegación de funciones”, pág. 305, hace referencia a la dependencia de la Justicia de su propia estructura burocrática interna, existente en los propios juzgados dada por la excesiva carga de trabajo y por la rutina del mismo.
[3] En este sentido, señaló Nino, que “el jurado tiene un enorme valor como expresión de la participación directa de la población en el acto de gobierno fundamental que es la disposición inmediata de la coacción estatal”. Fundamentos de derecho constitucional, p. 451.
[4] He seguido en las citas sobre Peirce a Armand Mattelart en Historia de las teorías de la comunicación, pág. 26, 1997, Paidós; y a Umberto Eco en su Tratado de Semiótica General, 5a edición, 1995, Ed. Lumen, Barcelona.
[5] Cfr. Damián Tabarovsky, en “La estética del videoclip”, en Clarín, suplemento cultural sep. 1995.
[6] Gianfranco Bettetini, “Por un establecimiento semio-pragmático del concepto de simulación”, compilación de A. Vachieri, El medio es la TV, ed. La Marca, Buenos Aires, 1992.
[7] Umberto Eco, ob. cit., pág. 22.
[8] Es obvio que la cuestión excede las posibilidades espaciales de este artículo pero se puede consultar mi libro Opinión pública y medios de comunicación. Nuevas cuestiones, Jorge O. Bercholc, ed. La Ley, Buenos Aires, 2003. Allí desarrollo estas ideas y además planteo en una investigación realizada, que los medios masivos tradicionales y que utilizan símbolos convencionales (los diarios en soporte papel) también se ven influenciados por la irrupción televisiva, produciendo un fuerte cambio en su formato y en su estilo de significación, generando lo que he dado en llamar mutación hacía el diario “televisivo”.
[9] Ana Kunz, “Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (1930-1983)” en Estudios de Sociología y Metodología, págs. 21/24, ed. Estudio, 2000.
[10] Esta categorización la toma Kunz de Juan Carlos Agulla en La promesa de la Sociología, Ed. de Belgrano, 1985. Según Agulla, la composición de los niveles de análisis sería el siguiente: el Patriciado se conforma por familias que han tenido en el pasado histórico participación en la estructura de poder en la época de la colonia, la independencia y la organización nacional; el Estrato Superior se conforma por familias de hombres de negocios y profesionales económica y socialmente importantes; el Estrato Medio lo forman hombres de negocios de capital mediano, trabajadores calificados y empleados administrativos; el Estrato Inferior lo integran trabajadores semicalificados, empleados poco especializados y obreros.
[11] Walter Richter, “Die Richter der Oberlandesgeristche der Bundesrepublik. Eine berufssozialstatistische Analyse”, en Hamburger Jahrbuch fur Wirtschafts und Gesellschaftspolitik, 1960 pág. 241-259. Citado por Renato Treves en Sociología del Derecho, págs. 179-180, Taurus 1978.
[12] José Juan Toharia, El juez español. Un análisis sociológico, Madrid, 1975, capítulo III.
[13] He desarrollado el tema más extensamente en La independencia de la Corte Suprema a través del control de constitucionalidad, ed. Ediar, Jorge Bercholc, Buenos Aires, 2004.
[14] “Aportes para una selección coherente y congruente de los Jueces de un Tribunal Constitucional. El caso de la Corte Suprema en la Argentina y sus recientes modificaciones.” Jorge Bercholc, Suplemento de Derecho Público de EL DIAL, edición del 18.4.05.

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UNA FORMA DE COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El juicio con jurados en Córdoba

Desde 1998, la provincia de Córdoba posibilita que los particulares tengan un papel importante en el juzgamiento de algunos delitos a través de la figura del jurado popular (en la modalidad conocida como “escabinado”: dos ciudadanos que actúan junto a los tres jueces). Desde el primer día del corriente año la integración del tribunal con ciudadanos (ocho particulares más tres jueces) tiene carácter obligatorio en el caso de delitos económicos, de corrupción administrativa y también en los crímenes aberrantes. Estas iniciativas puestas en práctica en Córdoba tienden a consolidar un modelo de juzgamiento penal que incluye a la ciudadanía haciéndola corresponsable de la administración de justicia.


CARLOS FRANCISCO FERRER
Fiscal de Cámara en lo Criminal de la provincia de Córdoba, profesor adjunto de Derecho Procesal Penal en la Universidad Nacional de Córdoba, profesor titular de Práctica Profesional II en la Universidad Católica de Córdoba..
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La información que cotidianamente nos provee la realidad, potenciada a veces por el montaje escénico que aporta su cobertura mediática, nos lleva a tomar conciencia del auge de determinadas manifestaciones delictivas. Así, no hay duda de que nos encontramos ante una escalada de graves hechos, fundamentalmente contra la vida y la propiedad, que no respeta el obstáculo que a veces supone la seguridad de un barrio privado, que no distingue ni excluye como objetivo ni a los propios vecinos, que incorporó como víctimas a los productores rurales, o que han asumido variantes novedosas como la del “secuestro express”, con blancos indeterminados.
El análisis que merece semejante problemática excede obviamente este espacio, donde sólo se trata de realizar una puntual reflexión, y concretar algunos aportes útiles, en la esperanza de contribuir aunque sea mínimamente a su debido dimensionamiento y, sobre todo, a exponer una de sus aristas: el del compromiso ciudadano.
Es lógico que tras el shock que produce la información de hechos tan impactantes, la primera reacción emocional sea la indignación, acompañada de la correlativa sensación de vulnerabilidad e impotencia frente a lo que no se pudo (y muchas veces parece que no se puede) evitar. La sensibilidad social se exacerba y la demanda de respuestas inmediatas y eficaces llega a su límite máximo.
Sin perjuicio de que frente a un incendio lo que corresponde es apagar el fuego, lo urgente no debe ocultar lo importante. Y lo importante es que las respuestas que el Estado le debe a la sociedad en esta materia no impliquen un quiebre de las bases mismas sobre las que se asienta la convivencia social. La historia de la humanidad (lamentablemente no pocas veces alimentada por el irresponsable aprovechamiento de inescrupulosos) está plagada de desenlaces dramáticos por estos motivos. Para que ello no ocurra, es imprescindible despojarse de las pasiones y abordar seriamente el problema. Es necesario que la dirigencia política y los funcionarios responsables de la prevención, la represión y tratamiento de la delincuencia se ocupen decididamente del problema y de sus causas generadoras. Y sin desmedro de las decisiones pendientes en las cuestiones de salud, educación y asistencia social que corresponden a otros ámbitos, es preciso también que su accionar esté precedido de una política criminal que exprese con la mayor precisión, uniformidad y coherencia posibles la manera de enfrentar el problema, sin renunciar a los principios más caros de la convivencia y que componen el marco ideológico en que se inspira el pacto social. Lo contrario implicaría que, en aras de apagar este incendio, por apelar a soluciones “expeditivas” o “efectistas” (como algunas que se han escuchado en ciertos discursos) no hagamos más que echar más nafta al fuego y tengamos luego que arrepentirnos por no haber evitado otros estragos más dañinos y difíciles de revertir, y cargar con el peso de haber contribuido a socavar el respeto de las leyes y la confianza en las instituciones democráticas.
Sin necesidad de una especial formación en derecho, los argentinos venimos viendo cómo nuestro Código Penal se ha venido modificando al ritmo espasmódico que han ido imponiendo los dictados de la alarma social provocada por hechos puntuales, pero sin ningún criterio que responda a pautas mínimas que expresen con claridad cuáles son los valores y la política criminal que debe contener nuestra ley penal sustantiva, hoy transformada en un mero catálogo de ilicitudes y sanciones. El camino no parece ser ése. Por fuerza de estos verdaderos “parches”, no pocas veces nos encontramos frente a normas que resultan inarmónicas y asistemáticas. Y si bien se encuentra en tratamiento una reforma integral a la ley penal sustantiva, y, por caso, existe una moderna legislación de ejecución penitenciaria (Ley 24.660), en los hechos su aplicabilidad, y con ella, su finalidad principal (la pretendida readaptación social del delincuente), por múltiples motivos vinculados normalmente a la falta de infraestructura y de medios, parece ser de cumplimiento ilusorio.
De todos modos, ante la realidad y tras los públicos reclamos de mayor seguridad, fluye naturalmente un descreimiento en la actuación de los funcionarios y el sistema en general.
Es cierto que a veces contribuye a este estado de opinión la falta de conocimiento por parte de la ciudadanía de las razones y significación de las resoluciones de los jueces, o a las dificultades para comprender los condicionamientos jurídicos en que deben basarse, o al desinterés en expresarlos en un lenguaje llano por parte de sus protagonistas. Pero no es menos cierto que también hay que sumar como factor que agudiza todas estas falencias, una marcada tendencia de los ciudadanos a colocarse en un rol exclusivamente demandante, optando por un papel de meros espectadores y críticos de la realidad, despreciando la posibilidad de asumir compromisos individuales o colectivos más firmes y conducentes.
Es por eso que, sin perjuicio que el Ministerio Público Fiscal (con el auxilio de la policía) sea el responsable de esclarecer los hechos ilícitos, y de acusar y pedir a los jueces la sanción de sus autores (en suma, del deber de brindar una respuesta legal y eficaz a la sociedad), el interés que despierta el delito, la alarma y la intranquilidad que proyecta, lo transforma en un problema común. La responsabilidad es compartida y el marco legal debe favorecerla a través del control y la participación.
La regulación procesal penal, en general, ha ido teniendo en cuenta dicha realidad, por ejemplo, reconociendo el interés de la víctima en el seguimiento y resultado del proceso, permitiéndole intervenir y realizar aportes para la consecución de sus expectativas punitivas, hasta recurriendo las decisiones que las desconocen. También casi se ha generalizado el juicio penal oral y público como modo de juzgamiento penal, para que la comunidad pueda atestiguar de qué manera se administra justicia.
Pero últimamente, en lo que viene a ser una demostración cabal de que el voto o la queja no son las únicas maneras de incidir en las respuestas que se esperan de la institución judicial, ha cobrado auge la tendencia a admitir formas de participación ciudadana hasta en la responsabilidad misma de administrar justicia.

