Facultad de Derecho

Digesto jurídico argentino. Ley N° 24.967

Otras instituciones participantes
Editoriales La Ley, El Derecho y Lexis Nexis

Responsables del proyecto
Coordinador ejecutivo: Dr. Daniel Altmark.
Dirección técnica: Dr. Ramón G. Brenna.
Dirección académica: Dr. Omar Álvarez.

Descripción
En respuesta al desorden y la contaminación legislativa que existe en el país –derivados de la no adopción de técnicas adecuadas para la sanción de normas– en 1998 el Congreso Nacional aprobó la Ley Nº 24.967. Su objetivo era fijar los principios y el procedimiento para contar con un régimen de consolidación de las leyes generales vigentes y su reglamentación, a través de la elaboración y aprobación del Digesto Jurídico Argentino, un ordenamiento del derecho vigente en Argentina.

Tras participar de una licitación pública internacional organizada por el Ministerio de Justicia de la Nación, en 1999 la tarea fue asignada a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires junto a tres editoriales jurídicas: La Ley, El Derecho y Lexis Nexis. Las partes firmaron un contrato que se encuentra en plena etapa de ejecución desde el mes de agosto de 1999.

Concretada esta monumental obra, el Estado Argentino poseerá una herramienta inigualable para afianzar la seguridad jurídica, respondiendo así a uno de los reclamos prioritarios de distintos sectores de la sociedad. Asimismo, la existencia del Digesto Jurídico Argentino contribuirá a la correcta aplicación de la ley, sobre todo en los procesos judiciales, evitando el dispendio de tiempo y recursos en la recopilación de la información necesaria.

La obra, totalmente actualizada al 30 de abril de 2005, debe estar concluida en mayo del mismo año. Después de su remisión definitiva al Poder Ejecutivo y de la posterior aprobación del Congreso Nacional se constituirá en el cuerpo normativo vigente para la República Argentina.

Objetivos, desarrollo y logros
La ley 24967, que dispone la redacción del Digesto tiene como propósito “fijar los principios y el procedimiento para contar con un régimen de consolidación de las leyes nacionales”. La norma “tutela y regula el ordenamiento y la publicidad de las leyes nacionales generales vigentes y su reglamentación”.

De acuerdo con esa ley, el Digesto debe contener:
:: Las leyes nacionales generales vigentes y su reglamentación
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Un anexo del derecho histórico argentino (el conjunto de leyes nacionales derogadas o en desuso y su respectiva reglamentación) o derecho positivo no vigente, ordenado por materias.
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La referencia a las normas aprobadas por organismos supraestatales o intergubernamentales de integración de los que la Nación sea parte.
El artículo sexto de la ley explica que el trabajo que se realice deberá fundarse en la “recopilación” normativa y su posterior unificación. Según lo establecido, el Digesto debe subdividirse en los siguientes ítems: administrativo; aduanero; aeronáutico espacial; bancario, monetario y financiero; civil; comercial; comunitario; constitucional; de la comunicación; internacional privado; internacional público; laboral; medio ambiente; militar; penal; político; procesal civil y comercial; procesal penal; público provincial y municipal; recursos naturales; seguridad social y transporte público.

El ordenamiento y cotejo de toda la legislación nacional de carácter general comprende leyes, decretos-leyes, decretos de alcance general ratificados por ley y decretos de necesidad y urgencia de alcance general, entre otras normas, dictados desde 1853. Esto implica la actualización de cada norma, la aclaración de textos confusos en su redacción y la supresión de las leyes derogadas. Para realizar esta tarea la facultad formó dos equipos, técnico y académico, bajo una coordinación ejecutiva.

El proyecto se dividió en dos etapas:
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Análisis normativo y documental.
El equipo técnico –compuesto por tres áreas: análisis legislativo, documental e informática– es responsable del análisis normativo que comprendió:
- La lectura de todos los registros de leyes nacionales día por día desde 1853.
- La detección de normas expresamente derogadas, normas cuyo objeto ya se hubiese cumplido o su plazo hubiere vencido, o aquellas que sólo tuvieran un interés particular, con el fin de excluirlas del universo normativo.
Después de esta primera selección quedaron 45.000 normas; el 50 % son leyes. Se prevé que una vez concluido el proyecto, quedarán no más de 4000 leyes en el orden jurídico vigente.
Finalizada la búsqueda exhaustiva y el análisis de la normativa pertinente, este equipo redactó el Manual de Técnica Legislativa, editado a partir de un convenio entre la Facultad de Derecho, el Colegio Público de Abogados y el Ministerio de Justicia.
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Análisis epistemológico y de vigencia normativa.
A la Dirección Académica le corresponde fundamentalmente la ejecución de la segunda etapa. Su función consiste en coordinar los veintiséis equipos académicos compuestos por docentes, a razón de uno por cada rama del derecho, de acuerdo con la clasificación estipulada en la ley reglamentaria del proyecto. Los equipos trabajarán el aspecto epistemológico de la normativa detectando contradicciones, superposiciones y derogaciones tácitas o implícitas.
La primera etapa estuvo a cargo de 104 técnicos y ya está concluida.
La finalización del proyecto está prevista para mayo de 2005.