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Derecho humano universal

El 22 de noviembre se celebra en Argentina la gratuidad universitaria, hecho que cambió para siempre el destino de la educación superior en la Argentina. Hoy, el desafío es pensarla como un derecho humano universal.

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El 22 de noviembre de 1949, a través del Decreto Presidencial N° 29337, y tras un largo proceso, se logró la tan ansiada democratización  en el acceso a la educación superior en la Argentina. Si bien hoy parece ser un hecho casi natural, la gratuidad de los estudios universitarios fue una conquista que demandó años de lucha.

La Reforma Universitaria de 1918 se caracterizó por el anhelo de innovación y un espíritu democratizador que siguió por varias generaciones. En ese entonces ya se cuestionaba el carácter exclusivo de la educación superior, a la cual sólo tenían acceso las clases acomodadas.

Pablo Pineau, Doctor en Educación de la Universidad de Buenos Aires, y especialista en educación superior argentina y latinoamericana da cuenta del proceso y de los primeros intentos de transformación en este sentido: “Si bien la gratuidad universitaria es una demanda que empieza a plantearse ya en la Reforma del 18, recién se obtiene en 1949, durante el gobierno peronista. Hubo que llegar a otro modelo de Estado, a otro modelo político para que la gratuidad fuera una realidad”.

Alcance y contexto de la ley

Para entender la gratuidad universitaria hay que ponerla en contexto: “El hecho sucedió durante un gobierno peronista y la notable distribución de recursos que llevó a cabo. Se logra, por un lado, la masificación de la escuela secundaria y se ponen las bases para que realmente en las décadas siguientes, sobre todo en la década del 60, la universidad comience a masificarse”, explica.

El decreto firmado por el presidente Perón, en sus considerandos decía: “Que el engrandecimiento y auténtico progreso de un pueblo estriba en gran parte en el grado de cultura que alcance cada uno de los miembros que lo componen; que por ello debe ser primordial preocupación del Estado disponer de todos los medios a su alcance para cimentar las bases del saber, fomentando las ciencias, las artes y la técnica en todas sus manifestaciones”.

“El avance y el alcance de esta ley tuvo que ver con que fue nacional, no un decreto o un reglamento interno de la universidad que estableció la gratuidad. Esto le otorgó más legitimidad a la medida.  Buena parte del reformismo se opuso a la gratuidad, porque entendía que, supuestamente, violaba la autonomía universitaria. Esto es un tema aun hoy, cuando muchos confunden el concepto de autonomía con el de soberanía”, aclara el especialista.

Un golpe al elitismo universitario

A partir del establecimiento oficial en el país de la gratuidad, la matrícula universitaria aumentó exponencialmente.

Según datos del Ministerio de Educación de la Nación, en 1945, la matrícula era de 47.400 estudiantes; en 1950 de 80.445; en 1955 de 138.317, y así fue subiendo notoriamente hasta el año 1975 que ya contaba con una matrícula de 487.389 estudiantes, número que disminuyó drásticamente, tras el golpe de Estado del 76.

Claramente, uno de los grandes cambios que la gratuidad trajo a la universidad fue permitir o facilitar el acceso a ciertos grupos que antes no podían hacerlo. “En términos comparativos, la gratuidad fue un duro golpe al elitismo universitario –dice Pineau- lo cual no quiere decir ni que la universidad haya dejado de serlo totalmente, ni tampoco que no haya armado nuevos dispositivos; pero sin lugar a dudas, hay que ubicar a la gratuidad dentro de la serie de uno de los grandes hechos que avanzó hacia el proceso de democratización”.

La gratuidad, por años y aún hoy, sigue siendo tema de debate: “En las últimas décadas, empezó a pensar la gratuidad no simplemente como el no pago, que ya es bastante, sino a través de otras formas: cómo acompañar a los alumnos, o cómo pensar sistemas de abaratamiento de los estudios. Esto también trajo el problema de la supuesta devolución de lo enseñado, y fortaleció un elemento elitista para arancelar: si yo supuestamente pagué la universidad, tengo el derecho a hacer lo que quiera con lo que se me dio”. 

A estas posturas, Pineau agrega: “Hay, además, algo que había en el origen, sobre todo en el sistema de becas que se daban en otros lugares que es pensar que la obtención de una beca implica también la devolución de lo dado. En eso hay algo de pensar la gratuidad como una forma de devolución social al bien recibido”.

Educación universitaria como un derecho

En la Declaración Final de la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y El Caribe, realizada en 2008 en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, se establece que “La Educación Superior es un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado. Ésta es la convicción y la base para el papel estratégico que debe jugar en los procesos de desarrollo sustentable de los países de la región”.

La declaración fue de vital importancia para la educación en la región y sobre todo, de la educación universitaria. Se buscó pensar políticas que apuntaran al horizonte de una educación superior para todos y todas, teniendo como objetivo el logro de una mayor cobertura social, con calidad, equidad y compromiso de los pueblos.

A propósito de aquella conferencia, Pablo Pineau reflexiona: “En la actualidad, en el Siglo XXI, pensar la gratuidad universitaria es pensar el derecho a la educación superior. En momentos de fuerte mercantilización en que se concibe la educación superior como una mercancía a ser comprada y vendida, la idea planteada desde Cartagena y muy sostenida por muchas universidades públicas argentinas de que la educación superior es un derecho, implica su indudable gratuidad”.