Participación ciudadana

En ese orden, se puede señalar que a partir de 1998 la Provincia de Córdoba cuenta con la posibilidad que los particulares tengan un rol protagónico en el juzgamiento de algunos ilícitos, a través de la figura del jurado popular (bajo la modalidad conocida como “escabinado”). Se trata de una alternativa que permite la incorporación de dos ciudadanos (no necesariamente abogados ni profesionales) para que actúen junto a los tres jueces naturales del tribunal, con las mismas atribuciones, y para decidir tanto sobre la culpabilidad del acusado como, en su caso, sobre la pena. Esta modalidad de integración se estableció para casos en los que la sanción en expectativa es de quince o más años de prisión y se ejerce de manera facultativa por parte del acusado, el fiscal o la víctima constituida en querellante [1].
En los primeros meses de 2003 (al cumplirse el quinto aniversario de la última reforma procesal penal de Córdoba), junto a la abogada Celia Grundy realizamos un estudio que tuvo como eje el relevamiento del funcionamiento del sistema bajo esta modalidad [2]. Lo cierto es que esta modalidad, que nació bajo la inspiración de José Cafferata Nores, con la idea de democratizar la Justicia integrando a jueces y ciudadanos (y no reemplazando a unos por los otros), fue la primera en el país que se erigió como una verdadera alternativa de participación ciudadana en la administración de justicia penal, y con ello, de la posibilidad de hacer oír el sentir de la comunidad en el juzgamiento de ciertas manifestaciones delictivas, casualmente las que mayor gravedad representan.
Sin duda, el carácter mixto de tal integración del tribunal (tres jueces y dos particulares) contribuyó para que en ninguno de los casos resueltos pueda decirse que se vieron afectadas las garantías del procesado, o que la decisión final adoptada haya sido el resultado de un puro arrebato emocional o producto de alguna influencia tendenciosa. Es oportuno destacar también que, a partir de la encuesta posterior efectuada a los particulares que intervinieron junto a los magistrados se pudo conocer, por un lado, el grado de desconocimiento que vulgarmente existe sobre el sistema y las implicancias de la responsabilidad de juzgar (y con ello, la superficialidad con que a veces se opina del tema), y por otro, la satisfacción personal de los jurados al haberse sentido dignificados con la convocatoria y la delicada responsabilidad de la que pudieron participar.
Tomando en cuenta la experiencia recogida, aunque impulsadas políticamente ahora por la idea de dar respuesta a los reclamos derivados de aquellos graves hechos con los que comenzara el comentario, recientemente se sancionaron sendas leyes por las que se incorporaron trascendentes modificaciones que tienden a consolidar y ampliar aún más este modelo (Ley 9181 relativa al fuero penal económico; y Ley 9182 relativa al nuevo sistema de jurados).
Así, en el nuevo sistema (que está vigente en Córdoba desde el primer día del corriente año) se ha establecido que, sin perjuicio de la posibilidad de seguir ejerciendo la opción conforme al anterior, la integración del tribunal con ciudadanos tiene ahora carácter obligatorio cuando el proceso se refiere a la mayoría de los delitos comprendidos en el fuero penal económico y anticorrupción administrativa, como también cuando se trate de hechos que impliquen atentados contra la vida, vulgarmente aludidos como delitos aberrantes [3].
Pero sin dudas lo más trascendente de la modificación es que la participación de los legos es ahora marcadamente mayoritaria por deberse constituir el tribunal con ocho particulares (con representación igualitaria de ambos sexos) que actúan junto a los tres jueces técnicos, aunque limitando su decisión a los aspectos fácticos de la acusación (existencia del hecho y responsabilidad penal del imputado; o sobre su culpabilidad o inocencia), quedando al margen todas las demás cuestiones, incluida la del monto de la pena.
En otro orden, la decisión de este nuevo tribunal (de once miembros) se construye a partir de la mayoría simple de votos, aunque con la particularidad de que el juez técnico que ejerce la presidencia, no se expresa a no ser que se verifique un empate de los demás integrantes.
Es claro que este diseño tuvo en miras generar la posibilidad de que el veredicto final pueda ser consecuencia del triunfo numérico de los legos. Sin embargo, sea éste o uno distinto el resultado, la decisión puede ser controlada a través de la crítica de sus fundamentos por la vía recursiva, manteniéndose a tal fin la obligación de motivarla. Para ello, dada la particularidad de la conformación del tribunal, está previsto que los legos puedan adherir al voto de los jueces técnicos, y, en caso de no concurrir su voluntad con la de ninguno de ellos, los fundamentos deben ser redactados por el magistrado que ejerció la presidencia.
Un aspecto que no es menor lo constituye el hecho que, a diferencia de lo que ocurre en los otros juicios penales (incluso en el modelo optativo), los jurados no puedan tomar contacto con las constancias del expediente, debiéndose formar su convicción a partir exclusivamente de lo que perciban en la audiencia, durante la cual, además, permanecen en actitud de meros observadores, es decir, sin posibilidad alguna de formular preguntas, o tener injerencias de otro tipo en el desarrollo del juicio.
El espíritu exteriorizado en esta reforma ha sido el de avanzar también en otros aspectos tales como el segmento poblacional seleccionado para que pueda actuar como jurado, modificando la franja etaria y, sobre todo, añadiendo algunas incompatibilidades e impedimentos para actuar.
Respecto de lo primero, la edad mínima requerida se eleva de 21 a 25 años (coincidente con la exigida para ser juez de cámara en la Provincia), manteniendo en cambio la máxima de 65 años, en coincidente con la requerida para acceder normalmente a los regímenes jubilatorios.
En orden a las exclusiones lo destacable es que no pueden actuar quienes desempeñen cargos públicos o se encuentren al frente de partidos políticos; como tampoco los abogados y escribanos, ni los integrantes de las fuerzas armadas, policiales o de seguridad, ni los ministros de los cultos religiosos. La mayoría de estas incompatibilidades no están incluidas en el sistema escabinado preexistente y tienden a asegurar la mayor objetividad de quienes tengan que actuar, como también, que la apreciación de las pruebas y la decisión estén desprovistas lo más posible de las connotaciones que hacen al conocimiento y manejo de las normas jurídicas, en lo que podría descubrirse el interés por priorizar el sentido común.
Obviamente, el marco legal contiene otras previsiones que hacen a la instrumentación y dinámica del sistema cuya interpretación y alcances son materia de análisis en otra publicación [4].
Pero a poco que se repare en el significado de la vigencia de estos nuevos sistemas (y sin perjuicio de lo que resulte del tratamiento de los diversos proyectos en el ámbito del Congreso de la Nación), hay que decir que la tendencia es entonces la de consolidar un modelo de juzgamiento penal que incluya a la ciudadanía, haciéndola corresponsable de sus resultados. Y si bien es cierto que el motivo que impulsó la voluntad política transformadora de estas últimas modificaciones no es el mismo que inspiró las primeras regulaciones, no es menos cierto que hoy constituye la oportunidad que tenemos como sociedad para demostrar la voluntad de comprometernos activamente con la realidad.
Es por eso que creo corresponde destacar estas iniciativas como alternativas civilizadas, enraizadas en un ideario participativo y democrático del funcionamiento de las instituciones, que permiten contar con el aporte del hombre común, pero en un marco de seriedad, responsabilidad y solidaridad. Seguramente, no son las únicas ni las mejores respuestas que merece el problema. En este tema quedan muchas cuestiones por resolver por parte de los funcionarios involucrados. Pero no dejan de constituir herramientas con las que ya se cuenta, y que pueden contribuir a achicar los vacíos que denuncian las últimas demandas sociales. El momento exige la toma de conciencia de que el problema nos concierne a todos y frente a él sólo cabe el compromiso.

 

Notas

[1] Es lo que prevé el art. 369 del Código Procesal Penal de Córdoba.
[2] El resultado de esa investigación fue publicado en El enjuiciamiento penal con jurados en la Provincia de Córdoba – Su estado actual a partir del marco normativo, los casos y sus protagonistas, publicado en agosto/2003 por Editorial Mediterránea.
[3] El art. 2° de la Ley 9182 establece “Competencia. ESTABLÉCESE que las Cámaras con competencia en lo Criminal deberán integrarse obligatoriamente con jurados populares, cuando se encuentren avocadas al juzgamiento de los delitos comprendidos en el fuero penal económico y anticorrupción administrativa previsto en el Artículo 7º de la Ley Nº 9181 y también de los delitos de homicidio agravado (Artículo 80), delitos contra la integridad sexual de la que resultare la muerte de la persona ofendida (Artículo 124), secuestro extorsivo seguido de muerte (Artículo 142, bis, in fine), homicidio con motivo u ocasión de tortura (Artículo 144, Tercero, Inciso 2º) y homicidio con motivo u ocasión de robo (Artículo 165), todos ellos del Código Penal de la Nación”.
[4] Se encuentra en la etapa de edición el comentario completo a las disposiciones de la Ley 9182 y demás concordantes y relacionadas, que hemos realizado con la Ab. Celia Grundy, incluyendo las acordadas reglamentarias del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba (Editorial Mediterránea)

 

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La cuestión tributaria en la Argentina

La reforma necesaria

Después de analizar los problemas tributarios estructurales de largo arrastre y los desafíos políticos, macroeconómicos y sociales actuales y previsibles, se esbozan aquí los lineamientos centrales de una reforma tributaria, necesaria para terminar con la actual situación de inequidad social, impotencia estatal y el notable proceso de disolución nacional que ha sufrido la Argentina durante el último cuarto de siglo.


JORGE GAGGERO
Licenciado en Economía Política (FCE, UBA). Especialista en finanzas, política y administración tributaria y regulación de servicios públicos. Docente de posgrado en finanzas públicas e impuestos en las Universidades Nacionales de La Plata, Córdoba, Cuyo y Comahue. Investigador en el CEFID-AR. Autor de numerosas publicaciones sobre temas económicos y fiscales. Miembro del Proyecto Estratégico Plan Fénix. El texto es una síntesis de la ponencia presentada por el autor en las Jornadas del “Plan Fénix” realizadas del 2 al 5 de agosto de 2005 (FCE, UBA)..

I. La reciente historia fiscal (1975-2002)

La historia fiscal argentina del último cuarto de siglo muestra un derrotero signado por la inequidad social, la impotencia estatal y el notable proceso de disolución nacional que ha sufrido la Argentina durante ese período. Resulta casi obvio recordar, a esta altura de los acontecimientos, que los costos más altos del reciente extravío nacional se deben a las rupturas político-institucionales y a los experimentos macroeconómicos contra natura a ellas asociados. El aporte de la política fiscal a esta historia de fracasos no ha sido menor, sin embargo (Gaggero, 2004c).
La inequidad social ha sido estimulada desde el campo fiscal por dos vías. En primer lugar, el gasto público ha resultado cada vez más ineficaz en su función redistributiva, como consecuencia de tres desarrollos paralelos y vinculados entre sí:
i) las sucesivas crisis han resultado en una muy baja tasa de crecimiento de la economía, lo que ha limitado, a su vez, el nivel del gasto público;
ii) los servicios pagados por una creciente deuda pública “externa” han restado cada vez más recursos al cumplimiento de las obligaciones internas del Estado; y
iii) la propia (y creciente) ineficacia de la gestión estatal y la cada vez más injusta distribución del gasto “primario” (el destinado a las obligaciones internas) debidas tanto a lo antes señalado cuanto a la creciente influencia del poder económico concentrado, al deterioro de la representación política y al debilitamiento del control ciudadano.
En segundo lugar, debe destacarse que la evolución del sistema tributario lo ha tornado muy injusto (regresivo), como consecuencia de las reformas normativas promovidas por los “grandes intereses” así como por el crecimiento de la elusión y la evasión impositivas. Esta evolución –en rigor, una involución en muchos planos relevantes– resulta particularmente notable. La Argentina era, hacia la mitad del siglo pasado, un país que mostraba una estructura tributaria bastante madura y progresiva, más parecida a la de las naciones desarrolladas que a la de los países de su propio pelotón.
La impotencia estatal se expresa, en el terreno fiscal, en una administración pública que no ha podido controlar de un modo razonable ni el nivel de sus ingresos ni su aplicación al gasto.
El proceso de disolución nacional ha sido estimulado –por último– por una dinámica muy negativa del endeudamiento externo, vinculada a la cadena evasión y elusión impositivas-corrupción / fuga de capitales / aumento de la deuda y a una persistente irresponsabilidad fiscal de los gobiernos. Ambos problemas han incidido en el debilitamiento adicional de la economía –que se ha sumado al daño ocasionado por las ya mencionadas políticas macroeconómicas contra natura– hasta extremos impensados y han tendido a limitar severamente los márgenes de libertad disponibles para el ejercicio del poder estatal. Una prueba de esto último ha sido –y lo es todavía, a pesar de los recientes cambios positivos de política– la casi total ineficacia de los controles “de frontera” (físicos, impositivos y financieros), sin los cuales no puede gestionarse con chances de éxito la política fiscal (tampoco la monetaria ni la cambiaria).
La crisis fiscal estructural argentina “de largo plazo” y, en particular, la involución tributaria registrada durante el último medio siglo –de modo especialmente acentuado durante las últimas tres décadas– no parece tener paralelo entre los países de Occidente, los cuales han sostenido en líneas generales un rumbo fiscal progresivo (más allá de las vicisitudes políticas y económicas de la “coyuntura”; ver Weber y Widlavsky, 1983). Esta “anomalía” argentina plantea desafíos particularmente exigentes a todo intento de reforma (ver Gaggero y Grasso, 2005, y sección III).

II. Los problemas tributarios estructurales

Como consecuencia de los desarrollos que se han esbozado, los problemas tributarios estructurales de larga data pueden hoy sintetizarse en cuatro núcleos clave:

- La insuficiente capacidad recaudadora del sistema tributario, agravada durante la década del ’90 como consecuencia de la reforma previsional y los cambios tributarios logrados, a su favor, por los “grandes intereses” (Gaggero, 2004c).
n El desequilibrio estructural en la composición del sistema tributario, que resulta del excesivo peso de los impuestos sobre los consumos –en especial, un IVA de muy alta alícuota general– y de la notoria debilidad de la imposición a las ganancias y a los patrimonios de las personas. Este desequilibrio explica la extrema injusticia (regresividad) del sistema tributario argentino (Gaggero y Gómez Sabaini, 2002, y Gómez Sabaini, Santiere y Rossignolo, 2002).
- El problema fiscal federal que también viene de lejos, se ha agravado en los últimos años y dificulta la gestión de la política económica nacional, el ejercicio de la responsabilidad fiscal y el propio control democrático (Gaggero, 2004a y b).
- Y por último –quizás lo más grave– la debilidad de la administración tributaria, que no ha conseguido reducir de modo relevante la evasión impositiva (Gaggero, 2000 y 2002a). Esta circunstancia ha limitado severamente el financiamiento fiscal, altera la competencia entre las empresas (las que no evaden se ven muy perjudicadas) y torna aún más regresivo al sistema (ya que son los sectores de mayores rentas los que tienen mayor posibilidad de eludir el cumplimiento tributario sin castigo). En las condiciones de Argentina resulta imposible, sin embargo, alcanzar mejoras relevantes (y sostenibles) en la recaudación con el solo progreso de la administración tributaria. Este último no podría sustituir a las importantes reformas normativas que resulta indispensable encarar.

