LA FIRMA DE ESTE ACUERDO DE EMERGENCIA NO ANULA EL RECLAMO POR LA LEY

Firma de acuerdo del CIN con el Poder Ejecutivo Nacional

El acuerdo alcanzado entre el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las representaciones gremiales docentes y nodocentes y el Gobierno nacional, representa un alivio urgente y necesario ante la crítica situación presupuestaria y salarial que atraviesa el sistema público de educación superior.

El mismo dispone un incremento de la masa salarial del 24,33% para el sector docente y nodocente (distribuido en un 21,33% en junio y un 3% en octubre), que contempla el desfasaje de 2025 y la inflación acumulada a mayo de 2026; y la reinstauración de las paritarias con una periodicidad máxima de tres meses, el aumento del 20% en los gastos de funcionamiento y la asignación específica destinada para los hospitales universitarios, garantizando la continuidad de su invalorable aporte a la formación de nuevos profesionales y al sistema de salud en general.

​Este avance no hubiera sido posible sin la movilización y el compromiso inquebrantable de toda la comunidad universitaria. La Universidad de Buenos Aires agradece a docentes, nodocentes, estudiantes e investigadores, quienes con enorme vocación sostuvieron el reclamo en las calles y en las aulas. De igual manera, hace extensivo este reconocimiento a la sociedad en general, cuyo masivo y afectuoso respaldo histórico a la universidad pública fue el motor fundamental para destrabar este conflicto.

​Por otro lado, destaca el compromiso democrático de las y los diputados y senadores de la Nación al sancionar oportunamente la Ley de Financiamiento Universitario. En este sentido, y entendiendo que la recomposición debe ser integral, se les solicita nuevamente su acompañamiento en la discusión del Presupuesto 2027, con el objetivo de que la nueva ley de leyes contemple explícitamente la recuperación de los recursos perdidos por las universidades públicas durante todo el año 2024.

​Por último, la UBA manifiesta que el reclamo de fondo continúa vigente. La firma de este acuerdo de emergencia, no anula el reclamo estructural y continúa  en pie la solicitud, ante la Justicia, del cumplimiento de la ley sancionada por el Congreso, algo fundamental para el funcionamiento de la República.

La educación pública, la ciencia y la salud no son un gasto, sino la inversión más estratégica para el desarrollo y la soberanía de nuestra Nación.