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No dejar a nadie atrás

El doctor Juan Antonio Seda, profesor de la Facultad de Derecho, destaca que una de las principales consignas del movimiento asociativo de las personas con discapacidad es “nada sobre nosotros sin nosotros” y que el reclamo apunta a modificar prácticas sociales discriminatorias, algunas arraigadas, como por ejemplo la condescendencia, la conmiseración, el paternalismo.

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El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, así como concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.

UBA Salud habló al respecto con el Doctor Juan Antonio Seda, Director y Docente de la Carrera de Especialización en Discapacidad y Derechos de la Facultad de Derecho.

Desde una mirada antropológica ¿Cómo ha sido la evolución de la inclusión de las personas con discapacidad en nuestro país?

La mirada socio-antropológica sirve para criticar la normalización de los cuerpos y las conductas, denunciando el “capacitismo”. Pero también la perspectiva antropológica es muy valiosa para analizar el proceso de constitución identitaria.

Un grupo de personas que se conforma como un colectivo organizado y reclama al resto de la comunidad por el reconocimiento de derechos y asignación de recursos, requiere de un relato mítico para consolidar su legitimidad. No se trata de una historia en sentido estricto, sino de una evolución apoyada en diversos hechos que se transforman en un relato mítico, una presentación hacia el resto de la comunidad.

El colectivo de las personas con discapacidad apoya esta narración en lo que entiende una evolución en el reconocimiento de derechos, que tiene un hito trascendente con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se podría decir que este tratado internacional de derechos humanos termina de cristalizar a este colectivo, que abarca a personas con diferentes características pero unidas bajo esa identidad en común.

¿Cuál es la situación actual en Argentina en materia de legislación de las personas con discapacidad?

Nuestro país tiene numerosas leyes en materia de discapacidad. No parece que faltaran normas, pero sí su cumplimiento efectivo. Además de la Convención ya mencionada, quizás la norma más trascendente en esta materia sea la Ley Nº 24.901 sobre cobertura integral en materia de prestaciones.

Sin embargo, en muchos casos se requiere de la acción judicial para lograr la tutela efectiva de los derechos reconocidos. Así los amparos por prestaciones son usuales por la denegatoria de las entidades obligadas a cumplir con las prestaciones.

En materia educativa hay una legislación muy endeble y contradictoria, posiblemente producida por la superposición normativa. La exagerada e incoherente legislación en materia de discapacidad quizás sea producto de un afán declaracionista de los legisladores. Pero nuevamente, no es un problema de falta de normas, sino de incumplimiento, generalmente por falta de recursos.

Este año, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad (IDPD) se centra en el empoderamiento de las personas con discapacidad para un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible con el compromiso de "no dejar a nadie atrás" ¿Qué acciones serían deseables de ser tomadas en nuestro país?

El desarrollo inclusivo es un objetivo de cualquier gobierno del mundo y por supuesto de todas las asociaciones representativas. En lo que concierne al Estado, debe formular una profunda autocrítica por la carencia de funcionarios idóneos en los cargos más importantes de estas áreas.

Pero además, las medidas que se tomen deben ser consultadas con los sectores afectados, ya que una de las principales consignas del movimiento asociativo es “nada sobre nosotros sin nosotros”. El reclamo del colectivo de las personas con discapacidad no se circunscribe a las autoridades políticas sino que apunta a modificar prácticas sociales discriminatorias, algunas arraigadas, como por ejemplo la condescendencia, la conmiseración, el paternalismo.

En el sentido de prácticas sociales, a nivel educación ¿Estamos cerca o lejos de tener escuelas, colegios y universidades inclusivas?

La educación inclusiva es un concepto que fue mutando y habría que discernir a qué nos referimos cuando lo enunciamos. Específicamente, la inclusión en el aula ordinaria de alumnos con discapacidad mental o intelectual, no se está logrando todavía en los niveles primario y secundario. Hay buenas experiencias donde sí se logró, pero todavía muy lejos de constituir una práctica habitual. Muchos padres de hijos con discapacidad mental o intelectual no consiguen vacantes en colegios privados. Pero también hay muchas experiencias inclusivas muy valiosas.

En cuanto a la universidad, considero que no aplica el término “inclusión” si refiere a personas con discapacidad intelectual, ya que reducir contenidos académicos no constituye un ajuste razonable, sino que es una medida desproporcionada que desnaturaliza el carácter complejo del conocimiento científico.

La universidad debe ser clara en esto, no se puede aplicar en el pensamiento lógico-deductivo una configuración de apoyo para quienes carecen de la habilidad del pensamiento abstracto. Y no podríamos decir que no es inclusiva una universidad masiva, gratuita, con libre elección de carrera y de alto nivel. De allí que no creo que el adjetivo “inclusivo” sea el indicado. Pero, sobre todo, la universidad debe plantear con claridad y franqueza que no se pueden eliminar o reducir requisitos académicos para estudiantes con discapacidad mental o intelectual.

En la Facultad de Derecho usted dicta materias y posgrados respecto al tema de Discapacidad ¿Cuáles son los objetivos que se plantean en cuánto a la formación?

Desde hace una década se dictan cursos sobre discapacidad en la carrera de grado, en Ciclo Profesional Orientado. Además, hay una Carrera de Especialización en Discapacidad y Derechos, con una perspectiva interdisciplinaria.

También, es importante mencionar que existe un Patrocinio Jurídico Gratuito especializado en defender a personas con discapacidad que no cuenten con recursos económicos para sufragar el costo de un abogado particular.

En cuanto a los objetivos de las materias de grado y de posgrado, se pretende formar profesionales capaces de comprender el complejo fenómeno jurídico y social que deriva en situaciones de discriminación. También buscamos que puedan actuar con eficacia en su ejercicio profesional. Aquí es preciso remarcar que el Posgrado no es solamente para abogados.

¿Qué respuesta han tenido?

La recepción por parte de los estudiantes (de grado y posgrado) es excelente, porque se produce una sensibilización hacia el tema pero también se logra abordarlo con rigurosidad teórica.

Una tentación que debemos evitar es convertir a la enseñanza universitaria en una repetición superficial de consignas y lugares comunes. No es sencillo porque es un campo poblado por clichés, pero considero que se puede combinar seriedad académica con compromiso por la igualdad efectiva de oportunidades.

Tal ha sido mi objetivo desde la creación del Programa Universidad y Discapacidad primero en la Facultad de Derecho y luego en toda la UBA, hace más de quince años.

Aclaración
Ante las consultas recibidas, la UBA expresa que las opiniones académicas vertidas en la entrevista por el doctor Juan Antonio Seda son personales y no representan una definición institucional. El tema allí tratado se encuentra en un proceso de análisis y debate al interior de la universidad, al igual que sucede en nivel superior en muchas partes del mundo. La UBA reafirma su espíritu democrático, inclusivo y comprometido con los derechos humanos.