El nivel de la evasión tributaria, del orden del 40 %, es enorme en la Argentina. En los países desarrollados promedia el 10 % y en los de desarrollo intermedio oscila entre el 20 y el 30 % (en Chile es del orden del 20 %, la mitad que en nuestro país). Las prácticas de evasión tributaria han alentado además el aumento del empleo “no registrado”.
La cuestión de la injusticia (regresividad) del sistema tributario debe ser encarada no sólo por razones de equidad sino porque atenta contra el cumplimiento voluntario de las obligaciones impositivas y tiene también impactos económicos muy negativos (sobre el nivel de la demanda interna y sobre la inversión, entre otros).

III. Desafíos políticos, macroeconómicos y sociales

La negra profecía formulada por un reconocido intelectual francés no se ha cumplido aún –afortunadamente– aunque en una perspectiva “estratégica” todas las opciones están todavía abiertas para la nación argentina, aun la catastrófica entrevista en el año 2002 por Alain Touraine [1] (ver Gaggero, 2002b).
Entretanto, los desarrollos macroeconómicos impulsados por el “gobierno de transición“ durante 2002-2003 y, desde mediados de 2003, por la primera administración elegida por el voto de los ciudadanos después del derrumbe del régimen de convertibilidad han sido –más allá de los errores cometidos– notablemente eficaces para estimular la recuperación económica y el comienzo de un proceso de mejora del nivel de empleo. En sólo tres años se ha alcanzado el nivel de actividad económica previo a la debacle y, de continuar este rumbo, en un año más podrían alcanzarse un nivel de desempleo inferior al 13 % (no considerando como empleados a los beneficiarios de los planes sociales ad hoc) y, hacia el bicentenario de su nacimiento como nación, la Argentina podría mostrar una situación laboral más parecida a la predominante dos décadas atrás que a la heredada del derrumbe del 2001.
Las claves de estos desarrollos macroeconómicos han sido: i) el “sinceramiento” del nivel del tipo de cambio, el sostén posterior de uno alto y competitivo y –lo que resulta especialmente importante– la emisión de señales creíbles acerca de la continuidad de esta política cambiaria en el largo plazo; ii) la adopción de políticas fiscales y monetarias sanas, prudentes y consistentes con esa política cambiaria; iii) una negociación inédita con los tenedores de bonos en default y el FMI que está permitiendo arribar a una reestructuración adecuada de la deuda externa y se niega a aceptar recetas de política que puedan comprometer la recuperación económica, la recomposición social y la sustentabilidad de la deuda en un horizonte de mediano y largo plazo; iv) un firme compromiso de no volver a caer en el clásico ciclo de endeudamiento público, expresado como voluntad de no permitir el aumento del nivel de endeudamiento neto posterior al proceso de reestructuración y de asegurar una persistente caída futura del ratio deuda pública/PIB; y, en general, v) la adopción de enfoques de política heterodoxos, bastante alejados de la ortodoxia dogmática predominante durante la década de los 90, que apuntan al desarrollo productivo, la expansión y diversificación de la exportaciones y, en una medida mucho más limitada, hacia una mayor equidad social.
En el plano fiscal, el progreso en los ingresos resultante de la recuperación económica y del mantenimiento y ampliación de los tributos “extraordinarios” –junto con una prudente administración del gasto público, que sufrió una importante caída en términos reales como consecuencia de la propia crisis– aseguró muy rápidamente un nivel de excedentes superior al necesario (para mantener el servicio de la deuda pública regularizada, cancelar los vencimientos con los organismos multilaterales e –incluso– constituir reservas para el momento en que comience el servicio de la que acaba de ser reestructurada). El “ajuste fiscal consolidado” logrado ha tenido una magnitud del orden de los 5 puntos de PIB; se pasó de un déficit primario consolidado algo superior a 1 punto de PIB a un excedente promedio de 4 puntos durante el bienio 2003-04. El nivel alcanzado en este bienio por los recursos “extraordinarios” antes mencionados –del orden anual promedio de 4,0 puntos del PIB, integrado por 2,4 puntos de PIB correspondientes a las retenciones y 1,6 al impuesto a los débitos y créditos– ha sido crucial para asegurar el mencionado ajuste fiscal: resultó similar al orden de magnitud del superávit fiscal promedio logrado en el mismo período. La evolución de estos recursos durante el período 2000-2004 explicó más del 80% de la mejora de la recaudación a cargo de la administración nacional (medida en términos de PIB).
Esta última circunstancia, a la par de mostrar un notable logro en el corto plazo, plantea importantes desafíos en un horizonte mediano y largo. Esto es así porque, por un lado, los exitosos resultados fiscales “corrientes” difieren apreciablemente de los “estructurales”, que el estado argentino aún no calcula –como sí lo hace el chileno– siendo que estos últimos resultados, y no los “corrientes”, deberían constituir la base de la política fiscal de mediano y largo lazo. En síntesis, los resultados “estructurales” corrigen a los “corrientes” de modo de eliminar los efectos del ciclo económico sobre los ingresos y los gastos y todo otro efecto “extraordinario” –como, por ejemplo, los derivados de precios inusualmente elevados de los productos exportados por el país o de una reducida tasa de interés internacional– que esté incidiendo en los resultados fiscales “convencionales” o “corrientes”. Resulta claro, entonces, que el presente resultado fiscal “estructural” argentino sería bastante distinto –si fuese calculado– al que muestran las cuentas oficiales, que se atienen al criterio “convencional”.

Podemos imaginar, a partir de las presentes circunstancias, un escenario macroeconómico para los próximos años, marco de referencia indispensable para el diseño de una reforma tributaria, que pudiera mostrar las siguientes notas:
n continuidad de la política de tipo de cambio alto y sostenido, con un muy gradual descenso de su valor real hasta un nivel de estabilidad de mediano y largo plazo sustancialmente mayor que el de la última década (Frenkel, 2005);
n una política monetaria que atienda a una razonable estabilidad del nivel de precios y cuide de no desatender –al mismo tiempo– el indispensable estímulo a la producción y la creación de empleo (Abeles y Borzel, 2004);
n alcanzada la recuperación adicional posible del nivel de actividad –al presente nivel de inversión, el Banco Central ha estimado que ello ocurriría hacia fines de 2006– debería apuntarse a un proceso de desarrollo con alta generación de empleo basado en un creciente nivel de inversiones (del orden de, digamos, el 25 % del PIB), con una mayor participación de las exportaciones en el producto;
n un alivio adicional, a través de las negociaciones pendientes con el FMI, en el nivel y el perfil de los pagos de la deuda pública externa, que haga posible el alcance simultáneo de los objetivos de crecimiento sostenido, sustentabilidad fiscal (el requisito más difícil, quizás, cuyo cumplimiento no depende sólo del acierto y la voluntad de los actores nacionales) y redistribución de los ingresos (Gaggero, 2003).

Respecto de esta última cuestión, que plantea serias exigencias y restricciones a la futura política fiscal y –en particular– a la reforma tributaria, resulta necesario efectuar simulaciones de la sustentabilidad fiscal en el largo plazo.
Estas simulaciones suponen la definición de: i) una tasa de crecimiento de la economía que pueda asumirse como sustentable; ii) una definición lo más precisa posible de los flujos de repago de la deuda pública total reestructurada; iii) una estimación de los requerimientos futuros de gasto primario y de inversión en infraestructura; iv) una definición de las elasticidades-producto y –por lo tanto– la recaudación alcanzable, para el ritmo de crecimiento de la actividad económica supuesto y dado cierto esfuerzo adicional en la administración de los tributos tradicionales existentes; y v) la estimación del nivel de ingresos adicionales, medido en términos de PIB, que deberá proveer la reforma tributaria para satisfacer –a un tiempo– los pagos de los servicios de deuda que se comprometan y el resto de las erogaciones públicas necesarias.
Una simulación de este tipo realizada por la Gerencia de Planificación y Estudios Económicos del Banco de la Provincia de Buenos Aires estimó –cuando comenzaban las negociaciones para la reestructuración de la deuda en bonos– que la reforma tributaria debería proveer, a mediano plazo, un volumen adicional de recursos tributarios del orden de los 2 puntos de PIB en el ámbito nacional y del orden de 0,5 / 1 punto de PIB en el ámbito provincial; vale decir, un total consolidado de 2,5 / 3 puntos de PIB (adicionales a los recursos necesarios para la eventual sustitución de los tributos “extraordinarios”). Esas simulaciones estimaban, además, en el orden del 3 % del PIB el máximo superávit aplicable –a mediano plazo– al pago de los servicios de la deuda pública consolidada (Gaggero, 2003).
Las últimas estimaciones oficiales conocidas acerca del nivel de superávit necesario en el ámbito nacional para servir a la deuda pública reestructurada –2,7 puntos de PIB a mediano plazo y un mínimo de 2,2 puntos a largo plazo– resultan consistentes con las premisas y los resultados preeliminares de la mencionada simulación. Por otra parte, recientes declaraciones de fuente oficial en relación con el inicio de una nueva fase de negociaciones con el FMI, hablan de un máximo del 3 % del PIB para el superávit fiscal que admitiría el gobierno argentino, en contraposición al 4,5 % demandado para el futuro inmediato (en un “sendero creciente” de mediano plazo) por el organismo multilateral que audita la economía argentina.
Se supone que hacia fines del corriente año (2005) se dispondría, una vez despejadas las incógnitas que plantea la pendiente negociación con el FMI, de los parámetros necesarios para realizar una simulación de este tipo sobre la base de información actualizada, más precisa que la disponible a la fecha.

IV. Lineamientos para una reforma tributaria

Dados los problemas tributarios estructurales de largo arrastre (sección II) y los desafíos políticos, macroeconómicos y sociales actuales y previsibles (sección III), los lineamientos centrales de una reforma tributaria deberían atender los siguientes objetivos (ver Gaggero y Gómez Sabaini, 2002; Gaggero, 2004a y Gaggero y Grasso, 2005):
i) Solvencia fiscal
ii) Más equidad
iii) Competitividad, simplicidad y transparencia
iv) Mayor correspondencia fiscal (entre los gastos y los ingresos controlados por cada jurisdicciones de gobierno)
v) Cambios sustanciales en la gestión tributaria (ver Gaggero, 2000 y 2002 a)

Los vínculos de los precedentes objetivos centrales con la generación de empleo y su regularización serían, en una reforma bien diseñada, muy relevantes (Gaggero, 2004a):
- Resulta claro, en primer lugar, que una mayor solvencia fiscal permitirá sostener más fácil y ampliamente, en la larga transición necesaria para superar la crisis estructural argentina, a las políticas asistenciales necesarias, un nivel de inversión pública más relevante (para multiplicar empleos genuinos) y a las restantes políticas públicas pertinentes (“pro-productivas”: en particular, pro-Pymes; de capacitación y reconversión laboral; y muchas otras). A mediano plazo, niveles más altos (y eficientes) de inversión en infraestructura, salud y educación tenderían a asegurar un mayor nivel de competitividad económica y, por lo tanto, de empleo.
- La mayor equidad tributaria supondrá un mayor nivel de ingreso disponible para los sectores más desprotegidos, un más amplio mercado interno para las actividades locales –en particular, las orientadas a los productos de consumo masivo, los denominados “bienes-salario”– y, por lo tanto, mayor ocupación (lo cual tendería, de modo dinámico, a realimentar sus efectos positivos).
- Una mayor descentralización tributaria mejoraría, a su vez, la solvencia de los fiscos provinciales.
- El efecto combinado de una mejor administración tributaria y una simultánea caída de la imposición al consumo (y a las ganancias de las pequeñas empresas) disminuiría sustancialmente la “brecha de deslealtad” empresaria que la alta evasión y la presente normativa suponen y, por lo tanto, mejoraría la competitividad de las actividades productivas y comerciales de los agentes económicos más responsables (generando, a su vez, mayor ocupación y crecientes niveles de regularización del empleo). El sector de empresas Pymes más integrado a la economía formal podría acceder más fácilmente al crédito y expandirse con menos trabas que en el pasado. Siendo que las Pymes generan trabajo en mayor medida que las grandes empresas esto tendría obvios impactos positivos adicionales en el nivel general de empleo (y también en su regularización).
La reforma tributaria que el país requiere parece demorarse indefinidamente, sin embargo. Es paradojal que esto ocurra cuando la mayor parte de los especialistas fiscales, las principales fuerzas políticas, los actores sociales que se verían beneficiados e –incluso– los organismos multilaterales de crédito han coincidido (y en general coinciden, al menos en el discurso) tanto en su necesidad perentoria, cuanto en las orientaciones generales necesarias.
En contraste con este razonable consenso “político-técnico” resulta muy significativo el silencio que mantienen al respecto las grandes corporaciones empresarias y las “personas físicas” que exhiben gran poder contributivo –con unas pocas honrosas excepciones, por cierto– que, como enseña nuestra historia, suelen tener además una gran capacidad para bloquear las reformas fiscales indispensables. Las empresas productivas deberían beneficiarse con una reforma bien estructurada. La eliminación del sesgo “antiproductivo” del sistema tributario resulta insoslayable, si se quiere que Argentina sea en un país “normal”. En cambio sus propietarios y, sobre todo, los grandes inversores en las actividades financieras y especulativas hoy sustancialmente desgravadas deberían pasar a ser grandes contribuyentes “efectivos” del fisco. Bajo un enfoque de responsabilidad política y social y una racionalidad económica que atienda al largo plazo –y no sólo a sus elementales intereses inmediatos– también los propietarios de empresas y, en general, los inversores se beneficiarían con una reforma tributaria en Argentina.

