UBA y sociedad
A 50 años del Golpe

CÓMO LA DICTADURA MILITAR INTERVINO LA UBA, PERSIGUIÓ DOCENTES Y ESTUDIANTES Y ATACÓ LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

viernes 20 de marzo de 2026

Tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la dictadura cívico militar intervino la Universidad de Buenos Aires, expulsó profesores, restringió el ingreso de estudiantes y persiguió la actividad política en sus facultades. El impacto del terrorismo de Estado en la comunidad universitaria y el camino hacia la recuperación democrática.

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El listado con los estudiantes y docentes desaparecidos

Cuando las Fuerzas Armadas rompieron el orden constitucional, el 24 de marzo de 1976, e instauraron la más sangrienta de las dictaduras en la historia argentina, la Universidad de Buenos Aires fue uno de sus principales objetivos en la persecución de estudiantes y docentes.

Se autodenominó “Proceso de Reorganización Nacional” y, precisamente, una de sus palabras se aplicó a la UBA al disponer su intervención un día después del Golpe, con la designación del capitán de navío, Edmundo Said. Los militares se propusieron “reorganizar” a la entidad educativa para “eliminar los factores ideológicos” de sus claustros.

Para eso, se redactó la famosa resolución 71-77/1976 que utilizó la dictadura con el fin de hacer una “depuración ideológica” de la UBA y se dispuso la separación de sus cargos a más de 150 investigadores y profesores. Luego se redactaron otras para ir adaptando el funcionamiento de la institución a los intereses de los militares.

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP, creada por el entonces presidente Raúl Alfonsín, concluyó en 1984 que, entre las víctimas de la dictadura en todo el país, el 21% eran estudiantes y el 5,7%, docentes.

En realidad, la UBA ya había sido objeto de persecución durante anteriores dictaduras, como ocurrió con la que presidió el general Juan Carlos Onganía en 1966 y que tuvo un violento hecho que pasó a la historia: la Noche de los Bastones Largos.

La Noche de los Bastones Largos, un triste antecedente de las dictaduras en la UBA.

El 29 de julio de ese año la policía desalojó con violencia a cinco facultades, especialmente la de Filosofía y Letras y de Ciencias Sociales, que habían sido ocupadas por estudiantes, profesores y graduados, como protesta por la intervención militar de las universidades y la anulación del cogobierno que había instaurado en esas casas de estudios el presidente radical Arturo Illia, derrocado un mes antes, el 28 de junio.

Fue un aviso de lo que estaban dispuestos a hacer los militares con las universidades. Cientos de profesores fueron despedidos y otros tantos tuvieron que irse del país.

Lo cierto es que la Junta Militar que asumió en 1976 (Jorge Rafael Videla/Emilio Eduardo Massera/Orlando Ramón Agosti) dio luz verde para avanzar sobre la UBA. Las primeras medidas afectaron a docentes y no docentes de las facultades de Ciencias Económicas, Odontología, Derecho y Ciencias Sociales.

Estaba claro que buscaban eliminar todo tipo de disidencias políticas y de perseguir a militantes. Por eso se prohibieron las actividades políticas y gremiales y se armaron listas que terminaron con la detención, desaparición y muerte de docentes, no docentes y alumnos. En otras palabras, se buscó eliminar la autonomía universitaria, algo que, para las bases del “Proceso”, era inadmisible.

En forma paralela, se decidió reducir drásticamente el número de ingresos en la UBA. De 40.825 estudiantes que accedieron a las distintas facultades de esta universidad en 1974, la cifra se acortó a 13.312 en 1977.

Además, se aplicó una política de arancelamiento que también dejó numerosos estudiantes sin poder acceder a esa educación pública. Y se incorporaron, además, exámenes de ingreso y reducción de cupos por carrera.

Se quebró así una tendencia vigente desde comienzos de los años cincuenta que había provocado que los estudiantes universitarios pasaran de 50.000 en 1947 a 500.000 en 1975. Sobre el fin del gobierno dictatorial, en 1983, el número de alumnos era el mismo que en 1975, con el agravante de que la proporción de quienes cursaban estudios en el sistema universitario privado había pasado del 10 % a al 20 % en el mismo período.

El plan de la dictadura fue claro: prohibir y reprimir las actividades políticas y gremiales dentro de las facultades e identificar a estudiantes y docentes que fueron detenidos o desaparecidos.

Las cifras disponibles sobre las víctimas de la represión en la UBA indican que se registraron 636 desapariciones (Rodríguez, 2015). Se conoce que hubo 130 desaparecidos vinculados a la Facultad de Arquitectura, 27 de la carrera de Psicología, 72 de la Facultad de Ciencias Económicas, 70 de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; 61 en Ingeniería y 127 en Filosofía y Letras. (Fuente: https://www.redalyc.org/journal/373/37360336010/html/#fn2)

Una política similar se aplicó en los colegios dependientes de la UBA, como el Nacional Buenos Aires, el Carlos Pellegrini y el Instituto Libre de Segunda Enseñanza, con la desaparición de adolescentes y docentes, que sufrieron la pérdida de 151 estudiantes. El Colegio Nacional de Buenos Aires sufrió la desaparición y muerte de 108 de sus estudiantes, la Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini” de otros/as 36 estudiantes, y el resto, cursaron sus estudios en el ILSE.

La censura y la quema de libros se instaló rápidamente. La Editorial Universitaria Argentina, dependiente de la UBA, fue uno de los objetivos de la dictadura de 1976, como había ocurrido 10 años antes.

EUDEBA fue intervenida y, al igual que la UBA, se puso a un capitán de navío al frente, Francisco Suárez Battán. Después, se puso en marcha una “depuración” de los libros de esa editorial que la dictadura consideraba peligrosos o subversivos para sus intereses.

La Guerra de Malvinas en 1982 y la derrota militar que golpeó duramente a las Fuerzas Armadas, y al gobierno de facto, permitió el inicio de un proceso de reapertura democrática que se comenzó a ver con claridad en las facultades de la UBA y en todo el país.

Con la vuelta a la democracia en diciembre de 1983, las universidades comenzaron una etapa de normalización no solo en los sistemas de estudios y en la incorporación de docentes, sino en las elecciones de los centros de estudiantes que recuperaron su pleno funcionamiento.

Además, el informe final de la CONADEP, conocido como el “Nunca Más” y su anexo, con los nombres de los desaparecidos y los campos de detención en la Argentina, fueron publicados por EUDEBA, en noviembre de 1984.

Así, la UBA volvía a su esencia, a su estructura fundamental, aquella que tuvo como base el Estatuto Universitario de 1918.