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Facultad de Derecho
Auditoría sobre permisos
de pesca
Otras instituciones participantes
Consejo Federal Pesquero
Responsables del proyecto
Coordinador Académico:
Dr. Osvaldo Siseles
Coordinador Jurídico:
Dr. Gregorio Flax
Coordinador Técnico:
Ing. Luis Cavalitto
Equipo: Dra. Mariana Álvarez,
Dra. María Virginia Caferatta, Dr. Oscar Defelippe,
Dr. Claudio Hoistacher, Dr Héctor Ianantuonno, Dra.
Paula Oliveto Lago.
Además colaboraron 2 pasantes, estudiantes de Derecho
y de Ingeniería, respectivamente.
Descripción
En el año 2000, el Consejo Federal Pesquero y la entonces
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Acuicultura de la Nación, por medio de un concurso
de precios, contrataron a la Facultad de Derecho para revisar
todos los permisos de pesca preexistentes a la ley N°
24.922, y los que se hubiesen otorgado con posterioridad a
la vigencia de esta ley y elaborar un informe individual de
cada uno de ellos con excepción de los de Rada o Ría.
Debido a la relevancia del tema, la Auditoría tomó
estado público en diversas ocasiones.
Objetivos, desarrollo
y logros
Cada informe debía mostrar:
A fin de conocer adecuadamente el marco
jurídico que reguló el otorgamiento de los permisos
de pesca sometidos a la revisión de esta Auditoria, se
procedió a la recopilación de los antecedentes
normativos.
Efectuado el estudio pormenorizado del régimen aplicable
a la actividad sujeta a control, se elaboró una síntesis
de la legislación que fuera presentada al organismo contratante
que incluye más de 50 normas jurídicas –leyes,
decretos, resoluciones y disposiciones–, lo que forma
un verdadero Digesto Jurídico temático.
Posteriormente se elaboraron matrices de trabajo acordes con
los períodos normativos. Paralelamente se designó
a los interlocutores operativos de la auditoria. Por parte del
Consejo Federal Pesquero (en adelante CFP), el Jefe del Departamento
de Fiscalización de la Dirección Nacional de Pesca.
En representación de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires (en adelante la Facultad), uno de los coordinadores
jurídicos.
La determinación del período de análisis
fue efectuado por el CFP. Este organismo consideró la
necesidad de revisar los permisos otorgados desde 1975 a la
fecha.
En la primera reunión entre los interlocutores operativos,
el CFP proporcionó un listado que incluía: número
de matrícula actual; número de matrícula
anterior; nombre del buque pesquero (en adelante b/p); nombre
del armador; medida de eslora (L) obrante en los registros internos;
capacidad de bodega expresada en metros cúbicos; potencia
del b/p expresada en HP; número de expediente; año
de inicio del expediente.
Con este listado como única información se solicitaron
los expedientes sometidos a control, en orden cronológico.
Una vez recibidos por parte de la Facultad, en primer lugar
se verificó la última foliatura, su correlatividad
y la inexistencia de fojas faltantes.
A partir de allí se asignaron códigos internos
de auditoria identificados con AU seguido de un dígito,
que se registraron en una base informática de datos.
Posteriormente los expedientes fueron derivados a cada uno de
los b/p para que el ingeniero naval o sus colaboradores integrantes
del equipo de trabajo pudieran corroborar los datos técnicos
(eslora, puntal, capacidad de bodega, potencia de máquinas,
etc.).
Una vez individualizados los datos técnicos los expedientes
fueron enviados al Coordinador Jurídico para que los
distribuyera y asignara entre los distintos abogados.
Los abogados verificaron en cada uno de ellos: el régimen
jurídico aplicable; la legitimidad de la actuación
administrativa; la legalidad de los actos administrativos.
Esa información se volcaba en las matrices de trabajo
elaboradas por el equipo de trabajo de la facultad, a fin de
visualizar la totalidad de la información obrante en
los expedientes y determinar así la existencia o inexistencia
de irregularidades.
A continuación cada uno de los profesionales procedió
a elaborar un informe individual de los permisos, transferencias,
peticiones, recursos etc. de los b/p que obraban en el expediente,
que remitió al cuerpo técnico de Ingenieros, para
confirmar a través de un nuevo análisis la información
vertida con anterioridad en planillas y realizar distintas verificaciones
técnicas (aumento de capacidad de bodega, aumento del
esfuerzo pesquero, etc.).
Registrada la totalidad de la información en los papeles
de trabajo e informes preliminares de los auditores, se dio
pase a los coordinadores jurídicos quienes verificaron
la totalidad de la información y redactaban el informe
individual final de cada b/p, que se registraba en el programa
informático elaborado a tal efecto. Estos informes individuales
se acompañaron también en 9 (nueve) tomos en soporte
papel.