Notas

[1] Sostuvo Alain Touraine en una conferencia acerca de la situación Argentina pronunciada en el punto más álgido de la crisis, a principios de 2002: “La Argentina es un país de consumo, pero no de producción y trabajo… El carácter ejemplar de la Argentina es que avanza lo más rápidamente posible hacia la decadencia y la descomposición…Con toda la gloria de su cultura, parece haberse anticipado a los otros [países] en ese fenómeno de desintegración [de los Estados-Nación] en el nivel mundial”.

 

 

 

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MIDIENDO EL UNIVERSO CON UN PALO. DE ERATÓSTENES A LA ACTUALIDAD (III)

La grandeza del Universo

Allá por el año 240 a.C., Eratóstenes supo que había un día en el año en que las cosas no daban sombra en la ciudad de Syene (Egipto). Mandó un emisario a esa ciudad mientras él se quedó en Alejandría, y ambos midieron al mismo tiempo la longitud de la sombra que daba un palo. Mediante esa simple medición, y aplicando trigonometría, Eratóstenes calculó qué diámetro debía tener la Tierra, sabiendo la distancia exacta entre Alejandría y Syene. Eratóstenes concluyó que la Tierra era una esfera de 40.000 km de circunferencia (en unidades actuales) y, por lo tanto, unos 12.000 km de diámetro. Hoy las mediciones más delicadas dan 40.067 km para el perímetro de nuestro planeta en el ecuador.
A partir de esa medición, Aristarco de Samos calculó el diámetro y la distancia a la Luna, obteniendo valores similares a los que se conocen hoy. Estas mediciones fueron la base de nuestro conocimiento actual sobre las dimensiones de los planetas y el sistema solar. Luego, en la segunda nota, mostramos cómo una vez conocidas las distancias dentro del sistema solar se empezaron a conocer las dimensiones interestelares, usando el método del paralaje o el del estudio de ciertas estrellas, llamadas “Cefeidas”. En esta tercera y última parte, veremos cómo se comenzó a conocer, durante el siglo XX, que la nuestra era solamente una galaxia entre tantas, en la vastísima grandeza del Universo. Conocer cuán pequeños somos es tal vez parte de la historia del conocimiento humano, historia que comenzó en el antiguo mundo griego, midiendo la sombra de un palo.


ROBERTO ARGENTINO ETCHENIQUE
Licenciado en Ciencias Químicas, FCEN-UBA.
Doctor de la Universidad de Buenos Aires.
Profesor Adjunto Regular, DQIAyQF, FCEN, UBA.

 

Otras galaxias

Por los años 20, parecía que ya la astronomía estaba, de algún modo, llegando a su fin. Habíamos medido las distancias a las estrellas más lejanas, y hasta en las Nubes de Magallanes, que eran como dos islitas llenas de estrellas en nuestra relativa cercanía de 140.000 años luz.
Más allá no parecía haber nada, o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual.
Solamente algunos puntos quedaban algo flojos. En un sector del cielo, se conocía desde los tiempos más antiguos una especie de estrella neblinosa, una manchita de bordes difusos, poco brillo y poco interesante. Cuando se hizo el primer catálogo de objetos que no parecían estrellas, el astrónomo Messier, en 1612, la llamó "nebulosa M31".
De estas nebulosas, y de otras similares, se pensaba que eran acumulaciones de gas y polvo, como las que dan origen a las estrellas. Tal vez eran inclusive estrellas en formación. En este caso, la nebulosa M31 no era todavía una estrella bien formada, sino una en formación, de ahí sus bordes difusos y su poco brillo. En este caso, estaría a alguna distancia comparable a las demás estrellas.
Pero había otras opiniones. Sin mucho fundamento científico, el filósofo Kant opinaba que esas nubecitas eran en realidad otros universos. Universos-islas, llenos de estrellas, sólo que a distancias tan enormes que estas estrellas no se podían ver individualmente, y sólo se percibía una mancha de luz. Nuestra propia galaxia, pensaba Kant, es sólo uno más de los millones de Universos-Islas que deben de existir. La cuestión se dirimió cuando Edwin Hubble, un astrónomo norteamericano, apuntó el telescopio más grande recién construido en 1917 a la nebulosa M31, y vio que los bordes de la nebulosa estaban hechos de estrellas. No era una simple nube de polvo y gas, sino una galaxia llena de estrellas. Pero esas estrellas apenas se veían, así que esa galaxia debía estar mucho más lejos de lo imaginado. En 1923, el mismo Hubble vio que una de las estrellas que había visto por el telescopio variaba en forma igual a la que lo hacen las variables cefeidas. Era efectivamente una cefeida. Con esa estrella situada en M31, podía calcular la distancia a la nebulosa.
Una vez estudiada durante varios días, del período de su parpadeo pudo conocer su luminosidad real, y comparando con lo tenue que se veía desde la Tierra, y efectuando los cálculos, estimó que M31 estaba a un millón de años luz de nosotros. Se había descubierto otra galaxia y Kant y sus elucubraciones habían tenido razón. Nuestra Vía Láctea no era la única galaxia, y si había dos, podría haber millones...
Esta galaxia, M31, vista desde la Tierra está en la constelación de Andrómeda, por lo que se la conoce normalmente como “Nebulosa de Andrómeda”, y es la galaxia más cercana a la nuestra. Su distancia real es aún más grande que aquella primera estimación de Hubble. Está a dos millones de años luz, medio millón de veces más lejos que la estrella más cercana.
Y fue medida con la escala de cefeidas, que se corroboró con medidas de paralaje estelar, que se midió por medio del tamaño de la órbita terrestre, que se determinó mediante paralaje planetario, y este último con la medida del diámetro terrestre, que Eratóstenes pudo conocer... usando un palo.

Miles de galaxias

Luego de Andrómeda, la búsqueda de galaxias fue el pasatiempo más popular de los astrónomos. Aparecieron de a miles. Para galaxias alejadas, ya no era posible encontrar cefeidas entre la bruma luminosa, de modo que medir las distancias era una cosa muy difícil. Por suerte, las galaxias más cercanas sí mostraban cefeidas y podían entonces calibrarse otros métodos. Uno de los métodos más utilizados fue el de las estrellas supergigantes.
Estrellas hay de todos los tamaños, el sol es una estrella más bien pequeña, pero hay estrellas tan grandes como todo nuestro sistema solar, y más grandes aún. Y las hay de todos colores, de rojizas y frías a estrellas ultracalientes de color azul violáceo. Entre estas variedades, existen estrellas con un brillo enorme, de las que hay pocas por galaxia, y que se llaman “supergigantes”. Una estrella de este tipo es S Doradus, 600.000 veces más brillante que el sol, que se encuentra en la Nube Mayor de Magallanes.
La brillantez de aquellas que están en galaxias más cercanas pudieron medirse aprovechando que se veían también cefeidas en estas galaxias, y resultó que todas las supergigantes tienen una luminosidad similar. De esta forma, las supergigantes son como faros en el universo. En las galaxias lejanas, sólo unas pocas estrellas se pueden distinguir individualmente, y éstas son supergigantes. Como sabemos su luminosidad, podemos estimar la distancia de la galaxia en la que están, comparando su luz real, con el tenue brillo que nos llega a nosotros.
Así se han medido miles de distancias de galaxias lejanas, utilizando la luz de las estrellas supergigantes, que se conoce midiendo por la escala Cefeida, que se corrobora con medidas de paralaje estelar, que se mide conociendo el diámetro de la órbita de la Tierra, que se determinó midiendo el paralaje planetario, para lo cual se utilizó como dato el diámetro de nuestro planeta, que fue medido por primera vez hace más de 2200 años por medio de un palo.

El Universo se escapa

Cuando se vieron estrellas en la nebulosa de Andrómeda M31, se supo definitivamente que se trataba de otra galaxia. Y del período de sus estrellas cefeidas se vio que estaba a dos millones de años luz de nosotros. Por el efecto Doppler, se pudo también conocer la velocidad de esta galaxia respecto de nosotros, y resultó que se acercaba a una velocidad de unos 200 km por segundo. Esta velocidad parece muy grande, aunque en términos cósmicos es más bien poco. A 200 km por segundo, Andrómeda tardaría 2500 millones de años en llegar a la Tierra. Además, esa velocidad no es atribuible a un simple acercamiento, ya que nuestro sol, y todo nuestro sistema solar, se mueve orbitando alrededor de la Vía Láctea, y en estos tiempos ese giro hace que nos acerquemos a Andrómeda a unos 150 km/s. Si restamos esta velocidad de nuestro propio sistema, nos queda un acercamiento genuino de sólo 50 km por segundo. Esto significa que el acercamiento actual inclusive se transformará en alejamiento cuando nosotros empecemos a girar del otro lado de la órbita galáctica, aunque para que eso pase faltan todavía millones de años.
Pero luego, las cosas empezaron a ponerse más interesantes, ya que uno esperaría que si empieza a medir la velocidad de muchas galaxias, más o menos la mitad estén acercándose y la otra mitad alejándose. Sin embargo, de las 15 primeras galaxias a las que se les midió su velocidad, resulta que sólo dos se acercaban, y 13 se estaban alejando. Podía ser una coincidencia, pero cuando pasó el tiempo y se midieron más y más velocidades de galaxias, se hizo evidente que prácticamente todas se alejaban de nosotros.
Pero esto no era todo. Cuanto más débil, y por lo tanto probablemente más alejada, era una galaxia, más rápido parecía escapar de nosotros. En 1928 se midió una velocidad de escape de 3800 km por segundo, y en 1936 ya se conocían galaxias que se alejaban a 40.000 km por segundo.
En 1929, Hubble hizo un extenso estudio de las velocidades y distancias a las galaxias (que midió por varios métodos, no solamente por el de cefeidas y estrellas supergigantes) y encontró que, en líneas generales, la velocidad de alejamiento de las galaxias era directamente proporcional a su distancia. O sea, si una galaxia estaba tres veces más alejada que otra, su velocidad de alejamiento era también tres veces mayor. Estrictamente hablando, no es que todas las galaxias se alejan “de nosotros”, sino que todas se alejan entre sí, como los puntos dibujados en la superficie de un globo que se infla. No importa desde qué punto miremos, todos los otros puntos parecen alejarse de nuestro punto al inflarse.
Hubble llegó a la conclusión de que hace miles de millones de años, todas las galaxias estaban muchísimo más cerca entre sí, y si vamos más atrás aún en el tiempo, llegaremos a un momento en el cual toda la materia y energía del universo estaba concentrada en un punto muy pequeño. Y así nació el modelo o teoría del “big bang”, que es la más aceptada en nuestros días para explicar el origen del Universo.

La estructura del Universo

Una vez que se calibró el efecto Doppler de las galaxias, fue mucho más fácil volver a recalcular la distancia a ellas, aun de las que estaban tan lejos que ni una sola estrella podía distinguirse de la masa brumosa de luz. Simplemente viendo en el espectro luminoso de cada galaxia el corrimiento de las líneas espectrales, este efecto Doppler permitía conocer la distancia multiplicando por un simple número llamado la “Constante de Hubble”. Esta constante es igual a 50.000 años luz por cada km/s de velocidad de alejamiento. Así, para una galaxia con un efecto Doppler de 3600 km/s, le corresponden 50.000 x 3600 = 180 millones de años luz.
Si uno no tiene en cuenta las distancias, todo lo que se ve en el cielo es chato como una fotografía, no se puede ver la profundidad. Una vez que uno puede conocer la distancia a las galaxias, se pueden hacer mapas tridimensionales del Universo entero. En estos mapas, lo que desde la Tierra parece sólo un caos de galaxias, empieza a mostrar una estructura extraña. Las galaxias en el Universo parecen estar ubicadas en una especie de red abierta, como de filamentos llenos de galaxias, separados por grandes espacios vacíos. Mientras tanto, los astrónomos siguen haciéndose nuevas preguntas sobre nuestro Universo, y buscando respuestas en las noches estrelladas.
Y así llegamos al final de nuestra historia. La historia de haber medido la distancia hasta los confines del Universo, usando la Constante de Hubble, calibrada mediante el brillo de las estrellas supergigantes, que se determinó mediante el período de las estrellas cefeidas, que se corroboró con el paralaje estelar de cientos de estrellas, que se midió conociendo el diámetro de la órbita terrestre, del que se supieron sus dimensiones con el paralaje planetario, gracias a que conocíamos el diámetro de la Tierra, medido por primera vez allá por el año 250 antes de Cristo, por Eratóstenes, usando un palo.

 

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LA ENSEÑANZA DE LA CIRUGÍA

“Sabe lo que haces y haz lo que debes”

Históricamente, los fines de la enseñanza de la Cirugía pasaban por formar operadores que, con gran rapidez y destreza, intentaran solucionar en forma heroica patologías que de otra manera finalizaban con la muerte del sujeto. A medida que fueron pasando los años, merced al desarrollo de los principios de asepsia y esterilización unidos a la necesidad en la medicina de la investigación experimental y al enorme avance de la anestesiología, las actividades quirúrgicas fueron haciéndose más complejas. Necesariamente dejaron de ser del dominio individual, para ser abordadas por equipos con roles perfectamente distribuidos y, desde hace unos años, por grupos interdisciplinarios que aceleraron el advenimiento de nuevas técnicas. Esto produjo, por tanto, numerosos cambios en la enseñanza de la práctica quirúrgica, tanto en medicina humana como veterinaria.



JUAN ROGELIO PISTANI
Médico veterinario. Profesor Titular del Área de Cirugía y Anestesiología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA.

Si observamos un texto de Cirugía que se remonte al primer cuarto del siglo pasado, vemos que se trata de manuales que describen intervenciones quirúrgicas, casi con exclusividad amputaciones, que para su ejecución requerían del entonces bien llamado paciente (por la actitud de estoicismo que debía guardar), un alto grado de colaboración no siempre posible y, de parte del cirujano, una velocidad directamente relacionada con el tiempo al que el sujeto estaba sometido a un sufrimiento desmedido. Los que sobrevivían a estas prácticas, merced a una loable respuesta orgánica al trauma y al estrés, generalmente sucumbían a los procesos infecciosos que, inconscientemente, los mismos cirujanos provocaban.
A medida que fueron pasando los años, merced al desarrollo de los principios de asepsia y esterilización preconizados por Pasteur y Lister, unidos a la necesidad en la medicina de la investigación experimental preconizada por Claude Bernard y al enorme avance de la anestesiología, las actividades quirúrgicas fueron haciéndose más complejas. Necesariamente dejaron de ser del dominio individual, para ser abordadas por equipos con roles perfectamente distribuidos y, desde hace unos años, por grupos interdisciplinarios que aceleraron el advenimiento de nuevas técnicas.
No sólo dejaron de ser del dominio individual sino que cada parcela de esta disciplina fue a su vez abordada y desarrollada por grupos de especialistas con el empleo de nuevas técnicas, de materiales, de aparatos, de métodos, etcétera, tan eficaces, que hacen pensar que si no nos adaptamos al ritmo de estos acontecimientos, pronto será más fácil para cada uno de estos especialistas abordar especies diferentes que para el veterinario dominar esta tecnología.
Con este devenir, mucho tuvo que ver la aplicación de la industria de la medicina, la que, en muchos casos, financió y promovió el desarrollo científico con una mutua conveniencia.
El avance tecnológico que se ha venido desarrollando en progresión geométrica hace muchas veces que, debido al cúmulo de información existente, un profesional no pueda estar al día ni siquiera en uno de los temas referente a una sola de las especies existentes.
Esta continua información que llega a diario de distintas fuentes, que son verdaderas usinas de investigación, ha logrado que la producción literaria científica se haya multiplicado en forma tal que, prácticamente, resulta imposible asimilarla y luego comunicarla seriamente y aunque ello fuera posible, se perjudicaría al alumno porque, de ninguna manera, puede tomar conocimiento, en el breve tiempo que tiene en el grado, de tan voluminosa información. Es necesario tener perfectamente claro el concepto de que la Facultad sirve para aprender a pensar y no para enseñar.
Es por ello que, de haber seguido con esta tendencia, nos hubiéramos encontrado con la necesidad de alargar los estudios de manera tal que mantendríamos al estudiante, en su época más productiva, formándose y aún, por las causas antedichas, sin dominar todos los conceptos necesarios.

Pedagogía moderna

La pedagogía moderna enfoca la enseñanza cambiando el fin, antiguamente informativo, por el formativo, creando un modo de pensamiento que posibilite al egresado generar conocimiento ante las variadas situaciones que se le puedan presentar. Lo trata de proveer además de una imprescindible necesidad de autoinformación y de la responsabilidad de realizar únicamente lo que su rigurosa formación le dicta que sabe y debe.
Difícilmente, en la actualidad algún recién egresado de alguna de las facultades de Ciencias Médicas de nuestro país esté en condiciones de ejecutar una intervención quirúrgica, así como tampoco pretender hacerlo ni que la facultad, en el pregrado, lo forme para ello.
Más aún, a nadie se le ocurre pensar que la totalidad de los alumnos que ingresan a la carrera médica, ni por consiguiente los médicos que egresan, posean obligatoriamente las condiciones y talentos que les permitan ejercer la cirugía (ni para ingresar ni para egresar).
A esta altura de los conocimientos científicos, sería un cuadro imposible de imaginar que un maestro de cirugía le estuviera enseñando y repartiendo roles activos a un grupo de alumnos de grado de la carrera médica sobre un ser humano.
Debido a muchos impedimentos que se fueron sucediendo lentamente, la escuela médica ha trasladado la enseñanza de la Cirugía al postgrado, contando con residencias y/u otros variados modos de enseñanza de post-graduación, que son acompañados por un grupo de instituciones médicas (hospitales, sanatorios, etc.), como instrumentos educacionales para quien se quiera formar ya sea en el cada vez más complejo y difícil arte de la cirugía, o en otras especialidades.
Una vez finalizado el largo pasaje por la residencia, generalmente tres años en cirugía general, o en su defecto luego de una concurrencia intensiva de cinco años a un servicio de cirugía general reconocido, recién es posible optar por la postulación a una especialidad, ya sea cirugía general u otras variables (Cardiovascular, Digestiva, Plástica, General, Torácica, etc.).
Por el contrario, algunos colegas y/o futuros veterinarios piensan, aun actualmente, que la Facultad debería posibilitar y hasta exigir a sus alumnos de grado para egresar estar entrenados en algunas cirugías comunes, y no conciben dar el título a una persona que no esté formada como cirujano o que posea alguna imposibilidad para ello.
Ahora bien, ¿existe alguna diferencia de complejidad entre el organismo humano y el de otros animales? ¿No es dificultoso acceder al conocimiento profundo de varias especies con anatomías y fisiologías disímiles? ¿La fisiopatología de un canino, de un equino o un bovino, es más sencilla que la de un humano? ¿El hecho de ser un animal significa que puede ser accedido con irresponsabilidad? ¿No es la misma la seriedad científica con que debemos formar a un universitario que se dedique a la medicina veterinaria que a uno que se dedique a la medicina de humanos? ¿No debemos crear un modo de conducta semejante para todas las profesiones? ¿No es el universitario quien debe ser el espejo en donde la sociedad debería buscar modelos?
Existen a mi juicio pocas posibilidades de respuesta para aquellos que piensan de esa manera. O los profesionales que pretendemos formar son realmente superdotados que sin necesidad de horas de paciente estudio y entrenamiento pueden acceder conscientemente a realizar cirugías en las diversas especies, o alguien ha encontrado la manera de enseñar una disciplina (cirugía) sin practicarla. ¿O estamos quizás fomentando a imagen y semejanza de la antigua formación que recibimos un alto grado de audacia?
Ahora bien, en sentido contrapuesto, ¿qué hace que en muchos de los equipos de investigación médica, que abordan experimentalmente animales de cualquier especie, el médico piense estar en condiciones de prescindir del profesional que se ha formado adecuadamente para ello e inclusive de otros profesionales?, ¿los médicos que formamos en la universidad son superdotados?, ¿están en condiciones como los veterinarios formados en esa disciplina de poder determinar el estado de normalidad en un animal?, ¿si no pueden determinar qué es normal cómo pueden medir los cambios que su técnica produce en el animal que ha elegido y cómo miden los resultados? ¿Se encuentran además en condiciones de paliar el sufrimiento adecuadamente en el pre, intra y posquirúrgico en el paciente animal sobre el que trabajan? ¿O se está quizás fomentando a imagen y semejanza de la antigua formación un alto grado de audacia?
En ninguna carrera médica debemos formar autómatas que realicen cirugías en serie, como los antiguos operadores, sino individuos pensantes con profundos conocimientos generales y particulares que les permitan estudiar el caso, a la luz de los conocimientos y tecnologías modernas, llegar a un diagnóstico certero, preparar al organismo que va a ser agredido y, por fin, realizar la intervención quirúrgica en el momento más oportuno. Luego debemos acompañar al caso clínico hasta su alta definitiva.
No sólo es importante la formación en el quirófano o el tiempo utilizado para la intervención propiamente dicha, sino la escuela que se hace fuera del quirófano: los estudios solicitados, la medicación recomendada, la anestesia elegida y el postoperatorio. Actos que conllevan, en cuanto a formación, mucho más tiempo que el acto quirúrgico propiamente dicho.

Medicina veterinaria

El mismo cambio que se produjo en forma muy paulatina en la enseñanza de la cirugía en medicina humana, y que llevó su enseñanza al posgrado, se desencadenó rápidamente en la enseñanza de la cirugía en medicina veterinaria en nuestra facultad, por motivos similares, en las últimas décadas:
En la década del sesenta, un número acotado de alumnos llegaba al cursado de Técnica Quirúrgica en el 3º año de la carrera, con un buen manejo de determinados instrumentos quirúrgicos y buenos conocimientos anatómicos, debido a la gran cantidad de disecciones que le era posible practicar durante el año intensivo en que cursaba anatomía.
Dieciocho meses después, casi como una continuidad, en Técnica Quirúrgica, mejoraba el desarrollo de su manualidad realizando, en animales vivos, un gran número de maniobras (simulando intervenciones de las no muy numerosas que existían en ese entonces) en forma individual o de a pares en las tres especies disponibles, las que inmediatamente después eran sacrificadas.
Este entrenamiento, realizado durante un año, aumentaba aún más su manualidad a la ya adquirida en anatomía, pero sin fomentar el respeto a los cánones de la cirugía aséptica, lo que coadyuvaba a la adquisición de un modo de conducta muy especial.
Esta deformación, unida al bajo desarrollo de la anestesiología de la época (a similitud de una “báscula de Vinsot”, priorizaba la hipnosis sobre la analgesia, uso de hipnóticos en todas las especies y por consiguiente con posibilidades quirúrgicas limitadísimas debido al dolor y estrés que provocábamos, del que no éramos conscientes), formaba alumnos, futuros profesionales donde privaban la velocidad y formación manual (de su rapidez manual dependía la vida del paciente), poco sensibles al sufrimiento animal, que no vacilaban en realizar intervenciones quirúrgicas para resolver patologías que no conocían adecuadamente. Recordar que la secuencia del ciclo enseñanza-aprendizaje estaba invertida. La adquisición de la manualidad era previa al estudio de las patologías quirúrgicas.