Los informes contenían la siguiente información:
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Identificación del/los número/s
de expediente/s auditados (incluidos los que corren por
cuerda) |
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Número interno de auditoría |
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Tipo de permiso (definitivo, provisorio,
restringido, irrestricto, revocado, etc.) |
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Nombre del b/p. |
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Número de matrícula |
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Iniciador del expediente |
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Detalle de las actuaciones obrantes en
el expediente |
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Irregularidades determinadas en cada uno
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Observaciones técnicas que describen
las diferencias advertidas en la información consignada
en los distintos instrumentos obrantes en el expediente,
con determinación del número de fojas respectivo |
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Debemos señalar que el equipo de
trabajo de la Facultad de Derecho se vio sometido a limitaciones
o restricciones relativas a los expedientes y al acceso a la
base de datos de la Dirección Nacional de Pesca.
Los expedientes
En este ítem debemos hacer referencia a la falta de
celeridad en el envío y la no recepción de expedientes.
En términos generales, la facultad recibió los
expedientes en tiempo y forma sólo en los dos primeros
meses de trabajo, cuando se analizaron los períodos
comprendidos entre los años 1975/1986 y 1986/1991.
A partir del tercer mes, cuando se procedió al análisis
de los expedientes correspondientes a los permisos y transferencias
otorgadas entre 1991/2000, y aquellos cuyo trámite
se encontraba regido por la Ley N° 24.315 (B.O: 12/05/94),
que aprueba el “acuerdo sobre relaciones en materia
de pesca marítima celebrado con la Comunidad Económica
Europea”, surgieron serias dificultades que oportunamente
fueron puestas en conocimiento del Consejo Federal Pesquero.
Asimismo, una gran cantidad de expedientes no fueron recibidos
por lo que no se pudieron auditar.
El acceso a la base de información
No fue posible acceder a la base de datos a fin de verificar
la actividad o inactividad de los b/p, las capturas efectuadas
en los casos de transferencias, etc. A pesar de que la facultad
incorporó equipos informáticos de última
generación de acuerdo con las especificaciones del
área de informática de la Dirección Nacional
de Pesca y la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca, Acuicultura y Alimentación, diversos problemas
técnicos de la “red” impidieron nuestro
acceso.
Se auditaron más de 600 expedientes administrativos
correspondientes al período comprendido desde el año
1975 hasta el año 2000. En los expedientes examinados
tramitaron diversas peticiones de los administrados, tales
como: permisos de pesca; inscripción en los registros
creados por el organismo para las personas físicas
o jurídicas que desarrollaran actividades con los recursos
vivos del agua; aprobación de proyectos pesqueros;
transferencia de permisos de pesca; cambio de titularidad
de permisos de pesca; cumplimiento de diversas medidas ordenadas
por el Poder Judicial, etc.
Esta diversidad de trámites impuso al equipo de trabajo
la necesidad de analizar en forma paralela varios expedientes
a fin de permitir reseñar la evolución histórica
de los permisos de pesca otorgados. La revisión de
las actuaciones administrativas precitadas se efectuó
de forma tal que permitiera al equipo interdisciplinario auditor
determinar finalmente si fue preservada la regularidad de
cada trámite ejecutado por la Administración,
como así también si los intereses de aquella
estuvieron, desde el punto de vista legal, correctamente defendidos.
El examen pormenorizado efectuado indicó que, en muchos
casos, la normativa que ha regulado el trámite de las
peticiones indicadas, tendiente a organizar y dar publicidad
y transparencia a la gestión, no resguardó debidamente
el desenvolvimiento organizado y conforme a derecho de la
Administración. Tampoco protegió la prosecución
del interés general y el logro de la verdad objetiva.
Finalmente, se observó falta de control por parte de
quienes tramitaron las actuaciones administrativas auditadas,
evidente en la falta de vigilancia sobre los mecanismos implementados
por la Administración y el incumplimiento de las normas
legales vigentes.
Del análisis de los expedientes y el estudio de los
informes individuales correspondientes a cada uno de ellos,
así como del estudio de la interrelación registrada
entre distintos trámites referidos tanto a la incorporación
de buques en el marco de proyectos de pesca, como a la transferencia
de los permisos, se detectaron irregularidades de distinta
gravedad, que requerían una continuidad de las actividades
a fin de corregirlas.
Si bien la Dirección de Pesca de la Nación solicitó
a la Facultad de Derecho la elaboración de un plan
de trabajo para poner en práctica las correcciones
necesarias a las irregularidades detectadas, el equipo interdisciplinario
de la Facultad de Derecho no ha tenido la posibilidad de llevarlo
a cabo.
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