Anestesiología

El avance de la anestesiología, tanto en medicina humana como veterinaria, significó la posibilidad de acceder durante tiempos operatorios prolongados y con una seguridad sorprendente a intervenciones quirúrgicas que no hubiéramos soñado realizar, lo que hizo que se elevasen en progresión geométrica un sinnúmero de técnicas quirúrgicas complejas.
Este panorama ha cambiado notablemente, sobre todo en la cirugía de los pequeños animales, y en gran medida también en la de equinos y en menor magnitud en la de bovinos, sobre todo por limitaciones de índole económica.
Es decir que nos encontramos con alumnos que no han tenido posibilidad de desarrollo de su habilidad manual quirúrgica; ha aumentado en proporción geométrica el número y complejidad de las cirugías; ha aumentado también en proporción geométrica el número de alumnos; los mismos alumnos y la sociedad no comparten el uso de la vivisección ni siquiera como complemento de la enseñanza, y, por último, que económicamente esto se ha vuelto totalmente inviable. En mi primer año a cargo de la Cátedra de Técnica Quirúrgica (1978) utilizamos y luego sacrificamos para la enseñanza 60 caballos, 120 bovinos y 240 perros (no creo que en toda mi vida profesional haya podido colaborar con salvar de la muerte a una cifra semejante de animales con problemas médicos).
En la actualidad, y desde hace muchos años, muchos de los alumnos no realizan en anatomía disecciones, por lo que el dominio de sus manos e instrumentos (bisturí, pinzas de disección, tijeras, legras, etc.), ya no es el de otras épocas.
Tampoco se realiza vivisección en Técnica Quirúrgica, por motivos tan evidentes que sería una ofensa a la razón explicar en este momento. Alumnos y docentes se resisten a provocar sufrimiento con el fin de capacitarse para disminuirlo, en animales similares en los que tendrían que paliarlo.
La complejidad de la anestesiología, y de la cirugía, requieren una formación muy minuciosa y una permanente disposición a la innovación y al cambio que hacen imposible la formación de operadores para la innumerable cantidad de intervenciones y su creciente complejidad.
El aumento desproporcionado del número de alumnos en las cursadas dio el golpe de gracia a los cambios que se venían registrando y que sucintamente acabamos de comentar.
A pesar de opiniones encontradas, éstas fueron las razones por las que en su momento (1989), con la anuencia del Departamento de Medicina y del Consejo Directivo, nos vimos obligados a modificar los métodos de enseñanza y a preconizar una formación que permita al alumno una paulatina, lenta pero responsable formación en los equipos que desarrollan su actividad quirúrgica diaria en el Servicio de Cirugía de Pequeños Animales del Hospital Escuela, en la atención minuciosa de casos reales que dan resultado a la realización de no menos de mil cirugías anuales.
Fue así como en la Facultad de Veterinaria de la UBA, en el año 1989 realizamos un cambio estructural en la enseñanza y, por supuesto, también de la enseñanza de la cirugía, colocando una buena parte de la misma en cursos optativos para quienes hayan elegido las diferentes orientaciones. Además, continuamos posibilitando que aquellos alumnos que lo deseen, intensifiquen su formación quirúrgica en el grado con pasantías para alumnos, pero siendo conscientes de la necesidad de dedicar un tiempo apreciable a ello, con muchas veces la dilación en el egreso que ello implica.
Estos cambios en la enseñanza fueron además apoyados por unanimidad en los Seminarios de Enseñanza de la Cirugía que nucleaban anualmente a las cátedras involucradas en la enseñanza de la cirugía de todas las universidades nacionales.
De cualquier modo, lo que más tiempo lleva en la enseñanza de la cirugía de los pequeños animales y en lo que hacemos mayor hincapié no es lo referente al acto quirúrgico en sí, sino la formación del alumno en cuanto a su preparación y estudio intensivo y responsable del caso clínico-quirúrgico.
Tenemos claro que el aprendizaje de la cirugía requiere de mucho más tiempo del que es posible disponer en el grado. A nuestro criterio, tampoco es necesario someter a un futuro veterinario que no posea inclinaciones ni condiciones para dedicarse a la cirugía a un número de horas totalmente excesivo, con el agravante que significaría el hecho de que otras disciplinas de la carrera hicieran algo similar, manteniendo de este modo indefinidamente al alumno formándose, sin producir.
Si ayudamos a la formación de una mente creadora y un cuerpo hábil que ante cada circunstancia que enfrenta elabore con absoluta responsabilidad conocimiento, poseyendo la sensatez suficiente de autolimitación ante lo que lo supera y la necesidad imperiosa de mejorar permanentemente su formación, podremos asegurarnos que este individuo va a ser útil para la sociedad que ayudó a formarlo y a quien se debe.
Finalizaré estos breves comentarios con una frase inserta en la tesis de Profesorado sobre “Suturas en Veterinaria” de un excelente profesor de la casa quien me antecediera en la misma Cátedra, Domingo Canter (1904 - 1975): “...Su experiencia es factor de relieve para el éxito de la cirugía. Requieren mucha ejercitación para poder realizarlas no sólo con corrección sino con un poco de arte. La habilidad del cirujano se juzga prontamente mientras las ejecuta. Un sastre hábil cose y anuda sin esfuerzo aparente; su aguja entra y sale en intervalos regulares con una sucesión de movimientos que fascinan por su simplicidad y seguridad, así como por la economía de todo lo inútil y superfluo. Lo mismo vale para cualquier artesano maestro en su oficio; ejecuta su labor con ritmo y sin tacha.
Por el contrario, es excepcional que quien opera se preocupe por trabajar y suturar con destreza y elegancia; sin embargo, si quiere destacarse, no debe despreciar mil pormenores que surgen a primera vista como fútiles o insignificante, pues la cirugía es ciencia y arte en donde la atención y el cuidado del detalle asumen inestimable alcance...”

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Desarrollo técnico y divulgación

La radio antes de la radio

En agosto de 1920, cuatro jóvenes –tres de ellos médicos de la UBA– dieron inicio a la radiodifusión en la Argentina, que a partir de ese hecho se difundiría rapidamente por el país. Pero antes de ello, la revista Caras y Caretas y en menor medida otros medios habían preparado al público publicando numerosos artículos sobre esta nueva forma de comunicación.


DIEGO JAVIER IBARRA
Licenciado en Periodismo (Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Lomas de Zamora)
Jefe de Trabajos Prácticos del Taller de RadiofonÌa (Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires).

 

Se toma como fecha del nacimiento de la radio (radiodifusión), la emisión desde el Teatro Coliseo el 27 de agosto de 1920. Antes sólo existía la radiotelefonía. El concepto de radiodifusión define un emisor y múltiples receptores. Esto es lo que ocurrió aquel día, aunque los receptores no hayan sido tan “múltiples” y el equipamiento técnico de la recepción no haya sido solamente un aparato receptor sino el utilizado en la radiotelefonía, receptor y emisor a la vez. Los comúnmente denominados “radioaficionados”. Radiodifusión también se refiere a la difusión sonora en forma más o menos continua y sostenida, sistemática y reconocible. Y eso es lo que se inició aquel día, aunque no de modo claro y consciente.
Resulta curioso que un solo medio, el diario La Razón, haya recogido al día siguiente lo que podría llamarse “la trascendencia de lo posible”.
Es interesante rescatar algunos términos usados en esa crónica periodística. Se refiere a antenas radiotelegráficas, ondas marconigráficas y estaciones radiotelegráficas. No hay, aunque también era un término de la época, alusión a la radiotelefonía. Ésta y la radiotelegrafía se mezclaban con otras denominaciones de época como “telegrafía sin hilos” o “telefonía sin hilos”. Lo que es claro para el presente no lo era para esa segunda década del siglo XX.
Se hace referencia de modo directo a los posibles receptores vinculados a los oficios como marinos de barcos o radiotelegrafistas y radioaficionados (aquellos iniciados en el secreto). Se destaca sí un gran número de ausencias en la recepción: “Es posible que mucha gente ignore una cosa simple...”.
Es decir que esa emisión de Parsifal desde el Coliseo fue recepcionada por un grupo de iniciados en las técnicas radiotelefónicas. No hubo en los medios de la época anuncios sobre lo que iba a suceder. Sí es real que a partir de ahí en poco tiempo la radio iría ganando espacio en las páginas de diarios y revistas.
Es probable que lo ocurrido haya sido tomado como otro momento del desarrollo técnico de la radiotelegrafía o radiotelefonía sin caer en la cuenta de que se estaba fundando un nuevo medio de comunicación.
Cuatro años más tarde se escribía en la revista R.C.A., órgano oficial del Radio Club Argentino, fundado el 21 de octubre de 1921, al recordar esa primera emisión: “(…) cuando la radio era desconocida para la mayor parte del público; sus propios fundadores se hallaban muy lejos de suponer el interés que en brevísimo plazo había de despertar el prodigioso invento. La institución progresó rápidamente, engrosaron sus filas muchos socios que deseaban aprender los secretos de lo que era un misterio para la mayoría…”.
Eso que se estaba gestando era la radiodifusión. Por lo que la utilización de esa técnica ya no sería sólamente una curiosidad tecno-científica de ondas eléctricas y propagación del sonido inalámbrico, sino que iniciaba un nuevo medio, con un público que crecía. Oyentes, que confeccionaban sus propios aparatos receptores, denominados radios.

Caras y Caretas

La primera alusión directa que hace la revista Caras y Caretas a la radiodifusión, aunque mencionándola como radiotelefonía y citando las emisiones del teatro Coliseo, fue el 23 de octubre de 1920, dos meses después de aquella noche que pasó a la historia nacional.
Bajo el título “Estaciones radiotelefónicas de aficionados” se describen los adelantos técnicos de emisión y recepción al mismo tiempo que menciona las emisiones propias de radiodifusión que por entonces se hacían diariamente desde el Coliseo.
“Para muchas personas será seguramente una novedad el hecho de que diariamente en Buenos Aires se mantengan conversaciones que se prolongan por espacio de horas sin que para ello sea necesario el empleo de un conductor. Se trata simplemente de estaciones de teléfono sin hilos instaladas por sus propietarios, según los últimos adelantos de la ciencia, y que si al principio el sistema utilizado no se prestaba para grandes aplicaciones, en la actualidad se ha conseguido, mediante un aparato transmisor instalado en el teatro Coliseo, enviar a cierta distancia la música y el canto de las óperas que diariamente se representan en su escenario…”.
La primera parte de ese artículo resalta la novedad de las transmisiones inalámbricas diarias que se hacen desde el Coliseo. Lo que reafirma lo dicho en párrafos anteriores sobre esa primera etapa de una recepción para iniciados, aquellos “propietarios” de estaciones de telefonía sin hilos. No está de más aclarar el alto costo para la época que implicaba disponer de los aparatos técnicos para la emisión-recepción. Debido a esto, los aficionados eran representantes de una alta burguesía con cierta inquietud y disponibilidad económica. Muchos de esos aparatos eran importados a pedido de los “propietarios”. Las piezas en general eran armadas por ellos a partir de una curiosidad por la ciencia y la técnica, que les permitía desarrollar mejoras en sus aplicaciones.
También el artículo de Caras y Caretas hace referencia a la doble aplicación. La radiotelefonía implica un ida y vuelta en la comunicación de esos radioaficionados, pero al mismo tiempo se comenzó a utilizar la recepción como posibilidad no excluyente. El armado de aparatos de radio para la recepción tenía un costo menor, lo que amplió la base no ya de aficionados a la radiotelefonía, sino de aficionados a la radiodifusión. Éstos irían conformando la audiencia de las radios que en un tiempo corto aparecerían.
La aplicación radiofónica se explica en el mismo artículo al decir sobre el ámbito de la recepción de oyente que “cómodamente instalados en sus respectivos domicilios, pueden gozar de un privilegio que seguramente no se lo imaginaron hace unos meses, los mismos que hoy escuchan la representación como la cosa más natural del mundo”. Vale aclarar que “cómodamente” en su domicilio significaba, en ese preciso momento, una habitación repleta de elementos necesarios para la recepción. La pequeña radio a galena de sólo recepción todavía no estaba muy difundida entre quienes sólo serían oyentes, era cuestión de meses para que esto ocurriera.
El resto del artículo se dedica a los detalles técnicos de transmisión y recepción, particularidades de cada una de las llamadas estaciones, en referencia a las instalaciones de cada aficionado. Se mencionan y se muestran fotografías de las estaciones radiotelefónicas de Horacio Martínez Seeber, Eduardo Devoto, César Guerrico, se menciona a Miguel Mugica y se muestran fotos del receptor con que se oye la función del Coliseo. El texto abunda en detalles sobre el funcionamiento técnico. Es de suponer, por el tipo de explicación, la existencia de un lenguaje y saberes previos en los lectores.
Cómo por ejemplo: “Hace algún tiempo el sistema que se usaba en estas estaciones particulares era el de arco o chispa de alta frecuencia que ha sido abandonado por la mayoría, para reemplazarlo por el audión oscilante”, “consta de una bobina primaria que recibe las oscilaciones de la antena y las transmite por inducción al secundario, el cual a su vez las transmite al audión que las hace perceptibles en el teléfono”.

Saberes y conocimientos previos

Entre 1900 y 1920 Caras y Caretas ya había publicado un número más que considerable de artículos con referencias a la telefonía, radiotelegrafía y radiotelefonía. Puede decirse que al iniciarse la radiodifusión por parte de un pequeño grupo de pioneros, el conjunto de lectores, que no eran pocos, dominaban ciertos conocimientos técnicos y problemáticas de los avances tecnológicos destacados por el medio, que permitieron el rápido despegue de la radio.
Esos materiales recorrían los estilos más diversos: nota color, artículo análisis, curiosidad científico-técnica, esto último incluía una sección no permanente denominada “Inventos útiles”. El humor gráfico y la publicidad tampoco estaban ajenos a estas temáticas. Lo mismo ocurría con la vida de Guillermo Marconi y sus invenciones.
La amplitud de esos materiales publicados puede ejemplificarse en la edición del 23 de diciembre de 1899, bajo el título “El teléfono en Buenos Aires”. Con un estilo inicial de nota color, el autor, bajo el seudónimo de Figarillo, aborda las quejas que existen sobre el servicio telefónico. Rescata las ventajas del teléfono, y hace saber a sus lectores sobre lo caro de las tarifas y las empresas que explotan el servicio.
El texto describe muy bien la concepción que en la época se tenía del uso y servicio de esta tecnología, ligada al progreso. De esta manera, la revista acompañaba al lector en una amplia definición sobre la tecnología telefónica, que iba desde sus cuestiones más primarias de las ventajas de su uso, es decir que el público poseía un dominio de los alcances e impactos del desarrollo telefónico.
Otras ediciones presentaban con más precisiones todo tipo de invenciones conexas al teléfono. Con explicaciones más de tipo técnico. De esta manera puede afirmarse que el lector de esos días iba adquiriendo un conocimiento sobre las inclusiones tecnológicas que la sociedad sumaba.
El nuevo teléfono Germain (17/11/1900) sobre experimentos en París de un teléfono con parlante que podía ser escuchado a una distancia de 120 metros. Resulta interesante comprobar el uso de lenguaje técnico en esa época. Esto nos refiere a un lector iniciado en las temáticas de tipo técnico. Cuestión que se iría profundizando a medida que avanza el siglo y los consecuentes experimentos e inventos que permitirían nuevos horizontes de la comunicación.
Hacia 1908 trata el sistema telefónico de comunicación directa entre los abonados, sin pasar por la concebida telefonista de central. En la edición del 8 de febrero de 1908 se puede leer en la nota “El teléfono sin señoritas”.
Muchos de esos avances que provenían del exterior no tuvieron aplicaciones inmediatas, pero permitió la creación de una imaginación técnica para entender y situar ideas de progreso y de posibilidades.
Como el caso de “Una nueva aplicación del teléfono”, publicada el 30 de enero de 1909. La nota describe una suerte de aparato de teléfono fax.
Noticias y lecturas como ésta eran habituales para los seguidores del medio. Los secretos de la telefonía, la radiotelegrafía (telégrafo sin hilos) y más tarde radiotelefonía, llamaba popularmente telefonía sin hilos, eran moneda corriente.
Tal es el caso de “Los experimentos con el aparato Ricaldoni”, en junio de 1901. El ingeniero uruguayo Tebaldo Ricaldoni había logrado la transmisión de despachos por medio de la telegrafía sin hilos, hasta 3000 metros y señales a 7000 metros, en las costas del puerto de Buenos Aires.

El 26 de enero de 1907 “La radiotelegrafía automóvil” explicaba que el marqués Solari, secretario de Guillermo Marconi, se encontraba ensayando para su aplicación militar una estación de radiotelegrafía en un automóvil. Se indica que esa combinación unía a los dos “grandes factores de progreso”.
El 4 de abril de 1908 los lectores tomaban conocimiento de la transmisión de telegrafía sin hilos en “Las comunicaciones de París y Casablanca”, debiendo “las ondas herzianas franquear entre las dos estaciones, la cordillera de los Pirineos y las sierras de la península ibérica”.
En el ámbito nacional, el 9 de octubre de 1909, en la nota “Las estaciones radiográficas en la costa del sud” se relataba la epopeya en los mares australes de la instalación del primer receptor radiográfico construido en los talleres de la Armada.
Marconi, un conocido

Otro modo de acercamiento a los secretos de las comunicaciones inalámbricas fue establecido por el seguimiento de los viajes y actividades de Marconi, sus ensayos y avances. Para buena parte de los seguidores de Caras y Caretas Marconi era un ilustre conocido. En 1901 se dice de éste: “El invento de Marconi adoptado por las escuadras italiana e inglesa ha hecho calentar los cascos a los sabios del mundo entero y en varias partes se han realizado experimentos tratando de hacer más simple o de mejorar lo ideado por aquel ilustre electricista”.
En noviembre de 1902, se publica una pequeña biografía de este hombre que nació en Boloña en 1874.
A partir del 1 de octubre de 1910, como anticipación al arribo de Marconi a Buenos Aires, se publica una caricatura del dibujante Cao, con fondos negros sin líneas perimetrales. Como epígrafe, unos versos: “El telégrafo sin hilos / inventó Marconi, y nada / puede ser más oportuno / ni más digno de su fama / que publicarle aquí esta / caricatura sin rayas”.
Cuando en 1920 surge la radiodifusión, el concepto de lo inalámbrico era parte de las realidades conocidas. Es así que rápidamente los medios gráficos de la época se dedican a explicaciones técnicas sobre el armado de radiorreceptores.
Todo eso esto fue preparando el terreno para la aparición de la radiodifusión y su crecimiento posterior durante la primera década que podría denominarse pionera y de bricoleurs.

Agradecimientos:

- Archivo de la Facultad de Medicina, UBA.
- Biblioteca Central de la Facultad de Medicina UBA.
- Anabel Pomar.

 

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la situación en LA ARGENTINA

Asma bronquial

El asma bronquial es un serio problema de salud. Una enfermedad frecuente –alrededor de 300 millones de personas– que puede ser lo suficientemente intensa como para afectar seriamente la calidad de vida de los que la padecen y que impide su normal desarrollo de sus actividades. En este artículo, se evalúan datos epidemiológicos sobre el asma bronquial en la Argentina y en el mundo, así como también cuál es el grado de control que se tiene sobre esta enfermedad. Se comentan, además, los resultados de estudios obtenidos en el Hospital de Clínicas con un elevado número de pacientes que concurrieron a ser evaluados en la primera semana de mayo del 2004, cuando se conmemora el Día Mundial del Asma Bronquial (primer martes de mayo), como parte de un estudio –denominado ISAAC– que se realizó siguiendo una misma metodología en 54 países, y que muestra que la Argentina tiene una prevalencia intermedia en el concierto de las naciones que intervinieron.


RICARDO J. GENÉ
Jefe de la División Neumonología del Hospital de Clínicas, UBA.

 

El asma bronquial es una enfermedad inflamatoria crónica de los bronquios que afecta a una proporción elevada de enfermos en todo el mundo, siendo las estimaciones actuales de la OMS de unos 300 millones de enfermos. Produce un importante compromiso en la calidad de vida de los enfermos con síntomas como la dificultad para respirar, que aumenta con la actividad física, acompañada de tos y sensación de pecho apretado. Además, la dificultad respiratoria se asocia a la percepción de ruidos como silbidos en el pecho. Todos los síntomas suelen aumentar durante la noche y el paciente con la enfermedad deficientemente controlada suele presentar despertares nocturnos con los síntomas mencionados.
Es una enfermedad frecuente pero que, en muchos casos con síntomas no intensos, se encuentra subdiagnosticada y por consecuencia no tratada convenientemente. Los enfermos con la enfermedad no diagnosticada o tratada insuficientemente están expuestos a complicaciones de importancia, incluyendo empeoramientos que pueden requerir su internación e infrecuentemente le pueden causar la muerte. También produce cifras elevadas de ausentismo laboral y escolar, constituyendo la enfermedad crónica que más ausentismo escolar produce.
El asma bronquial es una afección de amplia difusión en el mundo entero, sin embargo la prevalencia actual (número de casos de asma en un momento dado) de la misma varía en distintas regiones y aun dentro de un mismo país.
Desde el punto de vista epidemiológico, tiene algunas características constantes: es frecuente, su prevalencia ha aumentado en los últimos 40 años en forma absoluta y su severidad medida por tasas de internaciones, visitas de emergencia y ausentismo laboral y escolar también se ha incrementado. En la última década, en especial, su mortalidad ha empezado a disminuir, sólo en algunos países, luego de mostrar tasas en aumento durante los últimos 30 años. Argentina pasó de tener en la década del ’80 mil muertes por asma a 700 casos por año, según certificados de defunción. El descenso fue tanto para todos los grupos etarios como en el grupo de 5 a 34 años. Es interesante señalar que ese descenso ha coincidido con un aumento importante de la educación de los médicos especialistas (programa de educación siguiendo el consenso GINA), pediatras y médicos generales y con un importante incremento en el consumo de corticoides inhalados que son las drogas que han demostrado que no sólo mejoran a los enfermos sino que además redujeron la mortalidad por la afección. Lo mismo que se encontró en nuestro país se demostró en otras áreas del mundo donde a mayor prescripción de corticoides inhalados se observa una menor mortalidad.

Epidemiología

Los datos de prevalencia del asma en la Argentina no son numerosos y en especial no resulta sencillo decir que la misma se incrementó, pues muchos de los estudios realizados seguían metodología diferente lo que imposibilita hacer comparaciones veraces.
El denominado estudio ISAAC, que se realizó siguiendo una misma metodología en 54 países, muestra que la Argentina tiene una prevalencia intermedia en el concierto de las naciones que intervinieron. En América Latina las cifras son similares, en promedio, con las que encontraron en Europa, mayores que en África y este de Asia y menores que en EE.UU., Australia y Nueva Zelanda y en algunos países del norte de Europa (cuadro 1).
En este cuadro se grafica la prevalencia de sibilancias (wheezing) en el último año, rinitis y eczema. Se expresan como datos promedios con su desvío standard. En la actualidad, a los datos de este estudio se los considera como muy válidos cuando se habla de prevalencia de asma.
No resultan claras las razones del aumento de la prevalencia en los países de habla inglesa respecto de otras regiones del mundo, pero se ve que nuestro continente tiene una prevalencia intermedia y similar a la de países desarrollados europeos. En América Latina hay una tendencia decreciente de norte a sur, desde México a Punta Arenas en el extremo sur de Chile, que fue la ciudad más austral que participó.
En una segunda etapa del mismo estudio ISAAC, se observó en la Argentina un aumento de la prevalencia tanto de sibilancias en el último año como de asma inducida por el ejercicio.
En síntesis, dentro de un contexto de prevalencia intermedia Argentina tiene entonces una frecuencia de asma considerable de alrededor de tres millones de asmáticos.
¿Cómo se encuentran esos pacientes con asma comparados con otros pacientes de otras latitudes? Para contestar este interrogante es útil recurrir a una serie de “estudios de la realidad del asma” que se realizaron en los últimos años. La particularidad importante de estas evaluaciones fue que se siguió la misma metodología en casi todas las regiones con la lógica traducción al idioma correspondiente al país donde se lo implementó.
Esos estudios comenzaron por realizarse en Estados Unidos (estudio AIA: Asthma in América) seguido de otro similar en Europa, en siete países de Europa occidental (estudio AIRE) y luego en el sudeste asiático, Asia Pacífico y Japón, y finalmente en el año 2003 en América Latina, habiéndose publicado los datos recientemente en la revista de la Organización Panamericana de la Salud.
En todos los estudios y a pesar del disímil de los recursos económicos y del desarrollo del sistema de salud de los países intervinientes, se comprobó un control inadecuado de la enfermedad con parámetros alarmantes e insospechados aun en países del primer mundo. Japón, por ejemplo, presentó cifras de 50 % de visitas de emergencia por asma en el último año en los enfermos evaluados.
También se observaron características comunes, como que los enfermos subestiman el control de la enfermedad, o lo que es lo mismo creen que se encuentran mejor de lo que en realidad están, y en todas las regiones los pacientes contestaron que desean conocer más de la enfermedad, su evaluación y tratamiento. Esto último denota la deficiente “educación del enfermo y su familia respecto del asma bronquial” que es un requisito indispensable para alcanzar un adecuado control de la enfermedad.
En América Latina se encontraron las peores cifras en visitas de emergencia (50%), internaciones en el último año (22%) y ausentismo laboral (22%) y escolar debido al asma bronquial (60%).
Estos últimos datos tienen una gran trascendencia pues los empeoramientos que mostraron con elevada frecuencia son los peores momentos en la vida del paciente en relación con la enfermedad, donde se corren los mayores riesgos, donde se afecta en mayor medida la calidad de vida de los enfermos y además donde se producen los mayores gastos para el sistema de salud.
El asma bronquial es una afección que por su frecuencia y morbilidad produce gastos directos e indirectos muy significativos. En efecto se ha medido que el asma insume del 0,5 a 1% de los gastos de salud de un país, lo que asciende a cifras muy elevadas del presupuesto total. En EE.UU. se ha calculado un gasto en asma de 14.000 millones de dólares por año. Es de destacar que entre el 50 y el 60% de esa cifra se dedica al tratamiento durante las exacerbaciones con las consultas de urgencia e internaciones. En síntesis, aun desde la óptica de lo económico la falta de un control adecuado de la enfermedad también adquiere trascendencia significativa.
Paradójicamente, en la actualidad se dispone de tratamientos altamente efectivos que permiten que la mayor parte de los enfermos vivan con escasa o nula morbilidad y con una muy significativa reducción de las visitas de emergencia e internaciones.

¿Dónde radica el problema entonces?

La falencia de no alcanzar una menor morbilidad y de cumplimiento con los objetivos del tratamiento del asma que la OMS y los más importantes consensos de expertos en el mundo han señalado es multifactorial y es necesario abordar a todos ellos conjuntamente para mejorar la situación de esta enfermedad que constituye un problema de salud serio y en aumento en todo el mundo.
A) Deficiente detección de pacientes con asma, generalmente leves, que no tienen ni diagnóstico ni tratamiento adecuado.
B) Inadecuada evaluación de los pacientes: tanto el médico generalcita como el enfermo creen con frecuencia que se encuentran mejor que la realidad.
C) Inadecuada educación del paciente y del médico, por lo que se limita el grado de mejoría lograda.
D) Tratamientos médicos erróneos, en su mayoría por déficit y no por exceso de medicación (frecuentemente se cree lo opuesto).
E) Deseo de los enfermos de reducir el tratamiento, generalmente basados en creencias falsas o mitos, que los lleva a reducir o peor aún suspender el mismo acarreando empeoramientos y riesgos innecesarios en la mayoría de los casos.
F) Imposibilidad de acceder al servicio de salud adecuado y de obtener el tratamiento necesario. La medicación que controla el asma, los esteroides inhalados entre ellos, tiene costo significativo. La injusticia de no contar con un acceso fácil a las medicinas indicadas, donde partes importantes de la población no tienen acceso a una atención y tratamiento necesario para su enfermedad, es una realidad frecuente y no sólo en países en desarrollo como el nuestro.
De lo expuesto, se deduce que alcanzar los objetivos del tratamiento que los entes mundiales aconsejan tropieza con barreras de distinta índole, y contribuye a los desalentadores datos mencionados previamente.

¿En qué situación están los enfermos con asma en Buenos Aires?
No es fácil contestar esta pregunta si queremos hacerlo con datos objetivos y valederos.
Buenos Aires es un buen ejemplo de la dispar calidad de atención médica con elevadas cantidades de enfermos que no pueden acceder al tratamiento que su enfermedad requiere.
En la primera semana de mayo del año 2004, la OMS y el Comité Científico de la GINA mundial propusieron que en los distintos países se realizarann actividades en el Día Mundial del Asma (primer martes de mayo) para aumentar el conocimiento por parte de la población del asma bronquial, problema de salud y con especial énfasis en la ocasión sobre los impactos que la enfermedad produce en distintos niveles.
Siguiendo esas pautas, nosotros, en el hospital Clínicas José de San Martín, de la Universidad de Buenos Aires, citamos a concurrir al hospital a pacientes con asma bronquial recurriendo a medios masivos (notas en diarios, televisión y radios) con la consigna de que serían evaluados con un cuestionario y una espirometría y que podrían participar en una tarea educativa, grupal, breve sobre un día de un enfermo con asma bronquial.
Con un grupo de voluntarios (alumnos de medicina y enfermería universitaria) entrenados previamente, implementamos el cuestionario en el hall de entrada por la calle Paraguay; a continuación, con tres técnicos de la División Neumonología se realizaron espirometrías y a posteriori y en forma horaria se dieron charlas educativas. Se entregaron panfletos con datos de interés educativos.
La concurrencia fue elevada pues evaluamos a 760 pacientes con asma en las cinco mañanas de esa semana. Luego hicimos una evaluación de las encuestas y espirometrías anormales e hicimos una devolución telefónica con citación posterior en todos los casos que consideramos de necesidad de inicio urgente de tratamiento.
Todos estos datos fueron presentados en el congreso anual de la American Thoracic Society, en mayo del 2005, en Estados Unidos.
Encontramos datos de interés y que tienen bastantes similitudes con la experiencia ya comentada de estudios de la realidad (Asma en Latino-América: estudio AIRLA).
Una proporción significativa de enfermos sintomáticos no seguía tratamiento ni recibía atención programada. Así no es posible evitar los empeoramientos con visitas de emergencia e internaciones.
En el cuadro se observa que más de la mitad de los enfermos (336/760) tenía síntomas diurnos y nocturnos de asma en las últimas cuatro semanas y que el 54% de ellos no estaba bajo atención médica.
La cifra de exacerbaciones fue también similar a las obtenidas en el estudio AIRLA, de más reciente publicación.
De los enfermos con asma moderada severa según los síntomas de las últimas cuatro semanas, 336 enfermos (44%), una elevada proporción ya habían presentado exacerbaciones muy frecuentes en el transcurso del último año... El 45% tuvo visitas no programadas, el 42% visitas a guardia y un 16,7% se había internado.
También observamos deficiencia en el tratamiento; una parte importante de pacientes no estaba en atención médica y los que recibían tratamiento lo hacían de manera deficiente con baja proporción de enfermos con tratamiento preventivo o controlador, siendo esta carencia más ostensible, en esta muestra, en los que eran tratados por médicos clínicos y alergólogos.

Conclusiones

De lo expuesto se deduce que el asma bronquial, como dice la OMS, es un serio problema de salud. Una enfermedad frecuente, que puede ser lo suficientemente intensa como para afectar seriamente la calidad de vida de los que la padecen y que impide su normal desarrollo de las actividades acorde a la edad.
Por otra parte, en la actualidad se dispone de recursos terapéuticos como para que la mayoría de los enfermos puedan alcanzar los ambiciosos objetivos que los expertos recomiendan:

Objetivos Terapéuticos en Asma (GINA)

-Síntomas: Nulos o mínimos (Diurnos y nocturnos)
-Actividad: Normal, incluso ante ejercicio
-Calidad de vida: Normal
- Función pulmonar: Normal / Máxima
- Variabilidad del PEF: Normal o mínima (< 20%)
-Uso de 2-agonistas de rescate: Mínimo
- Exacerbaciones: Ninguna
- Expectativas de vida: Normales
- Efectos secundarios: Nulos
Como vimos, las dificultades para alcanzar estos objetivos son muy variadas y responden a aspectos disímiles donde la educación de los médicos y pacientes y los aspectos económicos inciden significativamente. Pero como se vio precedentemente, aun en países económicamente poderosos y con mejor organización sanitaria no se tienen los resultados que se podrían alcanzar en la actualidad.
Argentina, obviamente, no es una excepción.

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Síndrome general de adaptación

El estrés en la clínica médica

La sociedad moderna somete al hombre al desarrollo de enfermedades por estrés, es decir la claudicación en el proceso de adaptación en un contexto psicosocial de sobrecarga y exigencia desproporcionadas. Un sinnúmero de causas actúan como posibles estresores y la explicación radica en la complejidad inherente a la interacción del hombre para con su medio social y las demandas recíprocas entre estos dos entes.


DANIEL LÓPEZ ROSETTI
Especialista en clínica médica y cardiólogo. Presidente de la Sociedad Argentina del Estrés.
www.sames.org.ar

 

Cuando en la 1ra cátedra de Fisiología Humana de la UBA hablábamos por primera vez sobre el estrés lo hacíamos en los términos más tradicionales descriptos por Hans Selye en 1936, lo hacíamos como “Síndrome General de Adaptación”. La descripción fisiológica típica consistía en demostrar experimentalmente los cambios evidenciados en una rata de laboratorio sometida a un sufrimiento psicofísico o a la administración de distintas sustancias tóxicas. Esos cambios mostraban en la necropsia modificaciones en los órganos linfáticos (atrofia), en la mucosa gástrica (microulceraciones) y en las glándulas suprarrenales (hipertrofia cortical). Por entonces era un tema más del temario de fisiología humana. Hoy, a veinte o treinta años vista, el desarrollo e influencia que aquella primera descripción ejerce en la práctica diaria de la medicina es impresionante. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué factores han determinado la expansión del término estrés?
La respuesta es la verdadera integración psicofísica del término y su influencia en el bienestar de las personas. Esto es en el término más amplio del concepto de salud. Si seguimos la descripción clásica del término de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “Salud es el perfecto estado de bienestar físico, psíquico y social y no solamente la ausencia de enfermedad”, esto significa que no solamente estaremos enfermos por el diagnóstico de patologías tan claras como un infarto agudo de miocardio o una neumonía, sino que también desajustes psicológicos y sociales pueden ser considerados, y de hecho se incluyen, como enfermedad. Y es que la influencia de emociones negativas de raíz psicosocial “simplemente” produce enfermedad.
Así diversos estudios relacionan el estrés y la enfermedad en forma directa o indirecta en aproximadamente el 80 o 90 % de las consultas de consultorios de clínica médica. Lo que Hans Selye describió como síndrome general de adaptación o estrés da lugar al desarrollo de enfermedades cuando esa adaptación no es posible en forma eficiente, produciendo así lo que él mismo llamaba por entonces “enfermedades por desadaptación”. Es acaso ese el motivo por el cual la sociedad moderna somete al hombre al desarrollo de enfermedades por estrés, es decir la claudicación en el proceso de adaptación en un contexto psicosocial de sobrecarga y exigencia desproporcionadas. En esa circunstancia en la cual la falta de seguridades y certezas y la prevalencia de temor y dudas determinan mareos y condiciones proestresantes.
La sobrecarga de trabajo o la falta de él constituyen por sí mismos dos extremos que de por sí resultan ser reconocidos estresores. Pero no son estos los únicos motivos de estrés. Aun en condiciones laborales favorables un sinnúmero de causas actúan como posibles estresores y la explicación radica en la complejidad inherente a la interacción del hombre para con su medio social y las demandas recíprocas bidireccionales entre estos dos entes, a saber, hombre-medioambiente.
Por ello, a las modificaciones básicamente orgánicas descriptas inicialmente en el síndrome del estrés (órganos linfáticos, mucosa gástrica, glándulas suprarrenales) se agregan muchas otras, constituyendo un modelo de estudio integral de tipo “biopsicosocial”. Es por ello que en la consulta clínica general el médico interno debe esforzarse para integrar esta nueva realidad al abordar el diagnóstico y tratamiento del estrés. Decimos en el diagnóstico, por cuanto es importante saber las condiciones de vulnerabilidad tanto física como psíquica del paciente.
Desde la perspectiva física importa determinar la reactividad física frente a los estímulos estresantes. Lo ideal, aunque de momento se encuentra reservado al ámbito experimental, es determinar las reacciones cardiovasculares y neurovegetativas en general con un estudio poligráfico de presión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura dérmica superficial, tasa de transpiración, etc., frente a estímulos estresores. De acuerdo a la sensibilidad que el paciente exprese en esas variables físicas frente al estrés psicológico resultará ser un “reactor tenso” cuando sus respuestas físicas se encuentran por encima del promedio poblacional, esta es una situación de vulnerabilidad. En general podríamos afirmar, a falta de estudios poligráficos que documenten esta situación, que aquellas personas que somatizan fácilmente son en general “reactores tensos” y por tanto más vulnerables al estrés en cuanto al área física.
En cuanto a la vulnerabilidad psicológica importa conocer (entre otras cosas) el estilo comportamental, y el tipo de personalidad del paciente. Así las personalidades dinámicas, hiperactivas, con tendencia al logro y competitivas constituyen estilos comportamentales estresores que aumentan la vulnerabilidad del paciente. Como vemos, se trata en términos generales de una aproximación que integra la esfera física y psicológica de nuestro paciente en forma integradora y multidisciplinaria. Pero esta visión no solamente alcanza al área diagnóstica sino que debe prolongarse en la terapéutica. Así, al arribar a un diagnóstico de síndrome de estrés, entendido éste como un conjunto de signos y síntomas resultantes de la falla en el esfuerzo adaptativo del paciente frente a las exigencias a las cuales está sometido, debemos ir más allá que la simple notificación al paciente sobre un diagnóstico de “estrés”. Debemos ofrecer un abordaje multidisciplinario, según el caso, para que ese paciente alcance el éxito adaptativo a su condición y evitemos así que el paciente de consultorio externo de clínica médica que llega a una consulta programada termine en una unidad coronaria o de terapia intensiva antes del tiempo que la naturaleza, la primera de las causas o Dios lo determinen.

 

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